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Crece la feroz pelea entre Axel Kicillof y los Moyano por el paro en los peajes

Facundo Moyano comparó al gobernador con la dictadura por el pedido para quitar la personería al sindicato. «Ni Macri se animó a tanto», afirmó. Fuerte repudio de la CGT y de los gremios del transporte al gobierno bonaerense.

El pronunciamiento de la confederación que agrupa a los principales gremios del transporte (camioneros, ferroviarios, marítimos, aeronavegantes, dragado, entre otros) respaldó así la decisión del SUTPA, que ratificó este jueves la continuidad del paro por tiempo indeterminado que mantiene en los peajes de las autopistas bonaerenses desde la madrugada del 1° de enero pese al pedido de quite de la personería y las multas realizado por Aubasa ante el incumplimiento de la conciliación obligatoria.

«Ni Macri se animó a tanto»

«Ni siquiera en el peor momento de enfrentamiento con el gobierno de (Mauricio) Macri habían hecho un pedido de quita de personería gremial, como hace Kicillof. Ni Macri se animó a tanto«, acusó Facundo Moyano en declaraciones radiales.

Y comparó la postura del gobernador en el conflicto con la última dictadura militar: «La dictadura militar quitaba personería, intervenía la CGT».

Tras denunciar que la conducción de Aubasa pretende que «el sindicato desaparezca», el hijo de Hugo Moyano y ex diputado nacional por el massista Frente Renovador insistió en sus críticas a Kicillof y lo acusó de no ser peronista sino «de izquierda».

«Obviamente es de a izquierda, que siempre agarra plata del Estado y la usa en cualquier cosa y después tiene reacciones como la de ayer», acusó.

Pérdidas millonarias

En el marco de una nueva audiencia con la intervención del Ministerio de Trabajo nacional, la conducción de Aubasa, encabezada por Ricardo Lissalde, pidió formalmente este jueves el retiro de la personería gremial del SUTPA y la imposición de multas por no acatar la conciliación obligatoria dispuesta el lunes por las autoridades laborales.

La empresa denunció que el gremio mantiene levantadas las barreras de los peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata y de las autovías hacia la Costa Atlántica, situación que -según sus estimaciones- provoca pérdidas de alrededor de $ 60 millones por día al estado provincial.

Sin embargo, durante la audiencia, la secretaria general del SUTPA, cercana a Facundo Moyano, María Florencia Cabañate, denunció por «antisindical» el pedido de la empresa.

Un rato después una asamblea de trabajadores de gremio ratificó la continuidad de las medidas de fuerza en todas las estaciones de peajes (Dock Sud, Hudson, Bernal, Berazategui, Quilmes, Ramal Gutiérrez y los correspondientes en las autovías hacia la costa).

Un conflicto que escaló con el tiempo

El conflicto que se profundizó en los últimos días no es nuevo. En septiembre del año pasado el gremio realizó un paro que mantuvo siete días levantadas las barreras de los peajes, en una pelea que involucra una fuerte disputa por una serie de condiciones laborales y hasta la tercerización de servicios de las autopistas gestionadas por Aubasa.

Pero, en paralelo, también desnuda una pulseada política que, por una parte, enfrenta a Kicillof con los Moyano y, por otra, a dirigentes alineados con el ministro de Economía, Sergio Massa.

Desde junio de 2021, la empresa que administra los corredores viales bonaerenses quedó a cargo de Lissalde, un dirigente de Saladillo, ex diputado provincial del Frente Renovador y ex titular de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) dependiente del Ministerio de Transporte nacional, también controlado por el massismo.

Previo a su desembarco la presidencia del directorio de Aubasa estaba en manos de otro massista, Javier Ossuna, intendente de General Las Heras, quien construyó un vínculo aceitado con el gremio de Moyano hijo.

Tras la asunción de Lissalde las disputas con el SUTPA fueron in crescendo y se sucedieron múltiples medidas de fuerza durante el último año. Desde el sindicato siempre denunciaron a la gestión del funcionario por el supuesto maltrato de trabajadores e incumplimiento de condiciones salariales y laborales convenidas.

En la empresa, en cambio, vincularon el conflicto con la decisión de revisar y eliminar una serie de contratos de servicios con firmas tercerizadas, que fue repudiada por el gremio.

Cerca de Facundo Moyano insisten en el desplazamiento de Lissalde. «No vamos a seguir avalando a un dictador adentro de la empresa», afirman.

Y remarcan las denuncias por «malos tratos, acoso laboral, amenazas y despidos sin causa» de trabajadores, el incumplimiento de acuerdos salariales y condiciones laborales y la demora en la creación de una mesa de negociación para consensuar aspectos relacionados con la reconversión tecnológica en las cabinas de peajes de las autopistas provinciales.

La gestión de Lissalde rechazó esas acusaciones en el único pronunciamiento formal que brindó el septiembre pasado sobre el conflicto. «Hay información que circula que no es real», sostuvo el comunicado. Y vinculó la situación con «la política de saneamiento de la empresa».

«A partir de nuevas licitaciones y la eliminación de intermediarios en los distintos servicios que ofrece la empresa (corte de pastos, seguros, programas informáticos, ropa de trabajo) se han ahorrado anualmente $ 82.221.559 y 376.600 dólares», informó Aubasa.

De esa forma deslizó que el malestar del SUTPA y las medidas de fuerza se relacionaban con la decisión de Lissalde de dejar sin efecto contratos con empresas que brindaban servicios tercerizados a las autopistas.

Desde el gremio siempre desmintieron algún interés en esos contratos. Y advirtieron sobre la crítica situación financiera que atraviesa Aubasa desde la llegada de Lissalde. Aseguran que la empresa enfrenta un déficit operativo mensual que supera los $ 300 millones.

Clarin

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