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Hernán Orduna prestó declaración por la causa UPM ex Botnia

Tras la audiencia informativa pública que se realizó en junio pasado en el Centro Municipal de Convenciones, el juez Federal de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, Hernán Viri, ordenó que se dispusieran una serie de medidas solicitadas por el fiscal federal Francisco Grego en la causa por denuncia ambiental contra la empresa UPM (ex Botnia) y que data desde 2006.

Entre ellas, se citó a Hernán Orduna que es delegado argentino ante la Comisión Administradora del Ríos Uruguay [CARU]para que testifique sobre el contrato de la pastera y sus apreciaciones en aquella audiencia pública.

La declaración se produjo durante este miércoles a la mañana en la sede de San Martín al 800 del Juzgado durante un par de horas, confirmaron fuentes judiciales a este medio.

Viri busca conocer “el contenido del contrato entre la ex Botnia, hoy UPM y el gobierno de Uruguay”, aunque desde la presidencia del vecino país se niegan a entregar ese legajo aduciendo que violaría la “seguridad interna” de su Nación.

Tanto los funcionarios como dirigentes políticos enfatizaron en la audiencia del 16 de junio que la República Oriental del Uruguay violó en forma reiterada el Digesto del Río Uruguay, también remarcaron las negativas a publicar datos sobre las auditorias y monitoreos a la planta de celulosa por parte de la Delegación del vecino país ante la CARU.

En aquella oportunidad, Hernán Orduna, el delegado argentino de CARU, fundamentó que “se violó el Digesto del Río Uruguay por el vecino país. Las eventuales modificaciones que se hicieron fueron disminuyendo las exigencias técnicas fijadas en 1990 y eso no se podía hacer, pero Uruguay por decreto lo hizo”.

Pero el punto central fue el planteo que durante este año no hubo controles ambientales a Botnia. Orduna ejemplificó que “la planta UPM vuelca al Río Uruguay como efluentes cinco veces más que toda la ciudad de Fray Bentos, es decir, UPM tira al río lo mismo que demandarían cinco ciudades juntas”.

Orduna marcó también los incumplimientos por parte del Uruguay del fallo del Tribunal Internacional de La Haya del 20 de abril de 2010. «Hubo una serie de obstrucciones por parte de la República Oriental del Uruguay para la ejecución de la sentencia. Hubo intentos en la CARU de acordar una ejecución, pero se negaban a que se haga control sobre la empresa Botnia», recordó.

Por esas declaraciones le solicitaron al funcionario de CARU ampliar sus afirmaciones a fin que el juez pueda proseguir la investigación sobre una eventual contaminación al río por parte de la empresa radicada en Fray Bentos. R2820

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