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El Gobierno nacional avanzó con una nueva actualización en los impuestos a los combustibles líquidos, una decisión que venía siendo postergada desde comienzos de 2024 y que tendrá un impacto directo en los surtidores a partir del próximo mes. A través del Decreto 617/2025, publicado en el Boletín Oficial (ver al pie de la nota), la administración del presidente Javier Milei dispuso un cronograma de aplicación escalonada de los aumentos pendientes en el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono.
En concreto, desde el 1° de septiembre y hasta el 30 del mismo mes, los montos de los impuestos se incrementarán parcialmente. Para las naftas, el ajuste será de $10,523 por litro en concepto de ICL y de $0,645 por IDC. En el caso del gasoil, el aumento será de $8,577 por litro en el ICL, $4,644 en el tratamiento diferencial para la Patagonia y Malargüe, y $0,978 por IDC. A partir del 1° de octubre se sumará el resto de la actualización pendiente, con lo cual se aplicarán en forma plena los montos derivados de la inflación acumulada de 2024 y del primer semestre de 2025.
La norma deroga al Decreto 466/2024, que había dispuesto la postergación sistemática de estos incrementos con el objetivo de evitar un mayor traslado a precios en un contexto de alta inflación y caída del poder adquisitivo. Durante más de un año, mediante sucesivas resoluciones, el Gobierno había decidido diferir la entrada en vigencia de la suba de los impuestos, lo que significó un alivio relativo para los automovilistas pero un costo fiscal creciente para el Estado.
Con el nuevo esquema, el Poder Ejecutivo busca retomar el sendero de recaudación previsto por la Ley 23.966, que establece la actualización trimestral de estos tributos en función del Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC. Desde enero de 2018, el cálculo se realiza en base a la inflación acumulada, lo que en un país con persistente suba de precios genera saltos significativos cuando los ajustes se postergan y acumulan.
El Decreto lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo. En sus considerandos, argumenta que la decisión de escalar los aumentos responde a la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, al tiempo que se busca dar previsibilidad a las empresas y consumidores sobre la evolución de los precios.
