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Una diputada nacional ha presentado un reclamo formal al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, denunciando la falta de transparencia del gobierno provincial en la gestión del Puerto de Ibicuy y el riesgo ambiental derivado de un presunto manejo irresponsable de materiales tóxicos. La legisladora, Blanca Inés Osuna, acusa a las autoridades de incumplir la Ley de Acceso a la Información Pública al negarse a divulgar un convenio clave con la empresa PTP Warrant S.A.
Un acuerdo secreto y múltiples pedidos de información sin respuesta
El reclamo, presentado ante la Mesa de Entradas de la Casa de Gobierno, se centra en un Convenio de Permiso de Uso Oneroso firmado el 28 de octubre de 2024 entre el Ente Autárquico Puerto Ibicuy y la empresa PTP Warrant S.A. Según Osuna, el gobierno ha incumplido la ley al no publicar este acuerdo.
La diputada sostiene que ha realizado cuatro pedidos formales de información desde noviembre de 2024, y en todos los casos ha recibido respuestas «parciales, omisivas y derivaciones indebidas». Incluso, un reclamo presentado en junio ante el Instituto Portuario fue desviado a otros organismos sin que se obtuviera una respuesta hasta la fecha.
La opacidad de este convenio es especialmente preocupante, ya que regula el préstamo de uso de una infraestructura portuaria estratégica para la economía provincial, que, a su vez, impacta directamente en la seguridad ambiental y sanitaria de las comunidades aledañas. Sin la publicación del acuerdo, es imposible controlar si el gobierno y la empresa están cumpliendo con sus obligaciones laborales y ambientales.
Alerta por 5.000 toneladas de azufre al aire libre
La denuncia de la legisladora no solo cuestiona la falta de transparencia, sino que también pone en evidencia un grave incidente ocurrido en el puerto. Entre marzo y junio de 2025, la empresa PTP Warrant S.A. acopió alrededor de 5.000 toneladas de azufre a cielo abierto. Este material, expuesto a la lluvia y el viento, representó un «riesgo real de contaminación del aire, del suelo y del río Paraná Ibicuy», poniendo en peligro la salud de los trabajadores portuarios, las comunidades vecinas y las actividades turísticas y de pesca de la zona.
Ante este escenario, la diputada Osuna exige respuestas inmediatas y claras sobre varios puntos clave:
La publicación íntegra del convenio.
Los estudios y certificados ambientales.
El estado de las obras comprometidas por la empresa.
Los registros de facturación y pago del canon.
Las medidas de protección para trabajadores y la comunidad.
Los protocolos de remediación ante derrames o contaminación.
Un reclamo paradójico para el gobernador
La diputada Osuna subraya la ironía de la situación, ya que el propio gobernador Frigerio fue el impulsor de la Ley provincial N° 11.191, que garantiza el Derecho de Acceso a la Información Pública y que él mismo presentó como un logro de su gestión. Ahora, la legisladora le pide que «predique con el ejemplo y cumpla con la ley», exigiendo transparencia en defensa del derecho a la información, el desarrollo productivo y la salud ambiental. El reclamo es claro y directo: la ciudadanía merece saber qué está pasando en el Puerto de Ibicuy.
Fuente: Prensa Blanca Osuna
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