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Con una solicitada gobernadores del FdT ratificaron su postura «El Federalismo no se negocia»

Tensión por la Coparticipación: no hubo acuerdo entre Nación y CABA y la Corte Suprema tendrá que definir el conflicto. Hubo una última reunión esta mañana en Casa Rosada, antes de que expire el plazo para negociar sobre los fondos destinados al traspaso de la Policía Federal al ámbito porteño, pero no hubo avances.

El gobierno de Alberto Fernández, en tanto, se apoya en los gobernadores del resto de las provincias para ratificar su postura. Ya los había convocado el 30 de marzo para emitir una dura declaración contra las pretensiones del distrito que orienta Horacio Rodríguez Larreta y esta mañana temprano se conoció una solicitada firmada por 17 mandatarios provinciales en la que establecieron su posición ante el conflicto.

Además del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, firmaron también los mandatarios de Catamarca, San Luis, Santiago del Estero, San Juan, Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Rioja, Tucumán, Chubut, Chaco, Formosa, Salta, Entre Ríos, La Pampa, Misiones y Santa Fe. No suscribieron la solicitada ni participaron de las negociaciones los gobernadores de Juntos por el Cambio (los radicales Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gustavo Valdés), el cordobés Juan SchiarettiOmar Gutiérrez (Neuquén) y Arabela Carreras (Río Negro).

Los mandatarios provinciales solicitaron además ser aceptados como “amicus curiae” del máximo tribunal.

La solicitada que firmaron los gobernadores para respaldar a la Nación en su disputa con el gobierno porteño

• La solicitada completa:

EL FEDERALISMO NO SE NEGOCIA

Los gobernadores y las gobernadoras de las provincias argentinas manifestamos nuestra profunda preocupación por la injerencia indebida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la intervención respecto de la medida cautelar y la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Estado Nacional con el objeto de lograr la restitución en el monto de liquidación de recursos que no le corresponden.

Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes.

No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia.

Las provincias son preexistentes a la Nación y nuestra constitución se funda en pactos preexistentes.

Cuando se sanciona la ley 23548 de coparticipación federal de impuestos que promueve la distribución primaria y secundaria de los recursos coparticipables, existía la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que era financiada completamente con recursos pertenecientes al estado nacional.

Después de la reforma de constitucional de 1994, y en virtud del decreto 705/2003 se aplica un coeficiente equivalente al 1,4% del monto total recaudado en el artículo 2°de la ley 23548 y modificatorias que fue modificado de una manera injusta e injustificada por el decreto 194/2016 elevando el coeficiente al 3,75%.

Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 M de pesos y padecemos la concentración del 28% del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA.

Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan.

Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone.

Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo.

Queremos que de un modo inmediato la CSJ nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos.

Nosotros vamos a defender a nuestras provincias.

Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos.

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