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Sonia Velázquez pedirá elevar a juicio la causa Allende

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, volverá a manifestar su oposición al acuerdo de juicio abreviado que impulsan el Ministerio Público Fiscal y la defensa del exdiputado provincial del PJ y actual secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende. Será en la audiencia prevista para este jueves, a las 9, que presidirá el juez de juicio Elvio Osir Garzón.

«Vamos a oponernos nuevamente el juicio abreviado y a solicitar remisión de la causa a juicio», le dijo a Entre Ríos Ahora la representante legal de la ministra, Fernanda Vásquez Pinasco. «No estamos de acuerdo con la calificación legal que le impuso el fiscal y tampoco con la pena prevista. Además,  porque a la víctima no le dieron participación en el diseño del acuerdo», aseveró.

En 2018, la ministra lo denunció por coacciones a Allende. Su caso, sin embargo, quedó englobado en otras investigaciones por corrupción contra el exlegislador y conformaron el paquete de causas por las cuales pretende acordar en un juicio abreviado una salida negociada.

Un tribunal colegiado, integrado por los vocales José María Chemez, María Carolina Castagno y Alejandro Joel Cánepa, rechazó en octubre de 2020 ese abreviado con el que Allende pretendió poner fin a sus compromisos en la Justicia. El acuerdo del abreviado entre Fiscalía y la defensa del exlegislador provincial plantea que Allende reconoce su responsabilidad en la comisión de los delitos que se le imputaron, y con las características que les fueron reprochados, y acepta la pena impuesta: 2 años y 8 meses de prisión de cumplimiento condicional, el pago de una multa de $3 millones, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. También, el decomiso de dos propiedades, una en calle Laprida al 100, que sería destinada a la Unidad Fiscal de Violencia de Género; y el palacete de calle Alberti, en la zona del Parque Urquiza, que iría para el Consejo de la Magistratura.

El juicio abreviado es sobre cuatro investigaciones penales: el fiscal Leandro Dato tramitó la denuncia por amenazas en contexto de violencia de género por parte de la ministra de Salud, Sonia Velázquez; el fiscal Álvaro Piérola, la denuncia por amenazas que le hizo a Allende el periodista Martín Carboni; y la fiscal Laura Cattáneo llevó adelante las investigaciones penales por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública, que involucró a Allende, su pareja Adriana Sattler, su exDiana María Cristina Traverso, y sus hijos, Julio, Victoria y Carolina Allende.

 

Ya en 2020, la ministra de Salud se presentó en Tribunales con su abogada Fernanda Vásquez Pinasco  y manifestó su oposición al abreviado. Ahora, ante la nueva instancia del abreviado, tras la decisión de la Cámara de Casación Penal que revió lo resuelto por el primer tribunal y habilitó una nueva instancia, Velázquez se constituyó en querellante e insistirá con el rechazo a la salida negociada en la causa Allende y, en vez de eso, su remisión a juicio oral y público.

En la audiencia del 14 de octubre de 2020, a la que la ministra asistió y en la que se debatió por primera vez el acuerdo de juicio abreviado del exlegislador peronista, la funcionaria habló ante el tribunal y se presentó como “víctima y damnificada del delito de violencia de género”. Ratificó el escrito presentado por su abogada Fernanda Vázquez Pinasco “en el cual manifesté mi oposición de que mi causa sea invisibilizada al ser unificada con otras causas, de naturaleza penal distintas e inconexas entre sí”.

“No responde a un acto de justicia para quien les habla en calidad de víctima, como ciudadana y como mujer. Y tampoco para el interés social al tratarse de causa de violencia de género en el ámbito institucional”, aseveró.

«Esa denuncia tuvo como propósito poner fin a una serie de hostigamientos y amenazas y constituyeron violencia psicológica y sistemática, tanto para mi subjetividad como para el ejercicio de la función pública. Y que comenzaron un año antes de haber podido tomar el coraje y valentía para poner fin a esta situación de violencia”.

“No estoy buscando el punitivismo patriarcal. Estoy buscando que una causa más de violencia de género no quede invisibilizada por el sistema y tenga el tratamiento singular y justo que se merece”, cerró la ministra.

Tampoco acordó con el hecho de que la Fiscalía haya cambiado la calificación legal del delito.

En aquella audiencia -que derivaría luego en el rechazo del tribunal al abreviado- la jueza Carolina Castagño le preguntó al fiscal Leandro Dato por qué el delito en el que se investigó la denuncia de la ministra de Salud es amenazas y no coacciones agravadas. “La Fiscalía entendió que se adecuaba en lo previsto en el delito de amenazas”, respondió.

Entonces pidió la palabra la abogada Fernanda Vásquez Pinasco y apuntó que “la ministra se opone a la calificación legal. Aceptó terminar su proceso en juicio abreviado. Pero no en los términos en los que fue redactado el convenio que hoy ponemos en crisis y que no estamos de acuerdo que sea el tratamiento adecuad. Queremos un acuerdo de juicio abreviado, pero separado del resteo de las causas”.

Las causas que acorralan a Allende

El acuerdo de juicio abreviado fue redactado entre los fiscales Leandro Dato, Álvaro Piérola y Laura Cattáneo y los defensores de Allende,  Julio Federik, Leopoldo Lambruschini y Marcos Rodríguez Allende. Es sobre cuatro investigaciones penales.

En el primer caso, la imputación fiscal dice: «Durante su desempeño como funcionario público del Estado provincial -Diputado Provincial-, desde el 10 de diciembre de 1999 hasta diciembre de 2016, José Ángel Allende, incrementó desproporcionadamente su patrimonio, utilizando para ello la intervención, como interpósitas personas, de Adriana Guadalupe Satler, Diana María Cristina Traverso, Julio Alejandro Allende, Victoria Allende y Carolina Allende y de la Persona Jurídica UPCN. Ello ocurrió a partir de la adquisición de bienes Inmuebles, Embarcaciones, Automotores, Inversiones en Plazo fijo y participación en sociedades, por montos que no se justificaron en el ahorro disponible para inversión en un total de pesos cuatro millones novecientos ochenta y tres mil ciento cuarenta y seis pesos con catorce centavos ($4.983.146,14), lo que dólarizado equivale a la suma de dólares estadounidenses un millón sesenta y nueve mil ochocientos cuarenta y uno con diecinueve centavos (U$S 1.069.841,19).»

En el segundo, dice la imputación: «Durante su mandato de diputado de la Provincia de Entre Ríos, José Ángel Allende se interesó en forma directa, interviniendo en los respectivos trámites administrativos, en el otorgamiento de subsidios no reintegrables por parte del órgano legislativo que integró (la Cámara de Diputados), en favor de la Fundación Esperanza, entidad que conformó como Presidente y Secretario desde el 16 de noviembre del 2004 y que también fue dirigida por los coimputados Adriana Satler (su pareja), en su carácter de Presidente y Victoria Allende (su hija), en su carácter de tesorera desde el 20 de octubre del 2007. Así, obtuvo que dicha fundación recibiera tales ayudas económicas por la suma total de pesos un millón trescientos cincuenta y ocho mil seiscientos diecisiete con noventa y ocho ($1.358.617,98), desde el 21/01/2008 al 5/12/2011».

«Ambos hechos delictivos, cuya intervención se le enrostra en carácter de autor (art. 45 CP) se encuentran suficientemente acreditados, con el grado necesario para arribar a una sentencia condenatoria, con los elementos de juicio que obran en el expediente de referencia, la documental reservada y el informe técnico pericial contable confeccionado por el Cdor. Héctor Enrique, integrante del Gabinete Pericial Contable del Ministerio Público Fiscal al que las partes acordamos otorgarle valor probatorio en el presente acuerdo y que resultan ser los los siguientes», dice el acuerdo.

La tercera causa, «Allende José Ángel s/Amenazas Coactivas» tiene la siguiente imputación: «El día 30 de mayo de 2017 entre las 8 y 10 horas en el programa emitido por Radio La Voz a cargo del Sr. Rubén Almará, el Sr. José Ángel Allende haciendo referencia al periodista local Martín Adrián Carboni, manifestó en un primer momento ´que se dejen de joder´ para luego afirmar durante la misma nota ´vos viste que a Yabrán no lo matan, porque Yabrán no se suicida porque él lo mató a Cabezas. Yabrán se suicida porque los alcahuetes de Yabrán, queriendo quedar bien, lo apretaron a Cabezas y se les fue la mano y lo mataron. Acá no sea que le pase al gobernador que algunos alcahuetes que tiene alrededor tomen ese tipo de actitud y lo terminen perjudicando´, intimidando así públicamente a Carboni para que cese con sus investigaciones periodísticas vinculadas a contrataciones en Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos».

En su denuncia en la Justicia, Carboni mencionó que Allende «lo había llamado con anterioridad al hecho, unos 20 o 30 días antes, indicándole ´me estas pegando al pedo´, solicitándole que deje de hacerlo y refiriéndole que ´si queres vení y te lo explico´, expresiones que incomodaron al denunciante atento que fueron posteriores a la denuncia y de forma directa. Pero más aún se vio afectada la libertad de determinación del denunciante en vida personal y su labor profesional cuando el imputado Allende vinculó de manera amenazante el trabajo periodístico del Sr. Carboni con el caso ´Cabezas´ de gran trascendencia y gravedad institucional atento que se trató nada menos que del ataque a un periodista por el hecho profesional de tomar una foto en un ámbito público a una persona al momento acusada de ser partícipe en la comisión de delitos de corrupción».

Y la cuarta causa que forma parte del abreviado «Allende José Ángel s/Amenazas» se refiere a las intimidaciones en un contexto de violencia de género de las cuales fuera víctima la ministra de Salud, Sonia Velázquez.

Dice la imputación: “En un contexto de acciones intimidatorias, denigrantes y coactivas dirigidas a Sonia Mabel Velázquez desde el inicio de la gestión como Ministra de Salud de la Provincia de Entre Ríos, en fecha 05/04/2018 aproximadamente a las 20:00 hs., mientras se desarrollaba una reunión en el despacho ministerial -oficina 65, primer piso de Casa de Gobierno-, estando presente junto a la delegada de UPCN Karina Domínguez le manifestó: ´Lo de Diamante no da para más, quiero que eches a la Directora´, ´Te ordeno que eches a la Directora´, mientras la Ministra le respondía que no, que no tenía motivos, y que nadie se lo iba a exigir, Allende le vuelve a decir ´te lo ordeno´ a raíz de ello, enfurecido le comienza a decir cosas tales como ´vos sabés quién soy´, «no me atendés el teléfono´, ´yo fui el Presidente de la Cámara de Diputados´, criticaba la gestión en el Ministerio, reprochaba nombramientos, criticaba funcionarios de la gestión, que no trabajaban, también al tratarse la situación de la Coordinadora de Salud del Departamento Nogoyá, Allende manifestó en tono intimidatorio ´si la llegas a tocar, te prendemos fuego en Nogoyá´, continuando con las agresiones verbales, todo ello en presencia de Karina Domínguez . Como la conversación había derivado en agresiones verbales y amenazas, Velázquez se levantó y los invitó a retirarse del despacho, manifestándoles que en esos términos no podían seguir conversando, y se retiraron del despacho, produciendo la situación vivida temor e intranquilidad en Velázquez, sensación que fuera transmitida minutos y horas posteriores a sus colaboradores directos. Que las situaciones de hostigamiento y denigraciones en público y privado dirigidas a Sonia Mabel Velázquez continuaron hasta el día 24/10/2018, en el que en un acto público político le profirió delante de las ministras Rosario Romero y Laura Stratta expresiones tales como ´no mires para otro lado´, ´che saludame´ insistiéndole, ´te estoy hablando´, y a continuación la inquirió manifestándole ´cuándo nos vamos a sentar a arreglar vos y yo´, en dos oportunidades, y al responderle que no tenía nada que arreglar con él, Allende le expresó ´por qué no te vas un poco a la mierda´, momento en el cual intercede la ministra Rosario Romero y se aleja, hechos que determinaron a Sonia Mabel Velázquez a realizar denuncia penal en fecha 26/10/2018».

El hecho quedó calificado como amenazas en un contexto de violencia de género.

Decomisos

Respecto del delito de enriquecimiento, dice el acuerdo, «el informe especializado producido por el Gabinete Técnico Contable del Ministerio Público Fiscal, ha llegado a la conclusión de un monto total de enriquecimiento que fuera antes explicitado, lo que expresado en valor dólar y realizando un procedimiento de actualización anual, que permita una razonable traslación temporal de los valores (atento a nuestro contexto inflacionario), arriba a la suma de dólares estadounidenses un millón sesenta y nueve mil ochocientos cuarenta y uno con diecinueve centavos (U$S 1.069.841,19). Es por ello, que se ha acordado el decomiso de bienes inmuebles cuyo valor de tasación en dólares es mayor a la totalidad del producido por el delito que surge del monto del enriquecimiento no justificado. Así, se ha acordado el decomiso de los siguientes inmuebles:

1.- Inmueble con domicilio parcelario en calle Laprida no 152 de la ciudad de Paraná, Matrícula N° 148.596, Plano Mensura N°111.159, Área Urbana, Dto. U.C.A., Sección 4ta., Manzana N° 70, Superficie parcelaria trescientos cuarenta y cuatro metros cuadrados con setenta y cuatro decímetros cuadrados (…). Este inmueble, ha sido tasado según informe de fs. 350/355, en el valor de U$S 378.289. Está afectado a usufructo vitalicio, a favor de Belkys Margarita Longhi, inscripto al N° 2763 Folio 128 Libro 42 del 27/03/1991, por lo que se decomisa la nuda propiedad hasta la extinción del usufructo vitalicio, una vez extinguido este el destinatario del decomiso gozará del dominio pleno del inmueble. Según Escritura N° 89 del registro del Escribano Arturo J.H. Domínguez, le corresponde al imputado José Ángel Allende, y a sus hijos Julio Alejandro, Victoria y Carolina Allende que lo recibieron por donación de su madre Diana María Cristina Traverso. Atento el carácter de beneficiarios a título gratuito de los Sres. Julio Alejandro, Victoria y Carolina Allende, el decomiso procederá sobre este bien conforme a la previsión del art. 23 cuarto párrafo del CP.

2.- Inmueble con domicilio parcelario en calle Juan José Castelli No 10 ciudad de Paraná. Superficie parcelaria ciento noventa y nueve metros cuadrados con diez decímetros cuadrados (se adjunta ficha de dominio en fotocopia). Este inmueble, ha sido tasado según informe de fs. fs. 356/361, en un valor total U$S 726.922. El importe que representan los bienes decomisados asciende a la suma total de U$S 1.105.211 lo que supera el monto total del enriquecimiento.

En cuanto al destino que corresponde darle los bienes decomisados, «tratándose de la condena por un hecho de corrupción, no sólo la pérdida del producido del delito a través del decomiso tiene efectos disuasorios, sino que también consideramos necesario asignar una finalidad concretamente relacionada con el fortalecimiento de las instituciones republicanas». El acuerdo dice que «entendemos que es oportuno asignar al inmueble a decomisar, localizado en calle Castelli N° 10, un destino simbólicamente acorde con políticas de Estado tendentes al mejoramiento de la calidad institucional de la Provincia. En este entendimiento, la Constitución Provincial de 2008 ha jerarquizado al organismo encargado de la selección de los Magistrados del Poder Judicial, cuyo aporte a la calidad institucional de uno de los poderes del Estado es innegable. El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Entre Ríos, pese a ser un órgano constitucional carece de sede propia, por lo que entendemos que el inmueble sito en calle Castelli, debe ser puesta a disposición el Poder Ejecutivo, para su asignación como sede del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Entre Ríos».

Respecto al inmueble de Laprida 152 de Paraná, «solicitamos sea asignado al Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos, con destino específico a la Unidad Fiscal de Género de la ciudad de Paraná, no sólo por la naturaleza de uno de los delitos por los que se arriba a sentencia condenatoria, sino en virtud de ser la problemática de la violencia de género de interés preponderante para todos los poderes del Estado. En particular, la necesidad por parte del Ministerio Público Fiscal de contar con un espacio más adecuado e idóneo para la localización de estas fiscalías, permitirá un abordaje de las víctimas y testigos acorde con las particularidades de las situaciones por las que transitan. Así, se dará cumplimiento, además, a una política de Estado que impone al Poder Judicial, y con ello, al Ministerio Público Fiscal, de seguir enfocando su política de actuación para la prevención y juzgamiento de los delitos realizados en un contexto de violencia de género conforme a la legislación específica en la materia».

Condena

El acuerdo de juicio abreviado, «teniendo en cuenta la gravedad de los ilícitos atribuidos», incluye un pedido para que se imponga a Allende por los delitos de enriquecimiento ilícito de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, coacciones y amenazas en el marco de una situación de violencia de género la pena de dos años y ocho meses de prisión de cumplimiento condicional, el pago de una multa de $3 millones, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

Incluye, además, el cumplimiento de reglas de conductas por dos años: a) fijar domicilio, y en caso de modificar el mismo, la obligación de informarlo; b) la prohibición de realizar cualquier tipo de actos violentos, molestos y/o perturbadores, a las víctimas y su grupo familiar por sí o por interpósita persona; c) realizar algún tipo de actividad relacionada con la violencia de género y la libertad de expresión; d) prohibición de verse involucrado en cualquier comportamiento violento.

El escrito fue firmado por Allende, sus abogados Julio Federik, Leopoldo Lambruschini y Marcos Rodríguez Allende; y los fiscales Laura Cattáneo, Álvaro Piérola y Leandro Dato.

Entre Ríos Ahora

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