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Este lunes se retoman los alegatos en el juicio de Vialidad

Las defensas de los 13 imputados empiezan a exponer sus argumentos. No se reforzó el operativo de seguridad.

Este lunes desde las 8.30 se reanudan los alegatos en el juicio por la presunta corrupción en la obra pública. Después del pedido de condena a doce años de prisión para Cristina Kirchner por parte del Ministerio Público Fiscal, las defensas tendrán por delante tres audiencias cada una para exponer sus argumentos en base a los cuales desecharán las acusaciones formuladas en el expediente que tiene como principal imputada la vice.

Pasaron cuatro días desde que Fernando Sabag Montiel gatilló dos veces la Bersa calibre 32, a pocos centímetros de la cabeza de Cristina Kirchner.

Todo ocurrió ante los ojos de la custodia de la vice que nunca la retiró de la escena. En medio del avance del expediente judicial por el ataque, en Comodoro Py se reanuda el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública vial a favor de Lázaro Báez.

La audiencia a cargo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, se reanudará a partir de las 8.30.

Está previsto que el abogado Mariano Fraguerio Frías utilice en este caso, una sola audiencia para su exposición. Es el defensor de Héctor Garro, ex titular de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) en suelo santacruceño a finales de 2005 y marzo de 2006.

Con la continuidad del juicio, pese a que el senador kirchnerista José Mayans pidió suspender el juicio oral y público en nombre de la «paz social», se espera que después del 20 de septiembre sea el turno de Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, para formular su alegato.

Ante la consulta de Clarín, fuentes judiciales señalaron que no hubo ningún refuerzo ni modificación del dispositivo de seguridad vinculado al debate oral. Los alegatos, además, se realizan de manera virtual para las partes y sólo los magistrados se encuentran en la sala de audiencias.

Este expediente conocido como “Vialidad” se inició con la denuncia de Javier Iguacel, entonces director de Vialidad Nacional durante el gobierno macrista.

Acusó a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Báez, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Raúl Santibañez y a Abel Fatala, de haber “diseñado una estructura en la provincia de Santa Cruz para el manejo fraudulento de fondos del Estado en favor de las empresas de Lázaro Báez, las que resultaran adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en dicha provincia durante los últimos 12 años”.

La estructura bajo investigación se construye en base a tres delitos: la asociación ilícita integrada por cinco de los imputados, la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública que nuclea a los trece imputados con distinto nivel de responsabilidad, y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, que no incluye a Lázaro Báez que era el empresario privado.

Al analizar el rol de cada uno de los imputados, el fiscal Diego Luciani señaló que “Todos los miembros de la organización criminal decidieron mantener en sus respectivos cargos durante doce años, para que el mecanismo defraudatorio continúe funcionando” y que esto contó “con el aporte indispensable de Lázaro Báez que se presentó sistemáticamente a las obras que le terminaron asignando”.

Para la fiscalía se «constituyó una asociación ilícita que perduró en el tiempo para sustraer fondos públicos, crearon una organización criminal dedicada a la comisión de delitos”. Los mismo responden al «apoderamiento ilegítimo y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz».

La administración fraudulenta, que se agrava al ser en perjuicio del Estado teniendo en cuenta las partidas presupuestarias otorgadas al Grupo Báez, “bajo un acuerdo espurio, permitiendo sobreprecios, licitaciones amañadas, obras inconclusas, un flujo constante de fondos de forma ilegal”, se le atribuye a los trece imputados.

La estructura muestra cómo sin el dueño de Austral Construcciones la maniobra no se podría haber concretado: era indispensable contar con una empresa que sea la adjudicataria de las 51 licitaciones por $ 46.000 millones. La compañía se puso en marcha en mayo de 2003 y dejó de funcionar en diciembre de 2015, con la salida de Cristina Kirchner de la Casa Rosada.

En la cabeza de la asociación ilícita, indicó el fiscal Luciani, se encontraba Cristina Kirchner “en su carácter de presidente de la Nación, entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015”.

En su pedido de condena dijo que la vice «fue quien decidió todo, intervino y permitió que siempre se beneficiara a Báez con quien mantenía múltiples negocios comerciales”.

Otra etapa

Por eso el caso no se reduce a las maniobras «irregulares y fraudulentas vinculadas a la obra pública», explicó Luciani, sino que hubo una etapa final de «reciclaje de esos fondos ilegales que se movieron en una estructura de reciclaje que tuvo como beneficiaria final a Cristina Fernández».

En este punto hizo referencia a los negocios a través de los hoteles y la inmobiliaria Los Sauces, investigadas por presuntas maniobras de blanqueo y en las que intervino Lázaro Báez y su holding que en simultáneo, recibía fondos de la obra pública vial.

Estos casos conocidos como Hotesur y Los Sauces, donde se investigó una ruta de fondos ilegales por más de 130 millones de pesos, se encuentra bajo análisis en la Cámara de Casación después del sobreseimiento sin realización del juicio oral.

Infobae

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