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Un presunto desvío de $100 millones en la delegación de Comedores de Concordia, detectado entre marzo y abril de este año, ha desatado una investigación compleja que involucra a la Justicia, el Ministerio de Desarrollo Humano y el Tribunal de Cuentas. La principal implicada es la exresponsable del área, Silvina Murúa, quien fue desplazada de su cargo.
En una entrevista con Radio Plaza, el director de Sumarios de la Provincia, Juan Alberto de Torres, explicó que la investigación en curso, denominada «información sumaria», busca determinar las responsabilidades administrativas y patrimoniales de los funcionarios y empleados de la delegación. «Tenemos más de tres mil fojas de documental en el expediente. Es voluminosa», detalló De Torres, señalando la complejidad del caso.
Una auditoría «al azar» que destapó la maniobra
La investigación se originó tras una auditoría «al azar» realizada en 37 escuelas de Concordia, que se dispuso sin el conocimiento de la entonces delegada departamental, Silvina Murúa. El director de Comedores, Lautaro Azzalini, explicó en declaraciones a Entre Ríos Ahora que la decisión de profundizar la fiscalización se tomó tras notar que el trabajo en la delegación «venía medio flojo».
«Se hizo un barrido profundo (…) y es donde detectamos ese desfase entre lo consumido realmente y lo entregado», afirmó Azzalini, confirmando un desfase entre lo facturado y lo que realmente se entregó a los establecimientos educativos para la alimentación de los alumnos.
Doble investigación y posible responsabilidad penal
Aunque Silvina Murúa fue cesanteada de su cargo, su apartamiento no agota la potestad sancionatoria del Estado, ya que la funcionaria posee otro cargo docente. La Unidad Fiscal de Concordia ya inició una investigación de oficio para determinar si existen responsabilidades penales.
De Torres aclaró que la Dirección de Sumarios investiga la parte administrativa y se coordina permanentemente con el Ministerio Público Fiscal y el Tribunal de Cuentas. A pesar de la complejidad del caso, el funcionario proyecta que la investigación administrativa podría resolverse en el transcurso del año, aunque no se descarta la responsabilidad de terceros, como los proveedores.
La pesquisa busca cotejar la facturación, los remitos de compra y otros documentos de las 37 escuelas en el período de marzo y abril para confirmar el desvío de fondos. La causa promete ser un hito en la lucha contra la corrupción en la provincia, con un expediente que crece día a día con nuevas pruebas.
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