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«Urribarri preso ya» Así terminó la semana judicial convulsionada con escrache incluido para los que entienden defienden «la corrupción» en Entre Ríos.

La semana judicial entrerriana como en todos los ámbitos terminó convulsionada. El viernes una jornada judicial, que terminó en escándalo, sumó otro capítulo a la novela por la destitución de Cecilia Goyeneche. Un inusitado escrache de un grupo de señoras – que se dice foráneas – a la salida de una audiencia desató un aluvión de expresiones en el plano institucional.

Los abogados Miguel Ángel Cullen y Raúl Barrandeguy fueron increpados en los pasillos de tribunales de Paraná a la salida de una audiencia con carteles que tenían el rostro de Goyeneche. La acusación a los letrados es haber sido los abogados de Sergio Urribarri, condenado a ocho años de prisión.

Afuera, en los contornos del centro cívico, se habían pegado carteles con los rostros de quienes integraron el Jurado de Enjuiciamiento que destituyó a Goyeneche.

No hay espacio para una mínima duda que quien orquestó el escrache son sectores que simpatizan con la procuradora adjunta destituida. Las vinculaciones de los rostros del ex gobernador y Goyeneche es la estrategia comunicacional que se trazó para ubicar a la doctora en el lugar de víctima de una persecución política. La misma se expuso en cadena nacional todo este tiempo.

Una cosa es la movilización legítima que se desarrolló hace tres semanas y otra, muy distinta, lo que sucedió este viernes. El Ministerio Público Fiscal, como organismo, quizás debió aclarar que las expresiones de las señoras que ingresaron a los tribunales con carteles de una ex integrante no responden a otra cosa que la voluntad misma de las manifestantes. El silencio pareciera ratificar lo que efectivamente todo el mundo afirma: es parte del plan.

El hecho mereció el repudió, en primer lugar, del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. La entidad reiteró que “ningún profesional de la abogacía puede ser identificado con las personas que defiende y con las causas de sus clientes en su ejercicio profesional y muchos menos agredido imputándole vínculos y participación en delitos donde ejerce la defensa”.

El consejo directivo acusó a las manifestantes de haber incurrido en “la intolerancia” y en “un sesgo patoteril”. También apuntó al “grupo de desconocidos” por “los actos de vandalismos contra bienes públicos del municipio a través de la pegatina de carteles alusivos a la destitución de la fiscal Cecilia Goyeneche, en su apoyo y en repudio a todos los integrantes del jury. Sobre este asunto, este Colegio no puede ni debe guardar silencio, ante la difamación calumniosa e injuriante a miembros del Honorable Jurado de Enjuiciamiento”. El texto no se quedó con el mero episodio de las señoras.

Le siguió una declaración de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentina y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que expresó “su más enérgico repudio a la anónima y cobarde campaña de escraches”. “No es saludable para el sistema democrático, que desde el anonimato, se insulte de esa manera a quienes ponen el cuerpo y su firma en decisiones jurisdiccionales para cuya eventual corrección, si se estuviere en desacuerdo, el sistema legal vigente contempla los recursos correspondientes”. La entidad, queda claro, da por hecho que las manifestantes responden a un sector del Ministerio Público Fiscal.

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, repudió el ataque contra abogados. “No podemos permitir ataques de ningún tipo contra las instituciones ni las personas que las representan”, expresó. Y agregó: “Escrachar a abogados por hacer su trabajo es una muestra de intolerancia y de poco respeto al ejercicio de los derechos constitucionales de defensa que tienen todas las personas en Argentina. Es más grave aún que se haga en el seno del Poder Judicial. Si algo tienen que hacer las personas que piden respetar las instituciones es justamente eso, no atacar ni interferir en el ejercicio legal y legítimo de institutos constitucionales como el de la justa defensa, una garantía de la que gozamos todos los ciudadanos en el marco del Estado de derecho”.

Conducción

El procurador general Jorge Amilcar Luciano García debe estar transitando un momento de mucha debilidad. Al frente del organismo vertebral del sistema acusatorio observa todos los días como el tramo final de su carrera es empañada por un grupo minúsculo que ha decidido jugar a la guerra.

El Ministerio Público Fiscal, con García al frente, tiene para narrar un frondoso capítulo de causas en la que se investigó casos de corrupción y se llegó a condena. Dos ex vicegobernadores y un ex gobernador que se encontraba en funciones diplomáticas, por citar apenas unos ejemplos. Hay mucho más.

El procurador debe haber sentido vergüenza al ver el video que mostraba a una de las señoras vociferar como mala palabra el nombre de Eugenio Zaffaroni, con quien García se ha referenciado. Más vergüenza si cae en la cuenta que quien está detrás de todas estas movidas es el Equipo Republicano, que en Twitter (@EquipoRepublic1) reproduce lo más rancio del troglodismo político vinculado al PRO, que Rogelio Frigerio no quisiera ni asomar allí.

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, era la única persona de ese cuerpo con la que García podía sentarse a conversar. Ya no.

La estrategia de Goyeneche en el espacio público ingresa estrepitosamente en el mal gusto. El reconocido publicista Carlos Fara no retuitea estas cosas.

La procuradora adjunta destituida ha apelado a todas las instancias que el sistema prevé. Pareciera que la última ya no es ante un tribunal, sino a un vulgar escrache. Todo empieza a perder calidad.

Fuente: Página Política

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