Mattiauda propone regular el uso de celulares en las cárceles mediante inhibidores de señal

Mediante un proyecto de Ley presentado esta semana en la Cámara Baja de
Entre Ríos, el diputado Nicolás Mattiauda (PRO-Juntos por el Cambio), propone
una nueva regulación de las comunicaciones telefónicas de los internos en las
cárceles, mediante la aplicación de inhibidores de señal para el uso de
dispositivos móviles ingresados ilegalmente a las unidades penitenciarias de la
provincia.
Para el legislador de Gualeguaychú, la iniciativa tiene como objetivo lograr
que el Estado brinde respuestas concretas a las diferentes modalidades delictivas
que se llevan adelante mediante la utilización de celulares ingresados
ilícitamente en las cárceles.
El proyecto dispone la “prohibición de las comunicaciones telefónicas a
través de equipos o terminales móviles” de cualquier índole, para lo cual el
Estado deberá proceder “al bloqueo y/o inhibición de toda señal de celulares
dentro de los establecimientos penitenciarios a fin de impedir u obstaculizar el
uso de dichos dispositivos de acuerdo a lo que disponga la reglamentación”.
Además de determinar la cantidad de llamadas que podrá hacer cada interno
semanalmente, la duración de las mismas y la franja horaria en la que deberán
realizarse, la iniciativa propone que las comunicaciones con el exterior se
realicen a través de telefonía fija conectada a un conmutador.
De esta manera, la unidad penitenciaria podrá tener un control respecto a
quién realizó la llamada y duración de la misma, número y relación con la
persona destinataria y si la comunicación se realizó bajo el sistema de cobro
revertido, entre otros aspectos.
La iniciativa de Mattiauda propone que “será obligación de la operadora
llevar registro de la información suministrada por el interno” y que “en todas las
comunicaciones telefónicas procedentes de instituciones carcelarias
dependientes del sistema penitenciario provincial, la operadora deberá
comunicar al receptor que se trata de una llamada proveniente de la misma,
debiendo indicar el nombre del interno respectivo y el número de teléfono
gratuito habilitado para efectuar denuncias ante la eventual comisión de delito”.
Y agrega que en caso de existir sospecha fundada de la posible comisión de
un ilícito realizado mediante comunicaciones telefónicas desde una cárcel, “la
Autoridad Penitenciaria deberá formular denuncia por ante la Autoridad Judicial
correspondiente y simultáneamente iniciará sumario disciplinario conforme a las
pautas establecidas en la normativa legal vigente, debiéndose suspender en
forma preventiva cualquier comunicación telefónica pretendida por el interno,
medida que en ningún caso podrá tener una duración superior a tres meses y

deberá ser comunicada al Juez de Ejecución o Juez competente”.
El proyecto de Ley establece que se designará como autoridad de aplicación
de la medida al Ministerio de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, y que se
autorizará al Poder Ejecutivo a efectuar las modificaciones presupuestarias
pertinentes a los efectos de la adquisición de los equipamientos que permitan el
cumplimiento de la norma.

En los fundamentos de la iniciativa, el legislador del Pro integrante del
interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara Baja, mencionó diversos hechos
irregulares acontecidos por el uso de celulares en las cárceles de la provincia.
Entre ellos, el más reciente es el que se conoció a principio de mes cuando en la
unidad penal de la ciudad de Victoria, penitenciarios descubrieron un pozo de un
metro de profundidad donde los internos escondían dispositivos móviles que
utilizaban, entre otras cosas, para realizar video llamadas.
Mattiauda argumentó además que “se han constatado a nivel nacional,
diferentes modalidades delictivas que son llevadas a cabo mediante celulares
ingresados ilícitamente en los establecimientos penitenciarios. Algunas de estas
modalidades son los secuestros virtuales, las extorsiones a comercios y hogares,
balaceras con distintos objetivos”.
Y agregó: “En función de estas circunstancias, es necesario controlar y
bloquear las señales de telefonía celular e internet desde los establecimientos
penitenciarios, con el objetivo de evitar la organización de ilícitos desde los
establecimientos penitenciarios, siempre sin afectar el derecho a la
comunicación del que deben gozar las personas privadas de su libertad”.
Como comparación con otros países que han dispuesto la utilización de
inhibidores de señal de celular en cárceles para evitar la organización de delitos
desde ese lugar, el diputado provincial mencionó a modo de ejemplo a México,
Ecuador, Brasil, Estados Unidos y España.
“Es absolutamente necesario reglamentar el derecho de los internos a las
comunicaciones telefónicas como mecanismo para poner freno a la recurrente
ola de delitos que padece la sociedad, buscando permanentemente la reinserción
social de quienes se encuentran en establecimientos carcelarios”, puntualizó
Mattiauda en sus fundamentos.
Pedido de informes
Por otra parte, y en el mismo tenor del proyecto mencionado, el diputado
del departamento Gualeguaychú presentó un pedido de informes para que el
Poder Ejecutivo de Entre Ríos responsa diversas cuestiones referidas a la
utilización de dispositivos móviles por parte de los internos en cárceles de la
provincia.
En ese sentido, el legislador quiere saber si “se ha elaborado un protocolo
concretado en la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia, a los fines de
asegurar la efectiva comunicación de los internos durante la pandemia del Covid-
19 y la vigencia del aislamiento social, y si el mismo se encuentra vigente–

implementándose efectivamente- al día de la presentación de este Pedido de
Informes”.
Además, solicitó información respecto a “si los internos siguen haciendo uso
de los dispositivos móviles. De ser así, sírvase explicar en virtud de qué norma o
resolución, brindando copia autenticada de la misma, y si la respuesta es
afirmativa detallar las modalidades de la utilización, servicios a los que tienen
acceso – llamadas, mensajes, conexión a internet, redes sociales, etc. –, como
así también los horarios y lugares en que se les permite hacer uso de los
mencionados dispositivos”.
Otro planteo de Mattiauda referencia el acceso que los internos pueden tener
de dispositivos dotados de conectividad en las áreas de recreación, capacitación
o trabajo y puedan hacer uso de los mismos con autorización del establecimiento
penitenciario.
Y por último quiere saber si “se han instalado en el ámbito de los
establecimientos carcelarios de la provincia inhibidores de señal, para restringir
los horarios en los cuales se puede hacer uso de los mencionados dispositivos
móviles”.