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Caso Goyeneche: el gran golpe

En este momento en la provincia de Entre Ríos estamos sufriendo un golpe institucional, un ataque al estado de Derecho y al orden republicano y democrático.

La Constitución está siendo demolida por el poder político en consonancia con integrantes del Poder Judicial, es decir que este ataque también viene desde adentro de la Justicia. La maniobra es clara y lo que se busca es ni más ni menos que impunidad para el poder político.

Cecilia Goyeneche fue la persona que, gracias a su capacidad y eficiencia, desarticuló el mecanismo de corrupción más importante de la historia de la provincia de Entre Ríos en la causa que se denominó «contratos truchos». También lo hizo en otras causas como en la que fuera condenado recientemente Urribarri. Pero en esta causa Contratos, resulta que fueron investigados e imputados políticos de todos los partidos, puesto que lo que se desarticuló fue una maniobra ejecutada durante más de 10 años por funcionarios de distintos signos partidarios.

Casualmente quienes denuncian a Goyeneche son defensores de algunos de esos imputados, de hecho, uno de ellos tenía su estudio jurídico al lado de uno de los estudios contables allanados en la causa contratos, y como si fuera poco, fue quien abrió la puerta a la policía para que realizaran un allanamiento en dichas instalaciones.

Ahora bien, la maniobra del Jury resulta una herramienta utilizada para perseguir a la Fiscal Anticorrupción, la cual es a todas luces un acto manchado de ilegalidad, no solamente por los «motivos» que fundamentan la apertura del mismo, los cuales no alcanzan siquiera para recusar a Cecilia Goyeneche, sino también por los actos manifiestamente ilegales cometidos por los magistrados que decidieron su apertura.

En primer término, el apartamiento del Ministerio Fiscal como órgano acusador en el Jury, lo cual representa el sepultamiento de la Constitución, ya que estamos hablando de un incumplimiento flagrante de la manda legal; en segundo lugar, podemos mencionar que uno de los votos para abrir el Jury fue emitido por la Vocal del Superior Tribunal Claudia Mizawak, quien fuera abogada del ex gobernador Sergio Urribari, y habiéndose excusado en todas las causas en las que estaba involucrada el ex gobernador, en este caso decidió cambiar de postura y votar la apertura de un juicio a la fiscal que había investigado a su ex cliente. No podemos dejar de mencionar el nombramiento de un «fiscal ad-hoc» en lo que lisa y llanamente podemos denominar una «comisión especial», así es… a este golpe no le falta nada.

Por otro lado, la integración del jurado de enjuiciamiento con jueces que no podrían intervenir por haber tomado parte del mismo proceso en el que están llamados a sentenciar, lo cual también constituye una violación a la ley. En este caso en la Causa Contratos (la cual motivó el inicio del Jury), en un ESCANDALOSO fallo, de aquel 24 de diciembre, 3 miembros del Superior Tribunal de Justicia, entre ellos el Vocal Carubia liberaron al cuñado de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera, motivo por el cual, no podían conformar el jurado que está juzgando a la Procuradora Adjunta.

Otra de las irregularidades es la conformación del Tribunal con el vocal Smaldone, cuyo hijo fue investigado e imputado por Goyeneche y recientemente requerido a juicio.

Como si esto fuera poco debemos agregar que otra de las integrantes del jurado es la pareja del actual presidente de la cámara de Diputados, quien pertenece al mismo partido político que el Urribarri y de tantos imputados en la causa «Contratos».

Para redondear este ataque a la independencia del Ministerio Público Fiscal e impedir que se investiguen actos de corrupción, se han dictado fallos judiciales que acortan los tiempos de investigación, impidiendo a los fiscales ejercer legalmente su función. A su vez, el gobernador, entre gallos y media noche envió un proyecto proponiendo la creación de una Fiscalía Anticorrupción, a la medida de las necesidades del poder de político de turno.

La maniobra es clara, lograr la destitución del Procurador y la Procuradora Adjunta y de esta forma disciplinar a los funcionarios para que nadie tenga la osadía de investigar corrupción.

Como si esto fuese poco, estos actos se cometen en la oscuridad y en silencio para que la ciudadanía no se noticie del golpe, y de forma sigilosa lograr el cometido de conseguir impunidad.

Por último, no puedo dejar de mencionar el elemento que debe estar presente en todo golpe, en todo acto de violación de normas supralegales, en toda actividad lesiva del orden institucional está presente la indiferencia de los pueblos. En algún punto tiene que ver la capacidad de quienes buscan impunidad de utilizar los medios de comunicación (siempre con fondos públicos), mediante pautas o beneficios, para que éstos realicen las maniobras de ataques y desprestigio a los investigadores o simplemente actúen sin objetividad.

Pero también debemos ser conscientes de la falta de compromiso que tenemos como argentinos, lo cual tracciona siempre a favor de la impunidad y de la injusticia… esperemos que esta vez despertemos a tiempo.

 

 

(*) Francisco Azcué es fiscal auxiliar en la Unidad Fiscal de Concordia. Antes de ingresar a la Justicia.

El Cronista. 

 

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