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Santa Elena: interviene la Nación en el conflicto del frigorífico

La Dirección Nacional de Fábricas Recuperadas, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, intervino en el conflicto del Frigorífico de Santa Elena, en el departamento La Paz. Lo hizo a instancias del reclamo de los trabajadores por la reapertura de la planta, que se encuentra paralizada desde diciembre de 2021.

El área está a cargo de Eduardo ‘Vasco’ Murúa, un dirigente sindical y funcionario del presidente Alberto Fernández con amplia experiencia en la recuperación de fábricas. Fue presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

En diálogo con Entre Ríos Ahora, Sergio Espinoza, trabajadores del frigorífico, contó que el encuentro con Murúa se llevó a cabo en una oficina en la zona de Palermo, Buenos Aires, y que allí hablaron sobre la posibilidad de que la planta sea recuperada y puesta en actividad por los trabajadores. Incluso hubo un primer contacto del funcionario con el cuestionado empresario Sergio Taselli, dueño de Santa Elena Alimentos, que tiene la propiedad del establecimiento de la localidad desde 2006, cuando se la compró al Banco de la Nación Argentina. Esa adquisición está cuestionada y hay una causa penal en la Justicia.

“El jueves pasado estuvimos reunidos con el Director Nacional de Empresas Recuperadas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Nos dio un panorama de cómo podemos seguir. Si bien es medio complicado por la parte privada, estamos viendo cómo se puede recuperar el frigorífico si él (por Taselli) no lo quiere trabajar. Murúa ofreció que, si el empresario no lo quiere trabajar, lo podamos tomar en comodato, o algo. Estamos en esa”, explicó.

Trabajadores del frigorífico de Santa Elena en el encuentro con Murúa.

Y agregó: “Hoy se iba a reunir con el empresario. Primero lo llamó y no lo atendía; después le dijo quién era y enseguida lo atendió. La posición que le dijo fue clara: si o si tiene que hacer trabajar el frigorífico porque es un monstruo parado acá y que lo tiene que reactivar para generar trabajo”.

“Estamos esperando respuesta de parte de Murúa. En tanto, sobre los trámites hechos acá, estamos esperando audiencia con el gobernador o el ministro de producción. Dejamos notas ahí y estamos esperando que nos contesten”, finalizó.

¿Quién es Eduardo Murúa?

El Director Nacional de Fabricas Recuperadas, Eduardo Murúa, es un referente en el país en lo que respecta a la toma por parte de trabajadores de establecimientos vaciados por empresarios. Durante el menemismo, encabezó luchas por enfrentar el cierre de las empresas y por la recuperación de las mismas para ponerlas en actividad con cooperativas.

El periodista Ricardo Carpena, de Infobae, recordó en una nota publicada en febrero de 2021 que el ‘Vasco’ participó de la experiencia de recuperación de IMPA (Industrias Metalúrgicas y Plásticas de Argentina), «que entró en convocatoria de acreedores en 1997, con una deuda de 8 millones de dólares y, ante el riesgo de que quebrara, sus 40 trabajadores tomaron las instalaciones y retomaron la producción». Luego fundó el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), espacio que hace dos décadas ayuda y asesora a trabajadores en circunstancias similares.

En 2001, en plena crisis económica y social, su movimiento elaboró un proyecto de ley para facilitar la expropiación de unidades productivas en crisis y su traspaso en comodato a los trabajadores para la autogestión. La misma nunca fue tratada por los legisladores, por lo que en febrero de 2019 fue nuevamente presentada en el Congreso.

Por su experiencia en este tema fue consultado al respecto por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ya fallecido; y ha mantenido dos encuentros con el Papa Francisco en los que le habló de su experiencia con la recuperación de fábricas.

Entre las últimas experiencias de fábricas recuperadas que acompañó Murúa se encuentra Farmacoop, anteriormente conocido como Roux-Ocefa. Se trata del primer laboratorio recuperado del mundo, con plantas en Villa Luro y Mataderos, en la provincia de Buenos Aires. Desde 2019 quedó en manos de una cooperativa formada por sus empleados. Allí, en alianza con el Conicet, la Universidad de La Plata y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), desarrollaron el primer test rápido que se produjo en la Argentina para detectar anticuerpos de COVID-19.

Taselli, con causas pendientes en la Justicia

El frigorífico pertenece a la firma Santa Elena Alimentos, del cuestionado empresario Sergio Taselli, quien tiene en su haber varias causas penales abiertas.

El empresario es conocido a nivel nacional porque su nombre apareció en diferentes procesos judiciales en los últimos años. Uno de ellos precisamente tiene que ver con la compra del establecimiento de Santa Elena.

En noviembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto su sobreseimiento en la causa por la compra del frigorífico entrerriano. La sentencia también alcanzó a la exministra de Economía Felisa Miceli, a quien se la investigaba por delitos contra la administración pública, durante su gestión al frente del Banco Nación entre 2003 y 2005.

Según la hipótesis de la acusación, Miceli y su pareja en ese momento, el exfuncionario Ricardo Velasco (fallecido), habrían recibido de parte de Taselli un pago indebido del 20% del monto de la operación, para definir el proceso administrativo de compra en favor de la empresa “Santa Elena Alimentos S.A.”.

Entre los imputados, además de Miceli, Velasco y Taselli, se encuentran: Juan C. Fabrega, Eduardo A. Barbier, Jorge C. Miralles, Alberto H. Vidal, Oscar P.E. Ferrari, Ricardo J. Lospinatto , Eduardo F. Caballero Lascale , Gabriela Ciganotto , Emilio F. García Escudero, Estela A. Palomeque y Marcelo Quevedo Carrillo.

Otra causa en Santa Fe

Recientemente también se conoció que está acusado de presunta evasión fiscal en una empresa harinera radicada en la provincia de Santa Fe.

Según informó el 3 de marzo el sitio Noticias Argentinas, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó una investigación contra el empresario.

Entonces, los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa también confirmaron la prescripción por otros hechos, que se remontan a principios de este siglo. En la causa se investiga una “presunta ocultación de su real producción de harina” de la empresa Molinos y Establecimientos Harineros Bruning SA “durante los períodos 2000 a 2003”.

El monto reclamado por presuntos impuestos no pagados supera los 8,7 millones de pesos, a valores de 2002 y 2003. A esa suma debe agregársele, según dispuso el tribunal, $2.345.061,57 correspondientes al impuesto a las Ganancias del año 2008.

El fallo ratifica el sobreseimiento de Taselli “por la presunta comisión del delito de Evasión Simple en relación al Impuesto al Valor Agregado por el período fiscal 2000 por la suma de $143.373,01, por el período fiscal 2001 por $118.707,34, y en cuanto al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta por el período fiscal 2009 por $701.283,23”.

El tribunal consideró que esa parte del reclamo está prescripta por aplicación del principio de la “ley penal más benigna”. Pero ordenó seguir investigándolo –y de hecho revocó su sobreseimiento- “en relación al Impuesto al Valor Agregado por el período fiscal 2002 por la suma de $2.395.764,35, período fiscal 2003 por $3.141.220,26, e Impuesto a las Ganancias período fiscal 2002 por $1.599.944,91 y período fiscal 2003 por $1.627.248,72”.

Las demandas a ATER y el municipio de Santa Elena

Como contó Entre Ríos Ahora, en enero de este año se supo que la empresa Santa Elena Alimentos SA reclama en la Justicia entrerriana que se dirima una discusión con la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) en cuanto al pago de impuestos del exfrigorífico de Santa Elena.

Entre otras causas, Santa Elena Alimentos SA enfrentó en 2018 una demanda por parte del municipio de Santa Elena, en el que se le reclamó el pago de dos boletas de deuda por tasa inmobiliaria y de comercio. La demanda fue iniciada por el abogado Guillermo Mulet, en la gestión de Silvio Moreyra; y continuada por Carlos Reggiardo, actual representante legal de la gestión de Domingo Daniel Rossi.

El 18 de octubre de 2018, la Justicia paceña condenó a la firma al pago de $3.690.753,94, más intereses legales y costas. Esa decisión fue apelada por la firma y fue confirmada por otro Tribunal en 2021.

 

Gonzalo Núñez

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.

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