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Bordet: Atribuyó a un «error» y desmintió que firmara el documento que Alberto Fernández enviará al Congreso

El Gobierno incluyó su nombre en el documento oficial que enviará al Congreso, pero por la tarde, Bordet, a través de sus voceros, salió a desmentir su acompañamiento y atribuyó a un “error” que se hubiera sumado su firma. En la Casa Rosada, sin embargo, seguían sosteniendo que el gobernador sí había dado su apoyo, de palabra, al jefe de Estado.

Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, apareció mencionado en el documento difundo por la Casa Rosada. Pero Bordet, no acompañará el pedido de juicio político que la Casa Rosada y casi una docena de sus colegas del PJ tienen previsto presentar en las próximas horas en el Congreso contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y los otros tres miembros del tribunal.

«No firmó el comunicado ni va a acompañar la petición contra los miembros de la Corte», aseguraron a  oficialmente desde Entre Ríos.

A pesar de que sólo reunió el apoyo de 11 gobernadores, Alberto Fernández sigue negociando voluntades para avanzar en comisión con la acusación contra los cortesanos por “mal desempeño de sus funciones” en el marco del conflicto con la Ciudad por la coparticipación

Quienes sí firmaron fueron los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raul Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Durante el encuentro, los caciques más activos fueron Kicillof, el principal perjudicado por el fallo de la Corte; y Capitanich, uno de los alfiles de Cristina Kirchner en el interior; y Zamora, quien recibió la semana pasada a Alberto Fernández y después brindó un efusivo discurso contra la Corte y en “defensa del federalismo”. Por la tarde, Quintela, uno de los gobernadores más cercanos al primer mandatario, adelantó, en diálogo con la señal C5N, que el santiagueño propuso presentar una denuncia penal, y aseguró que planea acompañarla.

“Tenemos todas las expectativas positivas para iniciar el juicio político. No sólo por la intromisión en los poderes del Estado y atacar el federalismo, sino también con respecto a la vinculación de Robles y D’Alessandro”, dijo, en referencia a las conversaciones entre el vocero de Rosatti y el ministro de Larreta. “Si fuera cierto lo que está planteando D’Alesandro no habría problema en entregar su teléfono”, agregó.

Cada voto en el Congreso cuenta, y la posición de Bordet resulta central para el Gobierno: la titular de la Comisión de Juicio Político, encargada de tratar el pedido contra la Corte, es la diputada entrerriana Ana Carolina Gaillard, que en principio, a pesar de la negativa del gobernador, estaría dispuesta a respaldar la medida.

El pedido de juicio político a la Corte fue anunciado el primer día del año, por la mañana. El Gobierno busca poner sobre las cuerdas al máximo tribunal a partir del fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables, que la Casa Rosada considera tiene un trasfondo “político” y argumenta, además, que es “incumplible”.

Uno de los argumentos principales que presenta son los supuestos chats entre el vocero del presidente de la Corte, Rosatti, y el ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, uno de los funcionarios de mayor confianza del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que se vio favorecido por la sentencia por los fondos de la policía.

Sin embargo, en el Gobierno no todo es optimismo. Desde que definieron avanzar con el juicio político, cuentan los votos finos del oficialismo para avanzar en comisión -necesitan una mayoría simple, de 16 sobre los 31 miembros-, y luego, en el recinto, donde el panorama se presenta más complejo -porque depende de una mayoría de 2/3 partes de los miembros de presentes-.

Según el artículo 53 de la Costitución, “ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes”.

Por lo pronto, más allá de si consigue que el pedido llegue al recinto, el tratamiento en comisión podría generar un escenario político caliente, que ya está montado. Los diputados oficialistas podrían llamar a declarar a los miembros de la Corte Suprema, que se verían obligados a desfilar por los pasillos del Congreso en la antesala de la campaña electoral, donde la prioridad del Presidente es dejar en evidencia, en consonancia con la vicepresidenta Cristina Kirchner, es dejar en evidencia la supuesta connivencia política entre un sector de la Justicia y la oposición.

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