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Alerta en la Justicia Federal de Entre Ríos por la suerte del juez Alonso

Tras tumbar las medidas precautelares que tomó y que demoraron la integración de legisladores opositores en el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema ordenó abrir un proceso contra el juez Federal Daniel Alonso, cuestionándolo por su mal desempeño en el caso • En los pasillos de los Tribunales federales de Paraná hay sorpresa por las decisiones que tomó el magistrado y alerta por su posible remoción

En el fuero federal local hubo sorpresa la semana pasada luego de que el Magistrado decidiera dictar una medida precautelar sobre un caso de gravedad institucional notoria como el amparo presentado por el diputado nacional Marcelo Casaretto. Con esta definición, Alonso ordenó transitoriamente a las Cámaras que no designaran nuevos representantes en el Consejo de la Magistratura.

El legislador oficialista pretendió forzar a través de un fallo judicial una salida a través del Congreso de la Nación al conflicto en puertas sobre la conformación del Consejo de la Magistratura, evitando que la Corte, en aplicación de un fallo dictado por mayoría en diciembre pasado, rehabilitara una ley que había sido derogada y se pusiera al frente del organismo con su composición ampliada de 13 a 20 miembros.

Habitualmente, antes de avanzar sobre un caso de esta naturaleza, los jueces solicitan un dictamen de competencia al Ministerio Público Fiscal. Esta vez no ocurrió.

Pero lo que más fuertemente llamó la atención de quienes recorren los pasillos de los Tribunales Federales fue que Alonso no rechazó in limine la presentación, como entienden debió haber hecho, por ausencia de jurisdicción, falta de legitimación de Casaretto, carencia de análisis sobre la excepcionalidad de la vía elegida por el legislador (un amparo) y por haber considerado verosímil el criterio de la presentación cuando iba a contramano de una decisión de la Corte Suprema, basada en la autoridad de “cosa juzgada”.

Si se quería revertir el estado de “cosa juzgada”, el amparo no era la vía señalaron. Hubiera tenido que iniciarse una acción de revisión de cosa juzgada. Pero Casaretto no eligió ese camino. En el fuero federal lo que no comprenden es porqué Alonso le dio trámite.

Ese fue un yerro “grosero”, se comentaba. En el análisis, sugirieron que a diferencia de lo ocurrido en la otra causa de alta exposición mediática, la investigación sobre los contratos de la Legislatura provincial, en esta oportunidad el magistrado no tenía la media biblioteca a su favor.

En aquel caso, Alonso planteó un conflicto de competencia porque entendió el presunto desvío de fondos sirvió para financiar de manera espuria la actividad política, lo que constituiría una infracción a la legislación electoral federal. Es una lectura factible, entendieron en la Justicia Federal, al igual que la interpretación que hace la jueza provincial Marina Barbagelata que mantuvo su competencia haciendo que el entredicho llegue a la Corte.

Pero la situación en este caso es diferente, remarcaron.

Extraño en un magistrado con tantos años en la Justicia y que llegó incluso a ocupar transitoriamente lugares como camarista. “Es un tipo inteligente. Es inentendible”, fue la observación final.

Dos conclusiones disímiles se extraen de las consultas a quienes caminan por los Juzgados Federales. Por un lado están quienes estiman que la decisión de la Corte de iniciarle un proceso que podría acarrearle la destitución es una actuación de firmeza y que la sangre no llegará al río y por el otro los que consideran que Horacio Rosatti, ahora cabeza del Consejo de la Magistratura, no dejará pasar esta falta (APFDigital)

 

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