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En medio de la tensión entre el kirchnerismo y Martín Guzmán, comienzan las audiencias para definir las tarifas de gas y electricidad

Serán en total tres audiencias públicas sucesivas para la definición de los nuevos precios que estarán vigentes a partir del 1 de junio. Cómo será el proceso y quiénes recibirán la tarifa social

El Gobierno nacional llevará adelante a partir de hoy tres audiencias públicas sucesivas para la definición de los nuevos precios que estarán vigentes a partir del 1 de junio del gas natural a boca de pozo, del costo estacional de generación eléctrica y la segmentación de tarifas que le permita reducir el peso de los subsidios energéticos en las cuentas públicas.

De este modo, comienza el proceso de actualización tarifaria definido por el Gobierno en el programa económico, que busca alcanzar “niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva” para los servicios públicos de gas y electricidad, tal como expresó la Secretaría de Energía en la convocatoria a las audiencias.

En la primera de las audiencias públicas convocada para hoy, a partir de las 10 y que se llevará a cabo a través de la Plataforma Webex, se discutirán los nuevos precios en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). En tanto, mañana se tratarán los nuevos precios de referencia estacionales del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST).

Asimismo, el jueves se debatirá la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado Nacional a los usuarios del servicio de gas natural y del servicio de energía eléctrica, para el bienio 2022-2023.

El Gobierno propone abordar los subsidios mediante la segmentación por capacidad de pago, reducirlos significativamente en los sectores de más altos ingresos para resolver en simultáneo “el sesgo pro rico y las ineficiencias derivadas tanto en el consumo residencial de esos sectores como las ineficiencias del gasto público”.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, consideró que las actualizaciones tarifarias de acuerdo a una segmentación de ingresos como propone el Gobierno nacional “le hacen bien al país” y cuestionó el nivel actual de los subsidios energéticos, equivalente a “3 o 4 puntos del Producto”, por su impacto en el déficit fiscal, en la víspera de la primera de las tres audiencias públicas para analizar las propuestas de aumento de los servicios de gas y electricidad.

El titular del Palacio de Hacienda remarcó la necesidad de evitar un nuevo incremento en los subsidios al sector energético, que el año pasado superaron el billón de pesos, y cuestionó “en qué país del mundo ha funcionado, para encauzar un sendero de desarrollo con inclusión social, tener subsidios energéticos por 3 o 4 puntos del Producto Interno Bruto”.

Así el funcionario respondió a las recientes críticas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dejó marcada su posición en la interna con el ala kirchnerista que busca sostener el gasto en subsidios.

Cabe recordar que en el caso de la segmentación de subsidios, el esquema fue definido por la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, la dependencia de la Secretaría de Energía que responde más directamente al ministro de Economía Martín Guzmán. Mientras que las autoridades de los entes reguladores —Federico Bernal, del Enargas, y Soledad Manin, del ENRE— y el subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y expresaron sus críticas al plan oficial de aumento de tarifas.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, consideró hoy que las actualizaciones tarifarias de acuerdo a una segmentación de ingresos como propone el Gobierno nacional "le hacen bien al país" y cuestionó el nivel actual de los subsidios energéticosEl ministro de Economía, Martín Guzmán, consideró hoy que las actualizaciones tarifarias de acuerdo a una segmentación de ingresos como propone el Gobierno nacional «le hacen bien al país» y cuestionó el nivel actual de los subsidios energéticos

En cuanto a las actualizaciones tarifarias que serán motivo de las primeras dos audiencias, el Ejecutivo apunta impulsar un esquema dirigido a proteger aquellos sectores más vulnerables y con menor capacidad de pago, e incentivar a su vez la “adopción de medidas que promuevan al uso racional de los servicios y la reducción del impacto ambiental”.

Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo una “corrección tarifaria relacionada a la evolución de sus ingresos”, representado por el coeficiente de variación salarial (CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443.

Para el 90% de los usuarios residenciales, este mecanismo garantiza que las actualizaciones tarifarias siempre sean inferiores a los aumentos salariales, implicando correcciones en sus facturas menores que el incremento de los ingresos en términos reales.

De esta manera, el esquema propuesto por la Secretaría de Energía para el bienio 2022-2023 contempla que los usuarios de gas beneficiarios de la tarifa social no tendrán otro incremento en su factura este año, y para el 2023, esa corrección será equivalente a 40% del CVS del año anterior.

En tanto, para los beneficiarios de tarifa social de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, la nueva corrección tarifaria para 2022 no superará 6 por ciento. Para el resto de los usuarios, el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial correspondiente al año anterior.

En función de este esquema, para 2022 y considerando la actualización tarifaria realizada en marzo, el incremento propuesto para junio será en promedio de 17% para las tarifas de electricidad de los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y de 21,5% promedio sobre el valor actual de la factura para los usuarios de gas de todo el país.

Por último, la franja de 10% de usuarios de mayores ingresos y con plena capacidad de pago dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético.

El cruce de la información abordó lo disponible por empresas distribuidoras, entes y autoridades regulatorias de electricidad y gas natural de red residencial disponible en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) sobre ingresos y patrimonio.

En tanto, se quitarán los subsidios a los usuarios que estén ubicados en las zonas definidas como de altos ingresos (13 barrios en el AMBA identificados por el ENRE), con ingresos superiores a 3,5 canastas básicas (unos $314.000), que tienen tres o más inmuebles registrados, tres o más vehículos con antigüedad menor a los cinco años y aviones o embarcaciones de lujo.

Qué usuarios recibirán la tarifa social

Los consumidores que cumplan con alguno de los siguientes criterios accederán a la tarifa social, con mayor subsidio:

– Estar ubicado dentro de los barrios populares identificados por el Renabap (Registro de Barrios Populares);

– Jubilados o pensionados o trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos;

– Monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el salario mínimo;

– Beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos salarios mínimos;

– Titulares de programas sociales; trabajadores del Régimen de Monotributo Social; empleadas del servicio doméstico; titulares de seguro de desempleo; veteranos de guerra del Atlántico Sur; titulares de certificado de discapacidad;

Con todo, quedarán excluidos de este segmento los que sean propietarios de dos o más inmuebles, un vehículo de hasta diez años de antigüedad (excepto los titulares de algún certificado de discapacidad) o que tengan más de un suministro bajo su titularidad.

Cuándo se aplicarán los aumentos

Los aumentos de tarifas se aplican a mes o bimestre vencido. Por lo tanto podrían impactar recién en las facturas de julio y agosto. Para la segmentación, desde las empresas distribuidoras detallaron que ya enviaron información a la Secretaría de Energía y los entes reguladores y que el proceso requiere un ajuste de sus sistemas, pero que es aplicable y que podría estar disponible en principio también para el mes de agosto.

En tanto, en las audiencias públicas, se consideran las opiniones y propuestas de quienes participen pero no tienen carácter vinculante. La decisión final queda en manos de la Secretaría de Energía, que dependen del Ministerio de Economía.

Luego de las audiencias, con un plazo de 10 días, se publica un informe final. Y posteriormente los nuevos cuadros tarifarios deben ser informados a través del Boletín Oficial, con la firma de la Secretaría de Energía.

Los entes reguladores, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) son los encargados de transmitir los nuevos cuadros a las empresas distribuidoras en electricidad (solo para las que operan en el AMBA) y en gas (a nivel nacional). Estos entes no son los que definen las tarifas.

Finalmente, las empresas distribuidoras también deben difundir los nuevos cuadros y son las encargadas de aplicar los nuevos valores en la facturación y, a partir de ahora, también la quita de subsidios a los clientes que entren dentro de la categoría de mayores ingresos según los criterios definidos por la Secretaría de Energía.

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