Novedades

Fracasa la ofensiva contra la Justicia

Ni el malhumor social que coloca a la paz social en el peligroso territorio de la duda preocupa tanto a Cristina Kirchner como el Consejo de la Magistratura

Ni la brutal escalada inflacionaria que podría poner en apuros hoy al Gobierno, cuando se conozca el índice de precios de marzo. Ni la falta del imprescindible gasoil para el campo, que compromete seriamente la producción del único sector de la economía que produce cantidades importantes de dólares en un país sin dólares. Ni el malhumor social que perciben todas las mediciones de opinión pública y que coloca a la paz social en el peligroso territorio de la duda. Nada de eso preocupa tanto a Cristina Kirchner como el Consejo de la Magistratura, cuya integración actual (ideada por la actual vicepresidenta cuando era senadora) fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Hoy será el último día hábil para que esa integración inconstitucional intente el nombramiento de cinco jueces federales (dos camaristas y tres jueces de primera instancia) en cargos que están vacantes en el crucial edificio de Comodoro Py, que es donde se juzgan los delitos de la corrupción política. El viernes 15, feriado por Semana Santa, vencerá el plazo que la Corte les dio al Poder Ejecutivo y al Congreso para que acuerden una ley con una nueva integración del Consejo, que deberá respetar la composición proporcional que manda la Constitución. No hubo acuerdo hasta ahora para sancionar esa ley.

La buena novedad es que tampoco el oficialismo tendrá los votos de los dos tercios del Consejo, necesarios para nombrar o para destituir a los jueces. De los 13 miembros actuales, seis corresponden a la oposición. El oficialismo necesita de dos de esos votos opositores para llegar a los nueve votos que conforman los dos tercios. Tiene solo siete votos. El juez Juan Culotta, que no forma parte del oficialismo, era el más interesado en cubrir las muchísimas vacantes existentes en los distintos fueros de la Justicia. Es el mandato que tiene como representante de los magistrados, porque esas vacantes son un problema real y tangible para la correcta administración de justicia. Culotta intentó comenzar el proceso con la confección de ternas de jueces de Familia o del fuero civil.

Ni la brutal escalada inflacionaria que podría poner en apuros hoy al Gobierno, cuando se conozca el índice de precios de marzo. Ni la falta del imprescindible gasoil para el campo, que compromete seriamente la producción del único sector de la economía que produce cantidades importantes de dólares en un país sin dólares. Ni el malhumor social que perciben todas las mediciones de opinión pública y que coloca a la paz social en el peligroso territorio de la duda. Nada de eso preocupa tanto a Cristina Kirchner como el Consejo de la Magistratura, cuya integración actual (ideada por la actual vicepresidenta cuando era senadora) fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Hoy será el último día hábil para que esa integración inconstitucional intente el nombramiento de cinco jueces federales (dos camaristas y tres jueces de primera instancia) en cargos que están vacantes en el crucial edificio de Comodoro Py, que es donde se juzgan los delitos de la corrupción política. El viernes 15, feriado por Semana Santa, vencerá el plazo que la Corte les dio al Poder Ejecutivo y al Congreso para que acuerden una ley con una nueva integración del Consejo, que deberá respetar la composición proporcional que manda la Constitución. No hubo acuerdo hasta ahora para sancionar esa ley.

La buena novedad es que tampoco el oficialismo tendrá los votos de los dos tercios del Consejo, necesarios para nombrar o para destituir a los jueces. De los 13 miembros actuales, seis corresponden a la oposición. El oficialismo necesita de dos de esos votos opositores para llegar a los nueve votos que conforman los dos tercios. Tiene solo siete votos. El juez Juan Culotta, que no forma parte del oficialismo, era el más interesado en cubrir las muchísimas vacantes existentes en los distintos fueros de la Justicia. Es el mandato que tiene como representante de los magistrados, porque esas vacantes son un problema real y tangible para la correcta administración de justicia. Culotta intentó comenzar el proceso con la confección de ternas de jueces de Familia o del fuero civil.

Al oficialismo no le interesan esos despachos de los tribunales. O empezaban por los jueces que investigan la corrupción política o ni siquiera estaba dispuesto a hablar. La otra incógnita era la senadora por Jujuy Silvia del Rosario Giacoppo, cuyo referente político es el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales. Giacoppo no votará con el oficialismo. Morales no es un recién llegado a la política. Sabe que si Giacoppo votara junto con el Gobierno luego se hablará más de él que de la senadora. Una cosa es tener diálogo con el Gobierno y otra cosa es ayudar a la designación de esperpentos en los tribunales más destacados (y con más poder) del país.

Nunca antes hubo una lista de candidatos con tan poca calidad jurídica como la que esta vez elaboró el oficialismo para cubrir las vacantes de jueces federales. ¿Ejemplo? Uno de los candidatos para ser designado juez federal es el fiscal de Justicia Legítima Leonel Gómez Barbella, quien en su momento pidió la indagatoria (con riesgo de procesamiento y hasta de prisión) del entonces director de LA NACIÓN Bartolomé Mitre y los máximos directivos de Clarín Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto. Fue por una causa armada por el kirchnerismo por la compra en la década del 70 de Papel Prensa a la familia Graiver por parte de los diarios LA NACIONClarín y La Razón. El gobierno de Cristina Kirchner acusaba a esos editores de delitos de lesa humanidad. El juez Julián Ercolini terminó sobreseyendo de culpa y cargo a Mitre, a Herrera de Noble y a Magnetto. Mucho antes, el único heredero viviente que participó de la compraventa de Papel Prensa, Isidoro Graiver, hermano de David Graiver, quien murió en un accidente de aviación, declaró públicamente que se había tratado de una “operación normal” entre empresarios y que no hubo ni presión ni, mucho menos, delitos de lesa humanidad para que la familia Graiver vendiera la empresa. Gómez Barbella nunca tuvo en cuenta el único testimonio que le hubiera servido para archivar el caso. El mandato que recibió del kirchnerismo era perseguir a los principales editores periodísticos del país. Cumplió. El premio era el juzgado federal que ahora se le escapa de las manos.

Los otros dos cargos clave son los de los camaristas que reemplazarían a los famosos jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Los hizo famosos el kirchnerismo cuando intentó reemplazarlos por la fuerza como jueces subrogantes de la Cámara Penal Federal, la decisiva instancia que revisa las resoluciones de los jueces federales, las confirma, las cambia o las anula. La Corte Suprema de Justicia decidió confirmar a Bruglia y a Bertuzzi en sus cargos hasta la designación de los jueces titulares. El cristinismo intenta en estas horas nombrar a esos jueces titulares para eyectar de Comodoro Py a Bruglia y a Bertuzzi. La Cámara Federal está integrada por dos salas. Una sala está conformada por tres jueces intachables: Mariano Llorens, Bruglia y Bertuzzi. Llorens es actualmente el presidente de toda la Cámara Federal. La otra sala está integrada por los jueces Martín Irurzun, uno de los jueces más prestigiosos de Comodoro Py, por Eduardo Farah y por Roberto Boico. Farah volvió a la Cámara Federal con el regreso del kirchnerismo en 2019. Es el único juez que en la historia aclaró públicamente que no había cobrado sobornos para liberar a los empresarios kirchneristas Cristóbal López y Fabián de Sousa. Luego de hacer eso pidió el traslado a un juzgado oral bonaerense. Volvió a la Cámara Federal poco después del retorno del peronismo kirchnerista en 2019. El otro juez que firmó esas polémicas libertades fue Jorge Ballestero, que terminó renunciando al cargo. Boico es el juez que acaba de decir en un seminario en Brasil que Cristina Kirchner es una víctima del lawfare, esa creación cristinista para decir que nadie robó, aunque la plata no está. Un juez bueno como Irurzun está, como se ve, en minoría en su sala. Si los seguidores de Cristina Kirchner lograran nombrar a los reemplazantes de Bruglia y Bertuzzi, otro juez bueno, Llorens, también quedaría en minoría en la otra sala de la Cámara Federal. El cristinismo habrá logrado, en ese caso, la colonización definitiva de la Cámara Federal. Todo indica que eso no sucederá.

Si bien existe la legalidad de las decisiones del Consejo de la Magistratura hasta el próximo viernes, la pregunta necesaria es si sus decisiones más importantes, como la selección de jueces, es legítima después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional su actual integración. No sería legítima, aunque fuere legal. La ofensiva de los últimos días del oficialismo para cubrir los cargos de jueces que investigan la corrupción política indica que la impunidad es la única razón de existir del cristinismo. No intenta una revolución; ni siquiera se propone solucionar los problemas más elementales de una sociedad impaciente y fatigada. El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, hermano del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, es un hombre bien visto por los opositores en el propio Consejo. Pero Ustarroz es impotente. “Le perforan la línea”, suelen explicar cerca de él. ¿Qué significa eso? Que otros políticos cristinistas llegan directamente a Cristina Kirchner con las peores propuestas para el Consejo de la Magistratura, y la vicepresidenta las hace propias. Uno de esos políticos que “perforan la línea” sería Leopoldo Moreau.

A pesar de todo, el cristinismo no cesa. Ya que no podrá seleccionar jueces en la sesión de hoy, quiere cambiar el reglamento. A partir del próximo lunes, los integrantes del Consejo serán 20 (ahora son 13) por decisión de la Corte Suprema, que ordenó que vuelva a regir la ley que existía hasta 2006, cuando la entonces senadora Cristina Kirchner la cambió. El oficialismo en el Consejo aspira a que por reglamento la mayoría siga siendo de siete miembros y no de once, como corresponderá. ¿Por qué lo hace? Solo para darse el gusto de desconocer las decisiones de la Corte Suprema. Nada más. La mayoría simple no puede seleccionar ni destituir jueces. Sirve solo para que el Consejo pueda sesionar o para aplicarles sanciones menores a los jueces. La información que se maneja en el Consejo es que la Corte reaccionará severamente contra una decisión de esa naturaleza. No se descartan hasta denuncias penales contra los consejeros que voten esa modificación que comprometería la nueva e inminente integración del organismo. Los seis consejeros de la oposición votarían en contra de semejante dislate.

Cristina Kirchner tiene un problema antiguo con su lectura de la Constitución, con su percepción de lo que debe ser la Justicia y con su proyecto final para el Consejo de la Magistratura. Ya en 2013 imaginó una reforma judicial, que llamó pomposamente “democratización de la Justicia”. El proyecto de ley, aprobado por el Congreso que era una mera escribanía de la entonces presidenta, incluía entre otros desvaríos la elección popular directa de los miembros del Consejo de la Magistratura. Ahora, cada estamento (jueces, abogados, académicos) elige en elecciones internas sus propios representantes, que es lo que mejor expresa una “representación proporcional” de cada sector. Solo los representantes del Congreso son elegidos popularmente, aunque luego deben ser seleccionados por los bloques del oficialismo y de la oposición. Aquel proyecto de “democratización de la Justicia” fue también declarado inconstitucional por la Corte Suprema. Desde entonces, Cristina Kirchner cultiva una furia obsesiva contra el máximo tribunal de justicia del país. Hace poco, ese mismo tribunal declaró inconstitucional la integración del Consejo que ella impuso en 2006. El problema no es la Corte; el conflicto es de Cristina con la Constitución y con las instituciones que gobiernan el sistema político. El problema es de ella en guerra contra un tribunal que se niega a ratificar la caducidad del Estado de Derecho.

compartir