La hipótesis de ataques “piraña” puso en alerta a las Estaciones de Servicio

Los últimos acontecimientos que se sucedieron en el interior del país donde más de 50 individuos montados en motocicletas irrumpieron en supermercados y locales comerciales con intención de robo masivo, causó la preocupación entre los expendedores de combustibles, que recordaron hechos similares sufridos en el pasado.

El temor de los estacioneros por ser víctimas de ataques de grupos de motociclistas resurgió en los últimos días, cuando se comenzaron a dar a conocer chats de WhatsApp de personas que convocaban a cometer robos y saqueos contra comercios grandes, medianos y chicos. Algunos de esos mensajes eran reenvíos de audios de personas que “agitaban”; otros eran de presuntos grupos radicalizados.

Inmediatamente, los referentes de las bocas de expendio de combustibles consultados por surtidores.com.ar, coincidieron en recordar el siniestro sufrido por una expendedora de combustibles en Paraná donde 40 jóvenes motociclistas cargaron intempestivamente nafta desde los surtidores, además de robarles a los clientes y playeros, como también otro del 2017 en Mendoza, dejando expuesta a la tienda de conveniencia que recibió destrozos y saqueo de mercaderia

En aquella oportunidad, algunas compañías habían difundido entre los integrantes de su red de operadores una serie de recomendaciones, reconociendo que si bien hasta el momento las consecuencias no habían sido graves, estos tipos de eventos tienen la potencialidad de generar un golpe más severo en las personas y los activos.

En ese sentido hacían especial hincapié en la capacitación exhaustiva del personal para evitar reacciones negativas y peligrosas ante estos grupos de atacantes, sugiriendo retirar lubricantes de la playa durante los fines de semana y horarios nocturnos para prevenir incidentes y asimismo, recordar la importancia de mantener todas las cámaras de vigilancia en funcionamiento óptimo.

Existe de hecho, un protocolo de cuatro pasos para enfrentar siniestros de este tipo, que comienza con el corte de la electricidad de los surtidores desde el tablero, impidiendo el uso de paradas de emergencia individuales. Luego, intentar guiar a los clientes a evacuar la estación, mientras que el personal se resguarda en un espacio seguro. En tercer lugar, cerrar la tienda y comunicarse finalmente con las autoridades policiales, registrando el incidente tanto en la comisaría local como a través del número de emergencia 911.

“Una vez que los motociclistas se hayan retirado, se inspecciona la integridad de los surtidores y se guarda la grabación de las cámaras como evidencia. La denuncia formal de los perjuicios, incluso si no se logra identificar a los responsables, es fundamental para establecer un precedente legal”, dicta la operatoria sugerida en su generalidad.

PROYECTOS DE PREVENCIÓN DE MOTOCHORROS EN EL CONGRESO

Por otra parte, surtidores.com.ar, consultó en la Cámara de Diputados al legislador integrante de la Comisión de Seguridad Interior, Manuel Ignacio Aguirre, que propuso una ley para dotar a la policía de un nuevo sistema de móviles, a la vez que cuestionó la estrategia que se implementa en algunas provincias donde la policía utiliza a las Estaciones de Servicio como “postas de reabastecimiento o de guardia”, porque a su entender, la modalidad del delito manifestada en los últimos tiempos requiere que los patrulleros se movilicen constantemente.

Por el contrario, se mostró a favor de que en la medida de las posibilidades quien requiera seguridad adicional dentro de su propio predio, debería hacerse cargo de la misma por su cuenta.

Su iniciativa se basa en la puesta en marcha de combis policiales en las cuales viajen 6 agentes de seguridad en cuadrículas dinámicas, de manera que se genere prevención y disuasión, “ya que este tipo de delitos requiere de movimiento permanente en lugar de policías quietos en una comisaría”, detalló.

Finalmente llamó a reformar el Código procesal penal, el cual data de 1921 y califica al asalto de un motochorro como “arrebato”, lo cual lo pone en condición de ser liberado rápidamente, cuando en realidad deben ser considerados robos agravado, ya que suponen violencia contra las víctimas.