Propuesta de Ley en Entre Ríos: Exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos

Diputados provinciales de Entre Ríos presentaron un proyecto de ley que busca establecer la obligatoriedad de realizar exámenes toxicológicos periódicos y aleatorios a todos los funcionarios de los tres poderes del Estado provincial (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), comenzando por el Poder Legislativo.

La iniciativa, impulsada por los diputados Carlos Damasco (La Libertad Entre Ríos), Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) y Mauro Godein (Alianza Juntos por Entre Ríos), tiene como objetivo principal «asegurar que quienes ejercen la función pública lo hagan con plenas facultades, libres de los efectos de sustancias psicotrópicas ilegales», promoviendo así la transparencia y la idoneidad.

Puntos del Proyecto de Ley

 

La propuesta legislativa establece lo siguiente:

Obligatoriedad Inicial: Los primeros sujetos obligados a realizarse estos controles de «detección de consumo de sustancias psicoactivas ilegales» son los legisladores provinciales y funcionarios del Poder Legislativo (Artículo 3º).

Alcance Amplio: La ley busca extenderse a los Poderes Ejecutivo y Judicial. Además, se invita a adherir a las Fuerzas de Seguridad, municipios y comunas.

Frecuencia y Modalidad: Los exámenes tendrán vigencia anual y se realizarán mediante un «mecanismo periódico de control, aleatorio, inmediato y no anunciado», buscando prevenir el consumo en los ámbitos de gobierno.

Objetivo No Punitivo: Los autores destacaron que el proyecto no busca sancionar de manera punitiva, sino «promover la transparencia, la responsabilidad institucional y el compromiso» con una gestión libre de condicionamientos por adicciones.

Manejo de Resultados Positivos: Se prevé un proceso de confirmación del resultado positivo y la posterior adopción de medidas administrativas o disciplinarias que correspondan, junto con el acompañamiento del Estado para tratar la adicción.

Comisión Evaluadora: Se creará una Comisión Evaluadora para la aplicación de las pruebas, integrada por un representante de cada poder del Estado, con el fin de asegurar la independencia y objetividad.

Los legisladores enfatizan que la medida responde a una «demanda creciente» de la sociedad entrerriana de que los servidores públicos actúen con «plena aptitud física y psíquica», constituyendo la ejemplaridad una «exigencia ética y democrática de primer orden»

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