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La Casa Rosada aceptó nuevos cambios que pedían los gobernadores y hay principio de acuerdo por la Ley Ómnibus

El oficialismo no tocará el polémico artículo de retenciones, pero accedió a saldar deudas de cajas provinciales con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y coparticipar el blanqueo, entre otros puntos. La oposición dialoguista analiza firmar el dictamen con disidencias. El plenario se pospuso hasta las 20.30

Las interminables negociaciones entre el Gobierno y la oposición dialoguista (PRO y Hacemos Coalición Federal) habrían llegado a un punto de acuerdo después de las tensiones que se suscitaron al filo del plenario de comisiones convocado para esta tarde, donde el oficialismo aspira a obtener dictamen de mayoría para el proyecto de Ley Ómnibus. El Gobierno comunicó esta tarde a la oposición que aceptará hacer nuevas modificaciones al texto de la Ley Ómnibus, y el oficialismo se encamina a firmar un dictamen unificado con los sectores dialoguistas.

El principio de consenso tuvo lugar esta tarde, luego de una reunión secreta que mantuvieron en la Casa Rosada esta mañana el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el principal estratega libertario y mano derecha de Javier Milei, Santiago Caputo. En ese encuentro, el mandatario de Pro les transmitió a los funcionarios del Gobierno algunas propuestas consensuadas con los otros líderes provinciales para destrabar el acuerdo.

Unas horas después, en la previa del plenario de comisiones convocado para hoy a las 18, el Gobierno hizo llegar su respuesta: accedería a los nuevos pedidos, excepto en lo referente a retenciones. Y la oposición se comprometió a respaldar el proyecto, aunque votará en disidencia en ese punto.

La semana pasada, el oficialismo había aceptado eliminar todos los tributos a las economías regionales, como les exigían los gobernadores. Y en la Casa Rosada estaban convencidos de que, después de ceder en esa parte, tendrían apoyo para mantener intacto el incremento a las retenciones a la soja, el trigo y el maíz, una de las claves para subir la recaudación y contribuir a cumplir la meta de Javier Milei llevar a cero el déficit fiscal. Pero anoche, los gobernadores les manifestaron que no los respaldarán a menos que también anulen el último, controversial eje del agro. Y esta mañana, Frigerio, además de insistir con la posición de firmeza, pidió que, en lugar de subir esos tributos, avancen sobre los regímenes tributarios especiales.

El encuentro se produjo en secreto, temprano, en el despacho de Francos. En calidad de delegado de los mandatarios del interior, Frigerio le propuso al ministro político de Milei que elimine cualquier gasto tributario de los más de 30 regímenes especiales y con exenciones impositivas que hoy tienen privilegios y que -según sus cálculos- representan un 4.5% del PBI, lo cual representaría una revisión del conjunto de gastos y beneficios impositivos de distintas empresas y sectores del sector privado.

La propuesta no es nueva. El bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto, Hacemos Coalición Federal, que está trabajando prácticamente en tándem con el PRO e Innovación Federal, ya lo había sugerido al Gobierno como una opción alternativa al incremento de los derechos de exportación. Pero hoy ese ofrecimiento se generalizó al resto de los gobernadores, incluidos los del PRO. “Es una condición ineludible para acompañar el dictamen de mayoría del Gobierno, tanto de la UCR como Hacemos”, dijeron desde el bloque de gobernadores.

Finalmente, el oficialismo se negó a eliminar del todo las retenciones, a pesar de que no tiene los números para aprobarlo en el recinto. Un alto funcionario muy cercano a Milei aseguró que “prefieren perder” antes que seguir cediendo, sobre todo en el corazón mismo de la iniciativa. “Primero eran las economías regionales, ahora son los cereales”, lanzan a medida que los opositores corren el arco.

“El oficialismo sabe que lo de retenciones se va a caer en el recinto”, sintetizó un diputada a la salida de una reunión entre miembros de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.

Entre los puntos que tuvieron el visto bueno se destacan el pedido de los gobernadores para que se coparticipen con las provincias los fondos provenientes del blanqueo.

Los mandatarios propusieron modificar el segundo párrafo del Artículo 164° del proyecto de ley “Bases”, con el objetivo de eliminar de la asignación específica lo producido del Impuesto Especial de Regularización destinada a la capitalización del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En el texto se destaca que las provincias atraviesan una desafiante situación fiscal y financiera, que se agravará por el recorte en las transferencias federales de carácter no automático (estimado en 0.5% del PBI), el impacto de la suba del tipo de cambio sobre los servicios de intereses en moneda extranjera y la pérdida de recursos coparticipables derivada de la implementación de la Ley 27.725, que implicará una pérdida anual para las 24 jurisdicciones de $1.69 billones en base a las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

En tanto, pidieron que el Poder Ejecutivo cumple con el fallo de la Corte Suprema y destrabe los fondos de la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, no se eliminarán Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (FFDP) y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR).

Respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, los mandatarios propusieron la transferencia de sus activos al Tesoro Nacional y facultar al Poder Ejecutivo Nacional a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de la misma. El traspaso se haría compensando las deudas de las provincias con el FGS y garantizando los flujos que permitan hacer frente a las compensaciones anuales por las cajas jubilatorias no transferidas de las provincias que aún no lo hicieron, entre las que se encuentran Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.

Los mandatarios también exigieron sustituir el artículo 10 de la Ley N° 26.075, con el objetivo que sea el Consejo Federal de Educación -en consulta con los Ministerios de Economía nacional, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, y también con el asesoramiento de una comisión del Consejo Federal de Inversiones- quien acuerde el salario mínimo docente junto con la representación nacional de los gremios docentes y con las entidades representativas de las instituciones de educación pública de gestión privada. Al respecto, cada provincia y CABA acordarán según corresponda las condiciones laborales, el calendario escolar, la escala salarial y la carrera docente.

La oposición dialoguista entró en una nueva ronda de reuniones frenéticas para terminar de consensuar una posición, que  se encamina a firmar el dictamen del oficialismo con disidencias. Esto permitiría alzarse con el dictamen de mayoría, relegando a Unión por la Patria y la izquierda, que impulsan el rechazo total. En principio, el plenario de comisiones previsto para las 18 se pospuso hasta las 20.30.

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