El ataque contra el super del suegro de Messi marca una saga de hechos de violencia que buscan generar miedo; la dirigencia, azorada, con pocas respuestas ante una realidad dramática
Rosario es cuna de una nueva forma de violencia, que aplica técnicas del terrorismo y es extremadamente eficiente. Con un arma, un puñado de balas y un papel escrito a mano criminales pueden generar un acontecimiento de impacto global y provocar una de las emociones humanas más básicas: el miedo.
La balacera contra el supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, se inscribe en una larga saga de amenazas y ataques contra instituciones públicas, comercios y medios de comunicación de la ciudad.
Atentos al minuto a minuto de las redes sociales y los portales informativos, los grupos criminales aprendieron a jugar el juego de los medios y usarlos exactamente como eso: instrumentos para mandar mensajes a las autoridades y a las bandas con las que se disputan negocios.
La amplia cobertura que reciben estos ataques plantea un profundo debate en los medios sobre la tensión —difícil de resolver— entre el derecho a la información de la ciudadanía y el cómo no colaborar con el objetivo que persiguen los instigadores de las balaceras.
Mientras tanto, los gobernantes miran desconcertados una realidad cada vez más dramática, y donde se van corriendo todo el tiempo los límites. El caso del músico Lorenzo Jimi Altamirano marca un antecedente inquietante. Ajeno al mundo criminal, el 1 de febrero lo levantaron en un auto, lo llevaron en un auto a la puerta de la cancha de Newell’s y lo mataron. En sus ropas encontraron una nota contra personas vinculadas a Los Monos y la barra de NOB. El mensaje subyacente es todavía más tenebroso: cualquiera puede morir.
Lo que envalentona a los delincuentes es la impunidad. Así como la investigación por el asesinato de Altamirano está paralizada, otros atacantes salieron indemnes, a pesar de la precariedad con la que se mueven: en moto, o directamente a pie.
Lorenzo Jimi Altamirano, el músico asesinado en la puerta de Newell’s y usado como mandar un mensaje a sectores ligados a Los Monos y la barra de NOB
La denuncia del intendente Pablo Javkin sobre una “zona liberada” en el ataque al comercio de la familia política de Lionel Messi pone sobre la lupa lo que hacen —y dejan de hacer— las fuerzas de seguridad provinciales y federales en el combate de la violencia y el narcotráfico.
La balacera se dio justo un día después de la detención de una policía de la provincia, acusada de filtrar información a bandas criminales sobre investigaciones judiciales. El hijo de esta uniformada pasada a disponibilidad está sospechado de integrar una banda dedicada a la venta de drogas y los ataques por encargo.
Este hecho alimenta la hipótesis de que sectores conectados a las fuerzas de seguridad podrían estar detrás de la balacera contra el supermercado de Lavalle al 2500 como una forma de desviar la atención. También abre el interrogante de cuántos más casos como el de esta policía existen en un Estado donde en algunas de sus zonas la frontera entre la legalidad y el delito está desdibujada.
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Metida de lleno en la pelea electoral, la dirigencia política oscila entre el silencio, la autoexculpación y cargar la responsabilidad a otros. Los oficialistas tratan de minimizar daños; los opositores intentan capitalizar la bronca contra los gobiernos.
El “los narcos han ganado” que pronunció este jueves nada más y nada menos que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, expresa el desconcierto y derrotismo que atraviesa a la dirigencia argentina.
Para diferenciarlo del terrorismo, un concepto pesado, que supone grandes organizaciones locales o transnacionales, movidas por algún tipo de objetivo político o religioso, el sitio rosarino Uganda prefiere hablar de “sustismo”.
“Hay un movimiento ‘sé tu propio jefe’, versión cabeza. Emprendedurismo criminal. La iniciativa privada del fondo de olla. Se entremezclan hijos de, nuevos ricos y gente anónima con ganas de ganar guita o prestigio, que aprovechan la oportunidad e inician su propia pyme ilegal. Y lo que venden no es tanto droga, sino, y sobre todo, susto. De ahí obtienen su plusvalía”, escribió en Twitter el periodista Marco Mizzi.
Las palabras tampoco son inocentes y tienen efectos. Encuadrar los delitos cometidos en Rosario como terrorismo —como hizo también la ministra de Gobierno de la provincia, Celia Arena— puede abrir la puerta a la intervención de las Fuerzas Armadas, como propone un sector de la oposición.
Más allá de las etiquetas, las acciones delictivas dejan marcas en la sociedad. Empresas fúnebres que piden seguridad extra para los velatorios, escuelas enrejadas, personas que dejan de andar en bicicleta por temor a los robos. Son todos cambios cotidianos de conducta de una población cansada de vivir en el miedo y que este año irá a las urnas para elegir a sus gobernantes
La Capital