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Como en las legislativas de 2021, las primarias confirmaron que la impostura identitaria e inclusiva -de oficialistas y opositores- no sirve de tapadera a la inacción estatal: son temas que están a años luz de las necesidades, las aspiraciones y los sueños de los argentinos
No se trata sólo de la buena performance de La Libertad Avanza, cuyo líder, Javier Milei, avisó que cerrará el Ministerio de la Mujer, eliminará la ESI (Educación Sexual Integral) y convocará a un plebiscito sobre el aborto, sino que incluso en la interna de Juntos por el Cambio, la candidata que se impuso, Patricia Bullrich, si bien estuvo a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), no sólo no es una figura asociada a los berretines identitarios de moda, sino que no incluyó esos temas en su campaña y además eligió como compañero de fórmula a Luis Petri, diputado radical mendocino que se pronunció claramente contra aquella ley, tanto en 2018 como en 2020.
Alberto Fernández prácticamente no se dedicó a otra cosa que a satisfacer los caprichos identitarios de minorías de minorías. “No gobierno, pero todo lo hago con perspectiva de género”: podría ser la divisa y síntesis de su gestión.
Se inventó una Argentina patriarcal, estructuralmente misógina y racista, para luchar contra lo que no existe, mientras los verdaderos problemas quedaban sin resolver y se iban agigantando y acumulando.
Ahora asustan con la privatización de la educación pero no se hacen cargo de que fue gracias a su pésima gestión que creció descomunalmente la matrícula de las escuelas privadas y que son justamente los malos resultados en lengua y matemática de los chicos en la Argentina los que habilitan a que propuestas descabelladas como la de los vouchers educativos encuentren algún eco.
Ya en las legislativas de 2021 quedó claro que la neolengua inclusiva, el transfeminismo y el no binarismo de género eran ajenos a los intereses de los argentinos.
Evidentemente no se notificaron.
Alberto Fernández se había dado el lujo de someter la legislación y las instituciones del país -un conjunto que debiera ser sólido, coherente y lo más estable posible- a los caprichos de tribus urbanas que tienen más pantalla que arraigo social: una de sus últimas jugadas de campaña en 2021 fue el decreto que habilitó la concesión de documentos de identidad en los que no se consigna el sexo del portador.
Tanto o más grave que la legalización del aborto fue el entusiasmo antinatalista del gobierno: el aborto no es la última opción, como declamaban durante los debates, sino la primera alternativa ofrecida a la mujer de condición humilde. En el fondo promueven la exclusión, bajo la forma de eugenesia social.
No tengo programa económico, no tengo solución para la inflación, no puedo combatir con eficacia el delito, no garantizo la seguridad de los argentinos, no educo; no importa, mientras sea feminista.
Otra contribución a la bronca electoral fue un Ministerio de la Mujer inflado con una planta de más de 1000 empleados que no resolvió ningún problema y en cambio se dedicó a amplificar un discurso andrófobo lanzando por ejemplo una campaña de spots anti-varones, donde éstos eran presentados con la peor cara posible; la vida cotidiana, tanto doméstica como laboral, está minada de micromachismos que el feminismo vigilante se encarga de detectar.
Nada impidió sin embargo que el Presidente y sus funcionarias del área sintieran que estaban haciendo algo para disminuir los femicidios en el país, cuando es evidente que no es así (ellos mismos llevan la cuenta). No es que no hagan nada, hacen cosas inútiles, porque a malos diagnósticos, malos remedios. Detrás de casi cada femicidio hay una historia de desprotección, de denuncias desoídas, de medidas perimetrales no cumplidas. De protocolos mal aplicados. Pero a nada de eso se le busca remedio efectivo.
En cuanto a Sergio Massa, él tampoco es un candidato especialmente identificado con estos temas. Estuvo durante toda la campaña concentrado en las urgencias de la economía. Pero carga con la herencia kirchnerista en la materia, además de que su esposa, Malena Galmarini, sí es una abanderada de la perspectiva de género. En 2019, cuando asumió al frente de AYSA (Agua y Saneamiento Argentinos), una de sus primeras medidas fue la presentación de una Guía para el uso del Lenguaje no Sexista en esa empresa de servicios.
El Gobierno de Alberto Fernández no empoderó a las mujeres, pero sí envalentonó a minorías fanáticas. Basta ver su reacción cuando alguien las contradice: amenaza, delación, censura, cancelación. Vivimos un totalitarismo feminista que no admite críticas.
Por caso, la izquierda trotskista, cuya magra cosecha de votos en las PASO (2,75 %) confirma que la política de género no goza de consenso, se cree sin embargo con derecho de vigilancia sobre las creencias del conjunto de los argentinos.
Un ejemplo ilustra esta actitud. La diputada nacional Romina Del Plá, que en estas PASO fue precandidata a senadora nacional dentro del Frente de Izquierda, presentó en la Cámara de Diputados de la Nación en marzo pasado un proyecto de repudio a la creación de la diplomatura “Acompañamiento a la Mujer con embarazo vulnerable. Formación para la mujer en situación de aborto”, de la Universidad Católica de Salta (Ucasal), que ella por supuesto rebautizó como “diplomatura antiderechos”.
Romina del Pla, del FIT“El dictado de esta diplomatura en el ámbito universitario es inaceptable -decía Del Pla-, toda vez que se abordan temas como el milagro de la vida, la responsabilidad frente a la vida humana, el binomio madre-hijo y el derecho a la vida, lo que constituye un ataque a la conquista de las mujeres y diversidades”.
¿Se escuchan cuando hablan? Ucasal, además, es una universidad privada. “Está claro que allí no hay conocimiento científico alguno”, sentenciaba la referente del FIT, frente que casi no tiene otro programa que la ideología de género, que cree que el sexo es asignado al nacer y que el feto es una larva.
Esto evidencia la pretensión de una minoría de hablar en nombre del conjunto y de cualquier autodenominada feminista de representar a todas las mujeres.
Estos discursos, sumados a la proliferación de secretarías, direcciones, departamentos y áreas de género en ministerios, universidades, sindicatos, empresas públicas, etcétera, son parte de la herencia cultural de esta gestión con la cual habrá que lidiar, sea cual sea el tercio que finalmente se imponga en la elección presidencial.
La batalla cultural seguirá, pero cabe esperar que, esta vez sí, los políticos hayan tomado nota de que la ideología de género es una imposición contraria al sentir de la mayoría.
Infobae
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