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La Cámpora se despega de la segmentación de tarifas y pide “que lo explique Martín Guzmán”

Los funcionarios que reportan a Cristina buscan que el ministro se haga cargo del impacto que tendrá el nuevo esquema.

En un contexto de extremo hermetismo y con especial cuidado para no caer en una puja en off the record como la que protagonizó Matías Kulfas y determinó su salida del Gobierno, los funcionarios que reportan a Cristina Kirchner en el área de Energía decidieron despegarse del anuncio que hizo la Casa Rosada este jueves, en el que se decidió que quienes ganen más de 333.000 pesos o tengan más de tres propiedades a partir del próximo mes se quedarán sin subsidios y pagarán la tarifa plena de luz y gas.

«Que lo explique Guzmán», fue el mensaje que replicaron desde los despachos de La Cámpora, cuando comenzaron a recibir consultas a partir del adelanto que dio la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en su habitual conferencia de prensa, y luego de la publicación del decreto de Alberto Fernández en el Boletín Oficial.

La postura de los dirigentes kirchneristas se explica en que la segmentación definida por el Gobierno para cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional fue obra del subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, el dirigente de mayor confianza que tiene Guzmán en el área. «Nosotros no tuvimos nada que ver, fue todo de ellos», se desmarcan.

Aunque en el organigrama López Osornio depende directamente del secretario de Energía, Darío Martínez, no fue el ultrakirchnerista neuquino quien intervino en el nuevo esquema. De hecho, el plan no contempla la territorialidad, un eje clave que La Cámpora había incluido en la propuesta que le hizo en diciembre pasado a Guzmán.

Segmentación K

El plan que dejó trascender en ese momento el kirchnerismo como respuesta a la acusación de sectores albertistas que apuntaban a Martínez, a su subsecretario, Federico Basualdo, y al interventor del Enargas, Federico Bernal, por presuntamente no querer avanzar con la segmentación, se enfocaba a 487 mil usuarios residenciales del Área Metropolitana de Buenos Aires y otras zonas del país.

A partir de un estudio realizado entre el Enre y el Conicet sostenían que habían relevado el 80 por ciento de una base de datos de más de 16 millones de personas y que estaban en condiciones de determinar quienes estaban capacitados para pagar el costo pleno de la energía. Pero la idea era arrancar con recortes a los subsidios en tres cuartas partes de la Ciudad de Buenos Aires y en apenas algunas zonas del Gran Buenos Aires, en su mayoría en municipios gobernados por Juntos por el Cambio.

El estudio no conformó a Alberto Fernández ni a Guzmán, quien instruyó a López Osornio a descartar de plano ese informe y elaborar uno propio.

En el kirchnerismo defienden aquel plan y aseguran que preveía una «rápida instancia» de incorporación de usuarios excluidos del recorte de subsidios en zonas en las que había una quita, con el objetivo de evitar casos injustos. Esto estaba enfocado en atender al amplio universo de inquilinos que no cuentan con la titularidad del servicio a su nombre.

Segmentación Guzmán

En cambio, el decreto firmado por el Presidente define la caída íntegra de los subsidios a partir del mes de junio pero hasta fin de año habrá un proceso de adecuación gradual.

Se establecerán tres grupos de usuarios en función de quienes se inscriban en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y de ahí en más se determinará si, en efecto, deberán pagar el total de la tarifa («Nivel 1, Mayores Ingresos»), o aquellos que tendrán el beneficio de que su factura aumente hasta el 80 por ciento del Coeficiente de Variación Salarial («Nivel 3, Ingresos Medios») ó quienes mantendrán la tarifa social, con hasta un 40% de incremento según el CVS («Nivel 2, Menores Ingresos»).

Así, será el usuario el que avalará la información para justificar sus ingresos y, en consecuencia, que cumple con los requisitos que pretende el Gobierno. La Cámpora, en cambio, pedía entrecruzamiento de datos fiscales por parte del Estado, lo que habría la puerta a un debate ante la posibilidad de que el plan sea impugnado por la Justicia.

A través de López Osornio, ese Registro estará a cargo de Guzmán, quien es consciente de que el éxito en la aplicación del plan determinará buena parte de su futuro como ministro. Sucede que el recorte de subsidios es una de los compromisos que asumió con el FMI y al mismo tiempo un error en la implementación puede tener derivaciones políticas dentro del Frente de Todos.

Al cabo, este punto fue también motivo del duro enfrentamiento de Kulfas, otro albertista, con los K. «El equipo de la Secretaría de Energía, que se fuera desplegando desde los entes reguladores, no hizo más que alimentar un sistema nefasto de subsidios», explotó el ex ministro de Desarrollo Productivo en su carta de renuncia, blanqueando que, como dejaban trascender en off, eran los funcionarios que se alinean con Cristina quienes frenaban el avance de la segmentación.

Los funcionarios K, que rechazaron las acusaciones de Kulfas, por el momento no saldrán a criticar abiertamente la segmentación. Pero, ante un contexto en el que podrían surgir desigualdades, reafirman: «Nosotros no lo hicimos, no lo vamos a defender. Que lo haga Guzman.

 

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