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La queja del CCIS: «La mala política destruye la integración Salto – Concordia»

Mientras que de un lado se hacen anuncios que no se concretan, del otro se toman medidas injustificables. En el medio: dos pueblos que son el mismo desde siempre.

Desde el mismo inicio de la pandemia, con el consecuente cierre de fronteras, en Concordia vivimos una situación anómala: no podemos relacionarnos con nuestros más cercanos vecinos. Porque no hay ciudades más cercanas, y no sólo físicamente, que Concordia y Salto.

Un largo camino de gestiones que encaramos desde el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, han logrado muy pocos avances. Anuncios: muchos; realidades, ninguna. Cuando el gobierno nacional habla de “apertura de fronteras”, lo hace refiriéndose al aeropuerto de Ezeiza o del puerto de la ciudad de Buenos Aires, muy lejos de los pocos metros que nos separan de Uruguay a través del río.

Se habla mucho de incentivar el “turismo extranjero” y nada de las familias que han quedado desmembradas, trabajadores que han perdido sus empleos por vivir “del otro lado del charco”, tratamientos médicos cortados, estudiantes sin poder continuar sus carreras, etc, etc, etc. El vecinalismo, la integración de los pueblos, parecen ser no sólo una utopía sino algo que no les interesa en lo más mínimo a quienes nos gobiernan de uno y otro lado del río.

Anuncios del gobierno argentino han creado falsas expectativas en nuestra ciudad y provincia. En concreto, la provincia de Entre Ríos no tiene “corredores seguros” para el cruce de fronteras ni tampoco se sabe cuándo los tendrá, pero mientras tanto se siguen dando por sentado fechas que no se cumplirán.

Por otro lado tenemos al gobierno uruguayo, lógicamente preocupado por cuestiones cambiarias generadas por la política económica errática que desde hace ya tanto tiempo sufrimos los argentinos, pero que en este caso generan una diferencia monetaria importante, aunque también bastante exagerada en los medios por nuestros vecinos.

Y es por ello que, si bien no tenemos un horizonte claro que precise cuándo se producirá la apertura, estamos muy atentos a las medidas que tomen desde el gobierno uruguayo. Ya hemos sufrido en su momento el “kilo cero”, medida violatoria de los acuerdos del Mercosur, derogada tras años de gestiones de ésta institución y entendemos que si bien es válido proteger al comercio local y tener una política clara de fronteras (algo de lo cual los argentinos en general y los concordienses en particular, carecemos) se deben tomar medidas que sean proactivas y que no vayan en contra de los acuerdos internacionales o, como se anuncia, de la libertad de las personas.

En el día de ayer, el intendente de Salto, Andrés Lima, hizo una serie de anuncios entre los cuales se destaca, para el momento que se produzca la apertura, el haber establecido un protocolo con necesidad de estudios PCR y no poder volver por un mínimo de tres días no por una cuestión sanitaria, sino como él mismo admite, para “cortar con la práctica habitual de la frontera de trasladarse a la provincia de Entre Ríos por unas horas o una jornada para hacer un “surtido” y cargar combustible” y que esto “se termina” porque “cualquier uruguayo que transite a Argentina deberá quedarse un mínimo de tres días en ese país”.

No sólo el intendente desconoce (o ningunea, como nos gusta decir de éste lado) que el puente sobre la represa de Salto Grande es el de mayor tránsito vecinal del Río Uruguay, sino que esto no sólo se debe a que haya salteños que hagan “el surtido” en Concordia sino a la vida en común que hay entre las dos ciudades desde siempre y que las ha hecho complementarias en muchos sentidos que hacen a la cotidianeidad. Integración que queda dañada de muerte con medidas injustificables como ésta.

Usar una restricción sanitaria y de las libertades de sus ciudadanos sólo para tener un supuesto “beneficio comercial” momentáneo y reconocerlo abiertamente, es una afrenta hacia quienes desde hace décadas venimos trabajando en la integración de nuestros pueblos. Un protocolo sanitario que pretende ser una restricción comercial y termina siendo una restricción a las libertades de las personas.

Una frontera que nunca debió cerrarse o, a lo sumo, por muy poco tiempo, permanecerá cerrada indefinidamente por la mezquindad política, algo que abunda a ambos márgenes del “río de los pájaros”.

La integración de los pueblos no es una cuestión de conveniencia temporal: es una convicción.

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