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Fiscales pidieron la remisión a juicio de la causa Urribarri-Cardona Herreros

A través de un extenso escrito, de 518 páginas, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano requirieron este martes por la mañana al juez de Garantías Mauricio Mayer la remisión a juicio de la causa penal en la que se investiga los supuestos delitos de cohecho (coimas), fraude en perjuicio de la administración pública, peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en una serie de contrataciones del gobierno del exmandatario Sergio Urribarri con el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, supo ANÁLISIS.

La causa, que investiga seis hechos, pone la lupa en las operaciones concretadas por la Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía, en tiempos del ministro Diego Valiero, en las dos administraciones de Sergio Urribarri. Todo comenzó con la publicación en la edición gráfica de la revista ANÁLISIS del 9 de noviembre de 2017 de la investigación titulada “El amigo paraguayo”. Tras ese artículo, se inició una causa de oficio.

Están imputados en la causa el propio Urribarri; el empresario paraguayo y amigo del exgobernador, Diego Armando Cardona Herreros; el ex ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone; el titular de la Secretaría de Presupuesto, Luis Erbes; el ex director General de Informática Carlos Haidar; el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; y el ex secretario de Hacienda, José Humberto Flores. Sobre cada imputado, los fiscales realizaron un pormenorizado detalle de qué se les atribuye haber cometido en cada uno de los seis hechos investigados.

Fundamentos

“El presente requerimiento se funda en el examen de las evidencias colectadas a lo largo de la Investigación Penal Preparatoria, las cuales permiten concluir que se encuentra debidamente acreditada la existencia del injusto y la participación de los imputados en el carácter de autores”, sostuvieron los fiscales Yedro y Badano.

En ese orden, señalaron: “Se ha logrado acreditar que Sergio Daniel Urribarri, en un inicio como Ministro de Gobierno y luego como Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, ya desde el año 2007, comenzó a realizar acciones de favorecimiento a Diego Armando Cardona Herreros, con quien lo unía una estrecha relación de amistad. En el marco de dicho favorecimiento es que propició la contratación de la firma Relevamientos Catastrales S.A., de la cual Cardona Herreros era su presidente y accionista, por parte de distintas áreas de la Administración Pública Provincial a efectos de desarrollar e implementar software”.

Así, según marcaron los fiscales en el requerimiento: “A fin de llevar adelante este proceso de favorecimiento sistemático a lo largo del tiempo, Urribarri vinculó a Cardona Herreros con distintos funcionarios del gobierno de Entre Ríos, entre quienes se encontraba Luis Alfonso Erbes, Subsecretario y Secretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia, Humberto Flores, Secretario de Hacienda de la Provincia, Carlos M. Haidar, Director de Informática de la Provincia, Miguel Angel Ulrich, Director General de Ajustes y Liquidaciones, y José Gervasio Laporte, Secretario Legal y Técnico de la Provincia. Ello permitió que se contara con funcionarios en puestos claves de la administración pública, a efectos de poder darle curso a las contrataciones desde el inicio, coordinar sus pautas, hasta llegar a las certificaciones y pagos”.

De acuerdo a la IPP, los fiscales entendieron que “los funcionarios aportaban información anticipada, adecuaban su actuación funcional, y gestionaban dichas contrataciones a favor de Cardona Herreros y de su empresa”. Y marcaron: “De este modo, ésta resultó económicamente favorecida, al abonarle la provincia sobreprecios por cada contratación, los que fueron utilizados para realizar pagos a los funcionarios intervinientes, en contraprestación por la realización de las gestiones pertinentes y actos relativos a sus funciones, como así también se destinaron al pago de ganancias extraordinarias a los empresarios”.

En tanto, según informaron los fiscales, “en representación de la firma Relevamientos Catastrales S.A. tomaron parte los directivos y empleados: Alfonso Campitelli, Jorge Adrián Zanabone, Guillermo Linares, y Miriam Fessia, quienes intervinieron en la gestión de las contrataciones desde antes del inicio del trámite administrativo, contando con información anticipada, que les posibilitó confeccionar los pliegos, y ajustar el precio final que iba abonar el Estado provincial por el servicio. Asimismo, llevaron adelante las maniobras necesarias a fin de poder hacerse del efectivo para pagar los montos correspondientes a las dádivas a los funcionarios públicas y las ganancias extraordinarias a los empresarios”.

Una sigla varias veces mencionada en el requerimiento es la de “PLM”, y, según señalan los fiscales “con esta sigla -conforme se podrá observar a lo largo de la remisión- se hace referencia a montos abonados a los funcionarios públicos y ganancias extraordinarias de los empresarios”.

Según señalaron los fiscales, y en base al informe técnico contable: “Del análisis efectuado por la contadora y de la evidencia que hemos analizado y a la cual hemos hecho referencia surge que, en cada una de las contrataciones imputadas, la empresa fijaba el costo de la prestación, adicionando el beneficio esperado por la firma, los montos de PLM y la carga impositiva. Adjudicada la licitación, el Estado Provincial ejecutaba los pagos y a partir de allí se ponía en marcha un mecanismo tendiente al obtención de dinero en efectivo para poder de ese modo, hacer efectivas la distribución de las sumas correspondiente a lo que la contratista identificaba como `PLM´”.

Así, en base al informe técnico contable, en el punto 7 del requerimiento de elevación a juicio, los fiscales detallaron los montos que corresponderían a “PLM total por concepto” en cada uno de los seis hechos investigados según las respectivas contrataciones, a saber:

-LICITACIÓN NRO. 01/08: Total $ 3.062.000,00

-AMPLIAC. PLAZO LIC. 01/08: Total $1.088.000,00

-CONTRATACIÓN DIRECTA: Total $ 800.000,00

-LICITACIÓN NRO. 48/11: Total $ 3.762.000,00

-LICITACIÓN NRO. 84/13: Total $6.876.000,00

-LICITACIÓN NRO. 02/15: Total $1.836.000,00

Además, se determinaron siete montos más, informados en el escrito bajo el ítem “Otros PLM” por respectivos conceptos detallados en el requerimiento fiscal, con los siguientes montos: $31.390,00; $182.346,40; $ 250.000,00; $ 193.500,00; $ 45.000,00; $ 150.000,00; $ 40.000,00.

Finalmente, también en base al informe técnico contable, los fiscales informaron un monto total de $ 106.900,00 por “PAGOS ASIMILADOS A PLM”.

Adelanto de penas

Sobre el final del escrito, los fiscales Yedro y Badano elaboran también el adelanto de penas que solicitarán en cada caso. Al respecto, ponderaron en todos los casos “como agravante los elevados montos de las contrataciones, de las dádivas que recibieron y de las ganancias extraordinarias que la empresa contratista recibió a lo largo del periodo investigado”.

Y subrayaron: “Se trataron de sumas millonarias, de alta significación económica, con las cuales comprometieron al Estado Provincial. Destacando que dichos montos tenían previstos sumas exorbitantes destinadas a dádivas a los funcionarios y ganancias extraordinarias a los empresarios, cuya finalidad resultó totalmente ajena a los intereses del Estado, con el consecuente perjuicio económico al erario público”. Y marcaron que “se tuvo en consideración además el período de tiempo durante el que se llevaron a cabo las maniobras”.

Así, informaron que prevén solicitar:

-Para Urribarri, 10 años de Prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, y multa de $540.000 comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.

-Para Cardona Herreros, 9 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, y mismo monto de multa comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.

-Para Smaldone, 5 años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua, multa por $90.000.

-Para Haidar, 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, y multa de $540.000 comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.

-Para Erbes, 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación especial perpetua, y multa de $360.000 comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real.

-Para Ulrich, 4 años y seis meses (6) de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, y multa de $360.000, comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real.

-Para Flores, 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua, y multa de $90.000.

Las maniobras

Como ya había informado ANÁLISIS, se investigan los siguientes hechos:

Primer hecho

En la primera operación con Relevamientos Catastrales hubo 3.200.000 pesos de sobreprecio a distribuir entre funcionarios y directivos de la firma, como los casos de Jorge Zanabone, Alfonso Campitelli, Guillermo Linares y la abogada Miriam Fessia. Es decir, se destinó algo más de un millón de dólares a distribuir (en ese entonces el dólar estaba 3,17 pesos), de una operación con el Estado de 3.218.000 dólares o 10.201.060 pesos, en peso argentino de 2008. O sea, un 25 por ciento más en la contratación, por el sobreprecio acordado. Estos últimos directivos mencionados tuvieron activa participación, ya en septiembre de 2007, en la confección de los pliegos de bases y condiciones, para lograr de esa manera ventajas claramente comparativas con relación a empresas competidoras de la licitación, como así también en la preparación del presupuesto oficial de la contratación.

Quienes llevaron adelante el trámite de la licitación pública fueron el entonces director General de Informática, Carlos Haidar y el director general de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich, quienes contrataron un “servicio de administración de recursos humanos que permitiera generar un legajo electrónico único, descentralización operativa (interconectado vía web), un módulo liquidador adaptable a múltiples escalafones (diferente normativa), la administración de múltiples beneficiarios, compatibilidad con el SIAF, el rediseño de circuitos administrativos y de documentación, y la generación de reportes”.

Los sobreprecios percibidos entre gobernador, funcionarios y directivos -según las anotaciones y documentación hallada en el estudio de Cardona Herreros- fueron cobrados entre mayo de 2008 y diciembre de 2010, como había consignado en agosto del año pasado el programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral).

Segundo hecho

En el segundo hecho, lo que se buscó fue lograr una prórroga de la contratación de Relevamientos Catastrales, para generar otro sobreprecio, que se abonaría nuevamente a los funcionarios. Esto se logró a partir de enero de 2010, aunque se falsearon fechas, para dar por iniciado el trámite en 2009.

La suma mensual cotizada por la empresa del empresario Cardona Herreros ascendió a 285 mil pesos mensuales (casi 90 mil dólares), por ocho meses.

La prórroga de ocho meses se habría computado a partir de diciembre de 2009, cuando en realidad la misma era gestionada en febrero de 2010, con lo que se habría producido un incremento patrimonial adicional para la empresa y los funcionarios, por el cobro de meses que no implicarían contraprestación alguna.

Lo que se acordó con los funcionarios provinciales fue una sustracción equivalente a un sobreprecio de 135 mil pesos mensuales, de los cuales los funcionarios percibirían una suma equivalente 105 mil pesos mensuales en concepto de sobornos, siendo el resto distribuido entre los integrantes de la empresa.

Dichas sumas fueron cobradas entre abril y septiembre de 2010. Es decir, que distribuyeron más de 33 mil dólares por mes.

Tercer hecho

En el tercer hecho investigado por los fiscales Yedro y Badano, se tramitó una nueva contratación con la empresa de Cardona Herrero, desde el 11 de agosto de 2010, con la finalidad parcialmente ficticia de que la provincia adquiriera nuevos desarrollos técnicos relacionados al software de la Licitación de enero de 2008, por un tiempo de diez meses, con una cotización de 180.290 pesos por mes.

Esto es algo así como 57 mil dólares mensuales de ese tiempo. En esta negociación, además de los mencionados Haidar y Ulrich, tomó intervención la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía que conducía Diego Valiero, quien aconsejó encuadrar la contratación en la vía de excepción por contratación directa e intervino el Contador General de la Provincia, Aurelio Oscar Miraglio.

Miraglio emitió el dictamen 900, fechado el 9 de noviembre de 2010, dando curso a la tramitación. Por el Decreto 4.437 del Ministerio de Economía del 17 de noviembre de 2010 se concretó la adjudicación por contratación directa.

Así, se estableció una ejecución en diez meses, por el monto mensual de 180.290 pesos, sobre el cual, se había acordado una sustracción equivalente a 30 mil pesos mensuales que sería abonada a los funcionarios como contraprestación por sus asistencias funcionales favorecedoras para el empresario. Durante diez meses, se distribuyeron casi 9.500 dólares mensuales de soborno.

Cuarto hecho y quinto hecho

El cuarto hecho investigado por el Ministerio Público Fiscal se registró en 2011. Era colateral de lo iniciado en 2008, por la contratación de un servicio de soporte diario de “administración de base de datos” y mantenimiento técnico de los sistemas de la Dirección General de Informática y de la Dirección de Ajustes y Liquidaciones.

Los funcionarios Haidar y Ulrich elaboraron el presupuesto oficial, estimándolo en 250 mil pesos mensuales (unos 80 mil dólares de entonces), por 18 meses con opción de prórroga por parte de la Provincia por otros 18 meses más.

Es decir, en 18 meses, le iba a costar a la provincia cerca de 1.500.000 dólares. Eso contempló un sobreprecio que se convertirían en pago de sobornos a los funcionarios, por al menos 67 mil pesos mensuales, que se distribuyeron 21.135 dólares por mes entre los involucrados.

En virtud de esta contratación, la Provincia de Entre Ríos pagó a la firma “Relevamientos Catastrales2 la suma aproximada de 17.734.249,40 de pesos tan sólo entre marzo de 2012 y febrero de 2015. Es decir, más de 5.600.000 de dólares, se denunció también en agosto del año pasado en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral).

Hubo un hecho número cinco en estos negocios del empresario Cardona Herreros con el Ministerio de Economía de la provincia. Fue en una licitación en 2015, es decir, el último año de gobierno de Sergio Urribarri, el principal beneficiado de estas maniobras.

Esta vez fue la contratación de Consultoría Técnica Informática de soporte y asistencia del sistema de administración de Recursos Humanos y Liquidaciones que estaba en uso. Haidar elaboró un presupuesto estimado para una contratación de 12 meses con opción de la provincia de prórroga por otros seis meses más, en 400 mil pesos mensuales.

La empresa Relevamientos Catastrales resultó adjudicada por un decreto de Urribarri y Valiero, con su oferta de 652.800 pesos mensuales (un monto total por 12 meses de 7.833.600 pesos, sin contabilizar la opción de prórroga), en la cual se preveían aproximadamente 130 mil pesos mensuales como sobreprecios, los cuales a la postre serían distribuidos entre los funcionarios en concepto de sobornos.

Lo saliente de todo esto es que Ulrich y Haidar recibían, aparte, desde la empresa, cinco mil pesos mensuales, que incluso fueron depositados en sus cuentas bancarias.

Último hecho

El sexto hecho investigado por los fiscales Yedro y Badano salió de la órbita del Ministerio de Economía. Esta vez fue con el Ministerio de Trabajo, que comandaba Guillermo Smaldone, hijo del vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Juan Smaldone y amigo personal de la familia Urribarri.

El favorecimiento a las empresas contratistas de Diego Armando Cardona Herreros se concretó nuevamente a través de la Licitación Pública 84/13.

Nuevamente como única oferente, la firma “Relevamientos Catastrales SA” realizó una oferta económica que ascendía a 550 mil pesos mensuales, por los 36 meses de contratación, y un monto total de 19.800.000 pesos.

De acuerdo a lo investigado, se estipuló un sobreprecio de aproximadamente 155 mil pesos mensuales, monto que era luego abonado a los funcionarios intervinientes en el trámite como contraprestación ilícita por la realización de tareas propias de sus cargos a favor de la firma, así como una ganancia extraordinaria para los empresarios.

Sobreseimiento

Los fiscales solicitaron este martes, como se dijo, la elevación a juicio de la causa, y cabe mencionar que el juez Mayer en esta misma jornada sobreseyó al exgobernador Sergio Urribarri y exfuncionarios de su Gobierno Carlos Haidar y Miguel Ulrich. No obstante, los fiscales adelantaron que apelarán la decisión.

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