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El proyecto de emergencia alimentaria fue analizado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda

Este martes, en el marco de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, comenzó el tratamiento del proyecto de ley que propone declarar en Entre Ríos el estado de emergencia pública en materia de Seguridad Alimentaria hasta el 31 de diciembre de 2024. El expediente llegó al senado el 19 de marzo. Presidió el encuentro el senador del departamento Federación, Rubén Dal Molin.

Estuvo presente la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, que lo hizo acompañada por el Secretario de Articulación de Política Social, Ricardo Vales; por el Secretario de Gestión Social, Pablo Omarini y por el Director de Comedores , Lautaro Azzalini, que dieron a los legisladores las razones de la propuesta.

La reunión

El presidente de la comisión agradeció la presencia de los funcionarios “en términos de conversar y que nos expliquen el por qué de la emergencia y el objetivo de la ley”. La ministra Berisso comenzó manifestando que “este contexto de inflación nos deja impedidos de accionar rápidamente; la situación se va complejizando”. Remarcó que “lo alimentario es prioridad” y el pedido de la ley radica en poder responder a la demanda que tiene la cartera a su cargo. Profundizó dando un detallo de todas las situaciones a las que debió responder con urgencia la cartera a su cargo desde que asumió.  La compleja realidad económica y situaciones climáticas por todos conocidas impactaron en la provincia en los últimos meses. “El Ministerio ha estado presente”, destacó.

Añadiendo detalles puntuales sobre la gestión el secretario de Articulación de Políticas Sociales, Ricardo Vales, se explayó en datos, los que fueron entregados a los legisladores para ser observados en detalle. “Damos respuesta a la urgencia” dijo, para señalar de inmediato las complicaciones que generó un contexto inflacionario, que licua las partidas presupuestadas y a lo que se suma que el Gobierno Nacional no está enviando partidas. Manifestó que los pedidos de módulos alimentarios se han incrementado exponencialmente y la provincia junto a los municipios trabajan para dar respuestas. Se refirió a los mecanismos previstos para comprar alimentos, mencionado que hay demoras lógicas en las licitaciones y muchas veces, por no poder mantener precios, se bajan los proveedores.

Vales explicó a los legisladores, para profundizar sobre el panorama que daba la ministra, que en 2023 la provincia incorporó 107000 mil módulos alimentarios, que importaron 1800 millones de pesos. Contrastó estos datos con la situación actual. El ministerio tiene partidas de 400 millones de pesos y un refuerzo de 200 millones, que permitirían acceder a la compra de 30000 módulos, un número lejano si se tiene en cuenta lo distribuido en el año anterior.

Remarcó una vez más la demanda que generaron a la provincia las situaciones climáticas. “Tener la ley agilizaría los tiempos de compra para dar mejor respuesta”, aseguró, explicando que mientras se busca ir solucionando las cuestiones de fondo, se pudo contar (ante el cambio de gestión) con un monto de poco más de 150 millones de pesos justificados en la necesidad y urgencia.

El proyecto de ley sería un marco ordenador de importancia, ya que “los montos con los que se cuenta son exiguos en relación a la demanda y se está enfrentando una dinámica de precios en alza”, que es difícil de enfrentar cuando además el gobierno nacional no envía refuerzos para las partidas.

En el mismo sentido dieron su aporte sobre el proyecto de ley, el Secretario de Gestión Social de Entre Ríos, Pablo Sebastián Omarini, junto a Lautaro Azzalini. Manifestaron que vienen trabajando con la Iglesia, con organizaciones sociales, intendentes, y en el caso de la Copa de Leche no tienen respuesta de Nación. Más allá de esto destacaron que la provincia, por disposición del gobernador Rogelio Frigerio, dispuso refuerzos de partidas.

Desde la Dirección de Comedores explicaron que se está realizando un relevamiento para conocer cifras actualizadas de la demanda que hay en la provincia, la que sin dudas se ha visto incrementada.

Retomando la palabra, Vales destacó que más allá de la coyuntura se han ido aplicando mecanismos que buscan aumentar la transparencia. Se estableció una vía para la demanda a través de correo electrónico, se determina quien ha de recibir la ayuda desde la provincia, generando así un sistema que permite trazabilidad.

En la actualidad por los canales formales la provincia tiene una demanda de 16558 módulos alimentarios.

Por su parte del Senador Dal Molín, apoyando el espíritu del proyecto, enfatizó que de aprobarse la iniciativa “se va a oxigenar presupuestariamente y se agilizarían las compras”.

El senador de Diamante, Gustavo Vergara (Juntos por Entre Ríos) coincidió con los funcionarios sobre lo complejo de la situación y destacó los esfuerzos de la provincia para dar respuestas.

La Senadora de Feliciano, Gladys Domínguez (Frente Más para Entre Ríos), expuso algunas de las situaciones que se dan en su departamento, trazando un duro panorama ya que ha sido importante el impacto de la sequía seguida por un período de lluvias que azotó un territorio donde lo agropecuario tiene preponderancia.

Cómo sigue el trabajo

Luego que se retiraran los funcionarios del Ejecutivo, a quienes se les agradeció la predisposición y todos los datos aportados, los senadores miembros de la comisión intercambiaron posturas sobre las exposiciones precedentes.

Continuarán analizando en profundidad y en detalle el proyecto, con datos que fueron entregados por los funcionarios y serán añadidos al expediente. Se mantendrán en comunicación en los próximos días para tomar una decisión sobre un posible despacho de comisión.

En el cierre, Dal Molín reiteró la importancia de encontrar herramientas ágiles y reforzar presupuestariamente un área sensible y estratégica. Coincidió además con los argumentos que sostienen el pedido de emergencia.

El proyecto

En su artículo 1°, se declara el estado de emergencia pública en materia de seguridad alimentaria en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos hasta el día 31 de diciembre de 2024, con el objeto de garantizar la atención básica de la alimentación a través de la provisión de alimentos de calidad y la nutrición adecuada, priorizando la atención de la población en situación de vulnerabilidad social y en riesgo de subsistencia, mediante la habilitación de procedimientos administrativos expeditivos conducentes para la adquisición oportuna de alimentos, insumos de uso alimentario y enseres necesarios para su elaboración.

En el artículo 2° se autoriza al Poder Ejecutivo – Ministerio de Desarrollo Humano, a tramitar todos los procedimientos de contrataciones directas, vía excepción, para cumplir con los objetivos establecidos en el artículo 1° de la presente Ley, con arreglo a las disposiciones legales vigentes: Artículo 27° Inc. c), apart. b), punto 9 de la Ley N° 5140 y modificatorias – T.O. Decreto N° 404/95 MEOSP- y Decreto reglamentario 795/96 MEOSP y modificatorios, durante la vigencia del período de emergencia dispuesto en la presente Ley.

En los fundamentos expresados por el Poder Ejecutivo para solicitar el acompañamiento de la Legislatura, se lee que la inflación y la pérdida de valor adquisitivo afecta en mayor medida a las clases sociales de menores ingresos que destinan el grueso de su presupuesto a la compra de alimentos y al pago de servicios públicos. Son los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, los de menores recursos, quienes deben ser asistidos por el Estado a través de merenderos, comedores escolares y barriales, que a diario ven incrementada su demanda; no siendo solamente niños aquellos quienes deben ser asistidos en lo alimentario, sino también, sus familias. Debe comprenderse además en dicho amparo alimentario a otro sector particularmente vulnerable de la sociedad, el de los adultos mayores.

Ese así que desde el 11 de diciembre de 2023, fecha del inicio de la actual gestión de gobierno, se ha venido detectando un incrementando exponencial de los pedidos de asistencia alimentaria de grupos familiares, Municipios, Comunas, Juntas de Gobierno y organizaciones sociales, encontrándose imposibilitado el Estado entrerriano de sostener la atención de dicha demanda en atención al bajo nivel de stock de mercaderías con el que se recibiera el “galpón” concentrador de módulos alimentarios, situación que además se ve complejiza en razón de que la anterior gestión no dio inicio a ningún procesos licitatorios destinados al reabastecimiento de los mismos. Vale agregar que tales procesos licitatorios son hoy, además, de difícil concreción debido a los altos índices de inflación que impiden muchas veces recibir cotizaciones o que las mismas se mantengan en el tiempo, lo que muchas veces genera el fracaso de dichos procesos o un sobre costo de los bienes licitados. La actual situación social alimentaría por la que atraviesa nuestra provincia amerita que tomemos medidas rápidas y expeditas tendientes a resguardar el mentando derecho a la alimentación. Para ello la declaración de la Emergencia Alimentaría Provincial por parte de la Legislatura, otorgará las herramientas necesarias al Poder Ejecutivo Provincial para afrontar de mejor manera esta realidad.

Los presentes

Presentes en la sala de reuniones de comisiones del Senado provincial estuvieron quien preside la Comisión, el senador Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos), junto a Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Más para Entre Ríos) y Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos).

 

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