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Sobreseyeron a Urribarri, Haidar y Ulrich en la causa por dádivas de Cardona Herreros

Tras una fundamentación de alrededor de una hora y media, el juez de Garantías Mauricio Mayer, sobreseyó al exgobernador Sergio Urribarri y exfuncionarios de su Gobierno Carlos Haidar y Miguel Ulrich. El magistrado citó el antecedente «Cozzi» a partir del cual la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), decidió el sobreseimiento de Juan Alfonoso Blasón Lorenzatto.

Mayer sostuvo que el STJ es un «órgano político», que sus vocales no acceden por concurso a ese lugar y que como tal, definen la política penal de la provincia a través de las sentencias. Agegó que la ley nacional, a veces, no puede estar por encima de la ley provincial, en referencia al establecimiento de los plazos procesales, fijados en el Código Procesal Penal de la provincia.

Mayer se tomó desde las 12.15 de este martes hasta pasadas las 13.30 para dar los fundamentos. Retomó los argumentos de los defensores. En la audiencia pasada, los abogados Raúl Barrandeguy y Miguel Cullen pidieron el sobreseimiento del exmandatario provincial; e hizo lo propio el abogado Juan Méndez en representación de los exfuncionarios de Gobierno Carlos Haidar y Miguel Ulrich.

Basó su decisión en una “minuta” que pidió en la audiencia de planteos al fiscal Gonzalo Badano -a cargo de la investigación-, donde se detalla la actividad en la causa. Señaló que los hechos investigados comienzan en 2007 y la investigación se abrió tras una denuncia en 2017. Aseguró que el Ministerio Público Fiscal (MPF) no mostró actividad en la causa durante “23 meses porque la segunda medida se pidió 2 años después”, marcó, en referencia a los allanamientos pedidos en sede de la empresa Relevamientos Catastrales, en Buenos Aires, propiedad del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, contratista de la provincia durante las administraciones de Urribarri.

Mayer afirmó que desde entonces, la investigación volvió a paralizarse hasta “abril de 2020” cuando la Fiscalía pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los “involucrados en organismos públicos”. Como no hubo respuestas, el MPF hizo un oficio reiteratorio en octubre de 2020. “Seis meses tardaron en reiterar el oficio”, criticó. Agregó que en noviembre de 2020 se pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Ulrich y un informe de empresas de telefonía. “Después de eso la defensa, con buen criterio, pidió una audiencia para solicitar el sobreseimiento. Se pidió el 2 de febrero de 2021 y la audiencia ocurrió el 23 de febrero”, marcó.

El juez de Garantías recordó que en esa instancia, no resolvió el sobreseimiento de los imputados porque los defensores no lo pidieron, pero lo dijo y quedó grabado. En esa instancia consideró que el plazo razonable para concluir la investigación vencería a los tres meses. Es decir, en mayo de 2021. “La Fiscalía tampoco pidió la prórroga para continuar investigando”, advirtió.

“Las reglas de juego cambiaron con el nuevo sistema acusatorio. Esto de que los plazos son ordenatorios y no perentorios es algo del sistema viejo”, contestó y de inmediato validó una queja de los defensores: “Cuando se pide el sobreseimiento, Fiscalía pide alguna medida para decir que la causa tiene actividad”. En la misma línea cuestionó que Fiscalía le haya pedido “incorporar prueba el 18 de marzo de 2021”. “Si tienen potestad para incorporar prueba. Eso tiene como objetivo encubrir una falla”, deslizó, aunque de inmediato ensalzó “la labor de los fiscales que es heroica y titánica”. “Pero acá está en juego el Estado de Derecho”, subrayó.

Señaló que en abril de 2021, Fiscalía pidió información sobre boletos de vuelo y pasajes a la empresa InterFly, y en el mismo mes hubo un “exhorto al diario Crónica por uno de los seis sucesos que tiene que ver con –Guillermo- Smaldone”, exministro de Trabajo de la provincia. El joven Smaldone, que con sólo 33 años comandó la cartera de Trabajo en la provincia y posteriormente  fue designado presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, es hijo del vocal Juan Ramón Smaldone que está integrando el Jurado de Enjuiciamiento que lleva adelante el jury a la fiscal Anticorrupción suspendida, Cecilia Goyeneche.

Mayer dijo que la investigación volvió a mostrar actividad el 19 de abril de este año, cuando la Fiscalía libró oficio a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) pidiendo información fiscal sobre la cónyuge de Ulrich. “Esto podía haberse determinado mucho tiempo antes”, marcó.

Para el juez “no estamos en busca de la verdad como sea”. “Hay una falla estructural por falta de herramientas y recursos”, señaló y alertó sobre la Fiscalía Anticorrupción contemplada en la Constitución Reformada de 2008 que nunca se creó. Dijo que “hay afectación jurídica” de los imputados porque si bien no estuvieron en prisión preventiva, se trata de “figuras públicas ¿eso no tiene valor?”, preguntó. “Cada uno de nosotros clama por procesos penales justos y no amañados”, acotó.

Reclamó por la no ponderación de algunos intereses sobre otros sino una “armonización”. “Acá se agotaron los plazos, como en el antecedente Cozzi. No estamos hablando de prescripción, sino que Fiscalía perdió la potestad para investigar. No se puede archivar esta causa porque las indagatorias están hechas, entonces queda el sobreseimiento”, decidió.

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