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El poder político oficialista avanza contra la Justicia en Entre Ríos para proteger a Urribarri

Iniciaron un jury a la fiscal anticorrupción que coordina la acusación contra el exgobernador en un juicio oral y que lo investiga junto a su cuñado por el cobro de contratos simulados con el Estado

Tras la derrota electoral en Entre Ríos, el peronismo avanza contrarreloj sobre los jefes de los fiscales de la provincia que investigan y juzgan por casos de corrupción al exgobernador Sergio Urribarri, actual embajador en Israel, y a otros dirigentes allegados al exmandatario provincial.

El jurado de enjuiciamiento resolvió hoy abrirle un jury a Cecilia Goyeneche, Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción de Entre Ríos, y quien coordina la acusación en el juicio oral y público que se desarrolla contra Urribari. En tanto, resolvió por mayoría (4 a 3) que al procurador general del Poder Judicial entrerriano, Jorge Amilcar García, no lo debe juzgar un jury, sino un juicio político.

Seis integrantes del jurado de enjuiciamiento votaron por abrir la causa y uno por el rechazo. El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Martín Carbonell (nombrado por el gobernador Eduardo Bordet, oriundo también de Concordia y muy allegado a él), los vocales del STJ Daniel Carubia (nombrado por el exgobernador Jorge Busti en 1988 y enfrentado al procurador entrerriano, Jorge García) y Claudia Mizawak (exabogada de Urribari en causas de corrupción, a fines de los 90): los tres votaron por abrir causa a Goyeneche. También lo hizo el senador Armando Gay, del oficialismo provincial. Luis María Campos, del Colegio de la Abogacía, rechazó la denuncia, mientas que su colega Sonia Rondoni votó por darle curso favorable. El último voto, del diputado provincial Gustavo Zavallo (del oficialismo), también se inclinó por abrirle causa a la Procuradora Adjunta, aunque pidió que no se la suspenda.

Una reunión de la asociación que nuclea a los jueces y fiscales de la provincia expresó preocupación por esta situación que derivó, además, en un jury contra el procurador provincial Jorge Amílcar García. Al menos 130 fiscales y funcionarios judiciales ya firmaron un documento para denunciar por esta situación que jaquea la independencia judicial.

La procuradora Goyeneche es quien coordina la acusación en el juicio oral que se le sigue a Uribarri, quien participa en el juicio por Zoom, tres veces por semana desde Israel. Una suspensión de la procuradora –que es lo que se debate ahora– la sacaría de en medio y debilitaría el juicio. No obstante, otros fiscales colaboran con ella en el juicio.

Las denuncias contra García y Goyeneche avanzaron tras el resultado electoral del 14 de noviembre, donde el exministro de Cambiemos Rogelio Frigerio obtuvo el 54,6% de los votos, contra el 31,5% del peronismo, lo que lo fortaleció como candidato a gobernador de la provincia en 2023. De ahí la preocupación y la urgencia del peronismo entrerriano por avanzar en estos dos años.

La procuradora adjunta Goyeneche, al hacer su descargo ante el Jurado de Enjuiciamiento, rechazó las acusaciones de los denunciantes, vinculadas con supuesto mal desempeño, y concluyó que el cargo se basa en “datos fácticos falsos, carece de fundamentación y argumentación jurídica válida y solo constituye una grosera sumatoria de inexactitudes aventuradas con el sólito y torcido propósito de enviar un mensaje intimidatorio al Poder Judicial de Entre Ríos, para que no se avance en la investigación y juzgamiento de delitos de corrupción”.

Y agregó que el “el deber de investigar los hechos de corrupción se vincula centralmente con un deber más general, el de garantizar el Estado de Derecho. Por ello es de vital importancia que especialmente en los casos de corrupción los Estados se ocupen de proteger la independencia de la función judicial”. Es decir, “la actuación de fiscales y jueces sin condicionamientos que puedan interferir en su actuación”.

Las acusaciones contra Goyeneche pasan porque no se apartó de una causa contra un contador con el que supuestamente compartía una propiedad y porque su esposo había trabajado en un estudio contable investigado por ella. Pero el esposo trabajó hasta 1999 –muchos años antes de los hechos, que se iniciaron en 2007 y comenzaron a ser investigados en septiembre de 2018– y luego se fue a vivir a los Estados Unidos, donde residió por una década. Y Goyeneche efectivamente adquirió en 2015 parte de un fideicomiso para la construcción de departamentos donde está el contador. Por esa relación es que luego ella se excusó de seguir interviniendo en el caso. Para los denunciantes ese alejamiento implica que no debió haber intervenido.

En el caso del procurador García, los denunciantes señalaron que la procuradora adjunta lo había puesto en conocimiento de la relación que había con el contador imputado y el procurador le habría dicho que no existían incompatibilidades.

En su descargo ante el Jurado de Enjuiciamiento, la procuradora adjunta negó que hubiera tenido una relación comercial con el contador y dijo que el contrato para la inversión en un fideicomiso no afectó su deber de objetividad en la coordinación de la investigación.

La gestión de Urribarri en Entre Ríos está bajo investigación en dos procesos. Uno de ellos está en la Corte Suprema de Justicia, donde debe definirse si el caso es de competencia federal, como pretende la defensa, o de la Justicia provincial, como pretende la acusación. El otro caso está en etapa de juicio oral contra Urribari.

El primer caso se denomina “contratos”, pues en 2018 se descubrió que tres personas cobraban en una sucursal del Banco de Entre Ríos, con distintas tarjetas de débito, importantes sumas de dinero de cajeros automáticos. Se descubrió una organización delictiva en funcionamiento desde 2007, que se ocupaba de centralizar el cobro de entre 300 y 600 contratos de locación de obra, simulados, de ambas cámaras legislativas. Dinero que luego entregaban bien autoridades del Senado provincial. Uno de los acusados es Juan Pablo Aguilera, cuñado y colaborador dilecto de Urribarri. Se estima que el monto sustraído durante los casi 10 años que fueron objeto de investigación, ascendió 53 millones de dólares. A los prestanombres “contratados” le daban un 5% del monto del contrato.

El estudio contable investigado en esta operatoria era el supuestamente tenía relación con Goyeneche. Por este tema ya fue desestimado un jury anterior sobre el procurador García. Los acusados pidieron la incompetencia de la Justicia provincial y el caso fue enviado a juicio.

Además, en Entre Ríos se investigan otras causas de corrupción que tienen como imputado al exgobernador Urribarri. Fueron iniciadas la mayoría de ellas a raíz de investigaciones periodísticas que derivaron en denuncias penales. Cinco de ellas, acumuladas, se encuentran siendo juzgadas desde el 28 de septiembre de 2021 –luego de cuatro postergaciones de audiencias fijadas con anterioridad en los años 2019 (dos suspensiones) y 2020 (dos suspensiones)–.

La acusación en este juicio es llevada adelante por los fiscales Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, que responden a la coordinación que realiza la fiscal anticorrupción Goyeneche.

La acusación recae en este caso en Urribarri, sus ministros Pedro Báez y Hugo Marsó, algunos otros funcionarios, el cuñado del exgobernador, Juan Pablo Aguilera, su pareja Luciana Almada y a los integrantes dos empresas de publicidad de Paraná (prestanombres según la hipótesis fiscal), que contrataban asiduamente con el Estado y por lo cual se desviaron más de 7,5 millones de dólares del erario público.

El avance de este juicio brindó un nuevo impulso al pedido de enjuiciamiento y la suspensión de Goyeneche, que coordina la actuación de los fiscales, para pedir la nulidad del caso. Ahora, el objetivo es debilitar la acusación y partir la causa contratos.

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