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El pedido que hizo el procurador general Casal, en la causa de los supuestos contratos truchos

La causa, denominada popularmente “de los contratos truchos en la Legislatura”, durante el 2008 y 2018, suma otro capítulo. El doctor Eduardo Casal, procurador general de la Nación, evitó resolver su posición luego de que la Cámara Nacional Electoral incorpore a la trama la posibilidad de que se esté ante delitos de carácter electoral.

De Casal a Barbagelata

Para eso, remitió un dictamen en el que solicita que lo determinado por la CNE sea evaluado por la jueza de garantías de Paraná, Marina Barbagelata, a cargo de la causa.

“En la medida en que en ese pronunciamiento de la Cámara Nacional Electoral fueron introducidos nuevos argumentos de interpretación del régimen legal modificado, que no integraron los que fueron sustento de la inhibitoria del juez federal, entiendo que, para una adecuada valoración de la cuestión, corresponde al tribunal de origen ponerlos en conocimiento del juzgado de garantías provincial para su debida consideración y, sólo ante la eventualidad de que ambos órganos mantengan su criterio, se (des)trabe debidamente el conflicto”, dice el dictamen.

“En su sentencia del 15 de septiembre pasado, si bien rechazó la queja, la Cámara sostuvo que con la sanción de la Ley 27.504 se incorporaron precisiones relativas a la competencia en materia penal del fuero nacional electoral. Señaló, al respecto, que esa ley incorporó al Código Nacional Electoral el artículo 146 que prescribe que ‘si en el marco de los procesos previstos en las leyes electorales, se evidenciara o fuese denunciada la posible comisión de un delito tipificado en el Código Penal o sus leyes complementarias, su investigación estará a cargo del juez federal con competencia electoral (…) cuando dichas conductas se cometan en ámbitos regulados por las normas electorales nacionales”, reproduce Casal. Y subraya, citando a la CNE, “la importancia de fortalecer la excepcionalidad y la especialidad de la jurisdicción electoral en lo referente al conocimiento de faltas y delitos electorales y su relación con el financiamiento de los partidos políticos, conforme las leyes 26.215, 26.571 y complementarias”.

Cómo viene la causa

La causa se elevó a juicio cuando el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, hizo lugar a la petición de abogados defensores y declaró la competencia para su jurisdicción. Esa decisión fue apelada por el entonces fiscal Carlos García Escalada que, ante el rechazo de Alonso, se fue en queja ante la CNE.

Mientras tanto, el expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia, que le corrió vista a Casal. El procurador general de la Nación decidió esperar que resuelva la CNE que está integrado por Daniel Bejas, Alberto Dalla Vía y Santiago Hernán Corcuera; expresó en una resolución la posibilidad de estar ante una infracción electoral, objetivo que buscan los abogados defensores que hicieron el planteo para sacar el legajo de la jurisdicción provincial, donde las penas son extremadamente más duras.

Para los jueces electorales, “deviene insoslayable señalar que, el texto legal referido confiere competencia al fuero electoral para investigar y juzgar las conductas tipificadas en el Código Penal y en las leyes penales complementarias, cuando dichas conductas típicas se cometan en ámbitos regulados por las normas electorales nacionales”.

La investigación en la causa contratos, donde se presume que se sustrajeron según una pericia oficial, 1.111.871.715 entre 2008 y 2018 a través de una asociación ilícita, está en un momento crucial.

Fuente: Federico Malvasio para Página Política.
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