Novedades

Elisa Carrió ahora denunció a Carlos Zannini por no acatar el fallo de la Corte por la coparticipación

Elisa Carrió denunció este jueves al Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, por desobedecer el fallo de la Corte Suprema que le ordenó a la Nación devolverle fondos de la coparticipación que le había quitado a la Ciudad.

En los hecho la presentación contra Zannini fue una ampliación de la denuncia que Carrió y la Coalición Cívica habían realizado contra el presidente Alberto Fernández por no acatar el fallo del máximo tribunal.

La ex diputada lo acusó de provocar “hechos de extrema gravedad institucional” entre los que destaca el incumplimiento de un fallo. Zannini es el jefe de los abogados del Estado y estuvo detrás de la maniobra para incumplir la decisión de la Corte.

Esta semana el Gobierno interpuso un pedido de revocatoria de la cautelar que dictó la semana pasada la Corte anulando parcialmente la quita de fondos de la coparticipación federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En un escrito firmado por el Procurador General del Tesoro y hombre de Cristina Kirchner, Carlos Zannini, también se solicitó se otorgue efecto suspensivo a este recurso, se lo sustancie y, oportunamente, se deje sin efecto la medida cautelar dictada.

Ante esa medida firmada por Zannini es que Elisa Carrió y la Coalición Cívica ampliaron la denuncia contra el presidente Alberto Fernández para que se investigue también al Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, ante “hechos de extrema gravedad institucional” tendientes a “desobedecer e incumplir” el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el porcentaje de Coparticipación que el gobierno nacional debe devolverle a la Ciudad de Buenos Aires.

En septiembre de 2020 el Poder Ejecutivo decidió reducir en poco más de un punto, el porcentaje que percibía en concepto de fondos coparticipables. De 3,5% Alberto Fernández firmó un decreto para que el mismo pase a ser 1,4%.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue a la justicia para reclamar dos cosas. Por un lado una medida cautelar que ponga freno a ese envío diario de fondos por el 1,4%, por el «perjuicio ocasionado» a las arcas de la Ciudad. En segundo término, se discute el fondo del conflicto: la restitución del porcentaje del 3,5% y el pago del dinero que se dejó de percibir desde 2020: $ 252.500 millones.

La Corte Suprema se pronunció sobre la medida cautelar y ante la urgencia de una resolución, indicó que el Poder Ejecutivo comience el jueves pasado, a pagar 2,95%. Representa unos 1.050 millones de pesos diarios. Sin embargo, nunca se implementó la modificación y hasta el día de la fecha, la Ciudad continúa percibiendo el equivalente al 1,4%.

Esta determinación del Gobierno le valió las denuncias por desobediencia al presidente de la Nación, junto al ministro de Economía Sergio Massa, a la titular del Banco Nación -Silvia Batakis-, como responsable de la entidad financiera que debe realizar diariamente el depósito del dinero.

Este jueves la Coalición Cívica incluyó en la denuncia penal a Carlos Zannini, responsable de firmar el pedido de revocatoria ante la Corte Suprema.

“Las dos presentaciones judiciales efectuadas por el Procurador del Tesoro de la Nación evidencian una notoria ignorancia del derecho vigente y un alzamiento de manera flagrante y directa contra la cabeza de uno de los poderes del gobierno federal», sostiene la denuncia a la que accedió Clarín.

Bajo esta línea argumentativa, el espacio que lidera Elisa Carrión entendió que «resulta necesario que dichas presentaciones se pongan en conocimiento del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a fin de que aquel evalué la conducta de los doctores Carlos Alberto Zannini —Procurador del Tesoro de la Nación— y Horacio Pedro Diez —Subprocurador del Tesoro de la Nación”.

En el escrito se sostuvo que “el Procurador del Tesoro de la Nación solicitó a los miembros del tribunal que se excusen de continuar interviniendo en la causa, planteando en subsidio su recusación; y, además, interpuso una revocatoria a fin de que se deje sin efecto la medida cautelar dictada el pasado 21/12/2022”.

Los planteos formulados por el Poder Ejecutivo incluyen también, el escrito presentado por el subprocurador general de la Nación, Horacio Diez, a través del cual se informó que ese organismo «asumirá la representación del Estado Nacional a los efectos de efectuar la presentación de los escritos de recusación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

La ampliación de la denuncia de la Coalición Cívica indica que «dichas presentaciones judiciales terminan de demostrar, reiteramos, que estamos frente a un plan organizado por el Presidente de la Nación y los ministros referidos para alzarse contra la Corte Suprema y, así atentar contra la división de poderes —que, como es sabido, es el pilar esencial sobre el cual se construye el sistema republicano de gobierno— y el orden constitucional”.

Por tal motivo, se amplió la denuncia para que se investigue a Zannini ante estos nuevos hechos, al entender que las presentaciones que hizo Zannini “carecen de una debida fundamentación dado que se limitan a manifestar que los Ministros de la Corte Suprema ‘prejuzgaron’ por el simple hecho de dictar una medida cautelar en favor de la Ciudad de Buenos Aires”.

Pese a lo que argumentó el Procurador del Tesoro, la Coalición Cívica señaló que el dictado de una medida cautelar por parte del máximo tribunal, «no implica un prejuzgamiento, tal como erróneamente pretende afirmar» Zannini, motivo por el cual pide el corrimiento de los cuatro ministros de la Corte.

En ese sentido, indicaron que las presentaciones del Poder Ejecutivo «tienen como único objetivo desobedecer un fallo de la Corte Suprema, planteando un conflicto entre dos poderes del sistema republicano, a fin de perjudicar a la Ciudad de Buenos Aires”.

La semana pasada, como contó Clarín, Carrió y la Coalición Cívica presentaron una denuncia contra el presidente Alberto Fernández; los ministros Sergio Massa (Economía) y Eduardo De Pedro (Interior); el jefe de Gabinete, Juan Manzur y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, por «desobediencia, alzamiento, e incumplimiento de deberes de funcionario público al no acatar el fallo de la Corte Suprema sobre Coparticipación».

compartir