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El Gobierno de Entre Ríos ha dictado una resolución sin precedentes en la administración pública provincial al intimar a un empleado del Ministerio de Salud a reintegrar una suma millonaria por acumular decenas de inasistencias injustificadas y abandono de servicio.
Se trata del agente Diego Alberto Figueroa, quien se desempeñaba en la División Concurso de la cartera sanitaria, y a quien se le exige la devolución de $8.401.477,96 más intereses, correspondientes a haberes percibidos durante sus ausencias en los años 2024 y 2025.
Inasistencias reiteradas y abandono de Servicio
La drástica medida fue publicada en el Boletín Oficial Nº 28.208 y se enmarca en la aplicación de la Ley Nº 9755 de Empleo Público Provincial. Según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud, el sumario administrativo determinó que Figueroa incurrió en “inasistencias y abandono de servicio”, causales de cesantía según el Artículo 71° de la normativa.
La investigación interna reveló que el agente no justificó un total de 56 faltas registradas a lo largo de 2024, una conducta que se habría repetido durante los primeros meses del corriente año (2025). La ley provincial es clara:
- Las inasistencias injustificadas que excedan los diez días continuos o discontinuos en un período de doce meses son causa de cesantía.
- El abandono de servicio se consume al acumular más de cinco faltas continuas sin justificación.
Plazo perentorio y advertencia Judicial
El decreto provincial establece un plazo perentorio e improrrogable de 30 días desde la notificación para que Figueroa proceda a la devolución de los $8.4 millones.
En un claro mensaje de firmeza, la resolución advierte que, de no cumplirse con el reintegro, la Fiscalía de Estado será facultada para iniciar las acciones judiciales pertinentes, incluyendo la ejecución judicial de la deuda, con los consecuentes gastos y honorarios.
Una señal de firmeza en la Administración Pública
Esta decisión ha sido interpretada dentro del ámbito estatal como una advertencia crucial sobre el control del presentismo y el uso responsable de los recursos.
Desde el Ministerio de Salud se indicó que la medida busca preservar el correcto funcionamiento del servicio público y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente en áreas sensibles como la salud, donde la presencia del personal es vital.
Además del reintegro económico, el expediente sumarial podría derivar en la cesantía definitiva del agente, cerrando un caso que marca un precedente en la lucha contra el ausentismo injustificado en la administración pública entrerriana.
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