Causas chocolate y contratos: “Es un mecanismo de sustracción de dinero”, dijo Goyeneche

La procuradora Adjunta destituida el año pasado, Cecilia Goyeneche, dio una entrevista al programa Y ahora quién podrá ayudarnos (Radio con Vos), que conduce el periodista Ernesto Tenembaum. Fue consultada por el “caso chocolate” de la Legislatura bonaerense, recordó qué se investigó en la causa contratos de Entre Ríos qué, finalmente, tuvo como consecuencia su destitución.

El caso chocolate “es calcado (NdR: a la causa contratos de la Legislatura en Entre Ríos). Acá un agente de Policía que estaba en un cajero observó que una persona ordeñaba el cajero. Intervino el Policía y llamó al jefe de Delitos Económicos, lo siguió a la casa, se pidió el allanamiento y encontraron prueba sobre un mecanismo de sustracción de dinero, de robo a través de la simulación de contratos de servicios. Muchas de esas personas contratadas no estaban enteradas de los contratos, o creían que tenían un subsidio. A veces les daban un porcentaje del contrato y el resto del dinero lo llevaba un grupo. Observamos que venían haciéndolo desde enero de 2008. Esto se descubrió en septiembre de 2018. Cuando pedimos información, la Legislatura nos retaceó. Con el avance de la investigación se llegó a una cuenta probablemente incompleta, que se habían robado unos 53 millones de dólares”, recordó.

Goyeneche contó que después de cerrar la Investigación Penal Preparatoria (IPP) en la provincia sobre el desfalco a la Legislatura a través de contrataciones apócrifas, “al mes pidieron juicio político al procurador (Jorge García) como apriete”. “En 2021 se mandó la causa a juicio y después me pidieron el jury a mí. Me pidieron el jury cuando había comenzado a desarrollarse el juicio al exgobernador Sergio Urribarri que posteriormente fue condenado. Estando iniciado el debate me suspendieron y luego me destituyeron”, sintetizó la exprocuradora Adjunta.

Agregó que cuando encontraron la información sobre contrataciones, aparecieron “listados de personas que no eran empleados de la Legislatura sino del Senado de la Nación, a través de los exsenadores Pedro Guastavino y Sigrid Kunath”. “Pedimos a la Legislatura de la provincia que nos mande su lista de contratados para cotejar los datos y se ofendieron, y rechazaron darnos la información. En Diputados rechazaron todos, con la disidencia de una legisladora del Pro, todo el resto se negó”.

“Esto es expresivo, hay diferentes niveles de responsabilidad. Los niveles de responsabilidad estaban en los diversos grupos, no en un grupo de la oposición sino del gobierno. Lo que ocurre es que se trata de un sistema perverso, un proceso. Muchos de los nuevos legisladores que entran, les dan contratos para nombrar gente, y como siempre tienen alguna cosa como para sentir temor de ser puestos en cuestionamientos, se negaron a darnos información”, consideró.

En referencia a la decisión de la Cámara de La Plata, que frenó la investigación de los contratos en la Legislatura bonaerense, Goyeneche sostuvo: “Lo que hizo la Cámara de La Plata es un escándalo jurídico, es irregular. Imagínese que la Cámara de La Plata interviene a la velocidad del rayo a través de un Habeas Corpus, que es algo específico destinado a resguardar la libertad como bien supremo, lo único que se discute es si la persona está bien o mal detenida. Pero usaron eso de excusa y se colaron en la investigación de la causa en la que no tenían ni arte ni parte, sustrajeron la causa y dijeron que es inválida la investigación por presunto fraude a través de las tarjetas de crédito y débito. Esto indigna además del robo, se trata de un encubrimiento”.

“Trabajé en 16 años en Justicia. En Entre Ríos no es la primera vez que se descubre cómo se usa la Legislatura para robar. Hasta el ‘99, con Héctor Alanis, se descubrió cómo sacaban dinero a través de cheques, se condenó a un exvicegobernador de PJ y al expresidente primero del radicalismo por eso. Pero el mecanismo que se perfeccionó”, resumió.

“Creo que eso no se modificó”, valoró sobre el vínculo entre la política y la Justicia. “En nuestra provincia vi cómo el sistema de designación de jueces y fiscales con concursos, mejoraron la relación y la política tiene una fuerte influencia”, apuntó.

Por último, Goyeneche manifestó que tuvo consecuencias personales por investigar los contratos apócrifos de la Legislatura en Entre Ríos y detalló que el mecanismo para correrla de sus funciones fue irregular. “Me hicieron un jury dos años después que empezó la causa de los contratos. Cuando lo empezaron decidieron que no les resultaba adecuado que actuara como mi acusador un fiscal o el procurador, como dice la ley. Pensaron que como pertenecía a ese estamento, debían correr a los fiscales. Lo decidieron ellos, me sometieron a un jury con la acusación de un militante político de Gualeguay, después que 15 abogados (conjueces) se negaran. Una de las juezas del Jurado de Enjuiciamiento fue designada como vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) durante mi proceso de jury, y es la pareja del presidente de la Cámara de Diputados de la provincia (NdR: referencia a Gisela Schumacher y Ángel Giano). Otro de los jueces es el papá de un exministro de Urribarri (NdR: jubilado Juan Ramón Smaldone, padre de Guillermo Smaldone). Lo último es que me destituyeron por una causal inexistente, porque no me excusé de actuar en la investigación, cuando la normativa no me permitía excusarme”, cerró.

Análisis.