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Dos gobiernos, dos agendas y ningún plan antiinflacionario

Fernández y la vice tienen agendas distintas pero que coinciden en ignorar la crisis económica, disputarse la propiedad del “relato”, buscar chivos expiatorios y no aportar soluciones

La relación entre el presidente y la vice ha ido cambiando a la velocidad con la que se agrava una crisis económica que ninguno de los dos atiende. Tuvo una etapa de silencio de la vice y protagonismo de Fernández en los primeros meses de la pandemia. Después empezaron los embates de la vice por la redes y hoy hay dos gobiernos operando con agendas distintas. Una situación sin antecedentes y de la que no se saldrá fácilmente.

Dos son también las preocupaciones centrales de Cristina Kirchner: sus problemas judiciales y una Corte Suprema que no controla. Durante la semana que acaba de concluir el campo de batalla en el que libró su disputa con el tribunal fue el Consejo de la Magistratura.

Para no perder el control del Consejo la vice inició un conflicto de poderes de mal pronóstico para ella. Sus voceros acusaron a la Corte y en especial al presidente Horacio Rosatti de fraguar un golpe de Estado.

Pero cuando la vice comprendió que con agraviar a Rosatti no resolvía el problema, cambió de estrategia y de escenario. Recortó pérdidas, se olvidó de Rosatti y trasladó la pelea del terreno judicial al Senado, poder que domina, para que al menos uno de los nuevos representantes del Congreso en el consejo le responda. Al hacerlo legitimó “de facto” el fallo de la Corte que había mandado impugnar poco antes al despacho de un inefable juez entrerriano, pero en estas batallas la coherencia es apenas un detalle.

La jugada la hizo por las suyas y con su habitual secretismo. No le avisó ni a los senadores que le obedecen sin chistar, ni al presidente de la Nación que se enteró por los medios.

Pasado el escándalo inicial, volvió a embestir contra el tribunal. Ahora el Senado podría ampliar su integración para diluir la influencia de los actuales cuatro miembros, pero no pasa de una amenaza de futuro incierto.

Otra preocupación de la vice es salvar el “relato K” para no perder identidad y está reflejada en el proyecto de blanqueo para pagar la deuda con el FMI. Lo presentó el senador Parrilli, fue acompañado por gran parte del Frente de Todos y debería ser visto como una compensación ideológica por la aprobación del acuerdo con el Fondo. Refleja la consigna de la izquierda nativa, “que la deuda la paguen los que la fugaron”, y su conexión con la realidad tiende a cero.

Durante el debate en comisión recibió una paliza dialéctica sin antecedentes a manos de los expertos que llevó a oposición. El texto redactado en el Instituto Patria debió ser corregido, pero su capacidad para recaudar dólares sigue siendo la misma de antes de las correcciones: nula.

¿Cómo reaccionó el vocero de CFK ante el papel deslucido, por decir lo menos, de su proyecto? Convocó a gremialistas y políticos ultra K de tercera fila para que lo alabaran y le echaran la culpa de la situación a Macri, los Bancos, el Fondo, etcétera. Se felicitaron y arengaron entre ellos. Un espectáculo entre rancio y patético.

El valor de la norma o, si se prefiere, su intención es retórica. Procura consolar a la propia tropa por la defección, pasar la página de la claudicación ante el Fondo y buscar un culpable que es siempre el mismo: Mauricio Macri. Ningún funcionario del Poder Ejecutivo se presentó en el Senado para hacerse cargo de esta criatura de Parrilli.

La iniciativa venía con otra que tenía además un inconveniente: proponía eliminar el secreto bancario metiendo ruido político en la economía en el peor momento. Esa parte debió ser directamente erradicada por Parrilli .

La agenda de Alberto Fernández en tanto parece más difusa. Debería anunciar un programa de estabilización, pero Martín Guzmán partió para Nueva York después de anunciar más de lo mismo: más planes, bonos, etcétera y un impuesto a las ganancias inesperadas tan promisorio como el blanqueo de Parrilli, pero más conflictivo porque puso en pie de guerra a los productores agrarios. Ya el director del Indec le avisó que después del duro golpe de marzo (6,7%), la inflación de abril rondará el 6%.

En esas circunstancias el gobierno convalida aumentos salariales como el de comercio del 60%. Los empresarios los aceptan sin protestar porque los trasladarán a los precios que terminarán subiendo un 70%.

La idea de “recomponer” el salario en lugar de bajar la inflación, la aumenta y deteriora más el salario. Este principio ha sido probado largamente en la historia inflacionaria del país. Pero la razón de la insistencia en este error está desconectada de la economía; es supuestamente política. El presidente y su ministro no quieren que la vice se quede con el “relato” populista y cuando los precios suben buscan el correspondiente chivo expiatorio, en este caso los empresarios. El riesgo obvio es que la dinámica del proceso se salga de control.

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