A través de un Pedido de Informes aprobado en la sesión de este jueves del Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad, desde el bloque de concejales de Juntos por el Cambio se le solicita al Poder Ejecutivo que precise aspectos relacionados al Decreto 736/20. Dicha norma, entre otras cuestiones, estableció el uso obligatorio de tapabocas dentro de los automóviles particulares cuando en su interior se trasladen dos o más personas.

Básicamente lo que se solicita es que se explique porque se realizaron y se realizan actas de infracción cuando el citado Decreto aún no está publicado en el Boletín Oficial; además cuales son las infracciones que quedan establecidas como consecuencia de dicho marco normativo, así como también que se informe si la reglamentación dispuesta por el Decreto 736/20 no excede el espíritu de la Ordenanza 37.115 sobre uso de tapabocas.

 

En tanto la Concejal del Frente de Todos, Lía Solíz, cuestionó al bloque de Juntos por el Cambio en a raíz  de un pedido de informes que se elevó al poder ejecutivo sobre la aplicación de una norma aprobada recientemente mediante la cual se autoriza la aplicación de multas a infractores a las disposiciones contempladas en la misma.

Cuestionó “la falta de memoria” de los legisladores opositores “ya que en la sesión pasada, la del jueves pasado, estuvieron en la sesión y votaron esa normativa, la que salió por unanimidad” y, según la legisladora, fueron los ediles cambiemitas los que contribuyeron “al armado de la normativa, se aplicaron modificaciones que ellos mismos sugirieron y ahora ponen en tela de juicio las penalidades que establece la normativa”, apuntó.

Consideró el planteo como poco lógico y atribuyó a una aparente “imposibilidad de retener información” ya que “hace una semana votaron un proyecto en el que participaron ellos en la de la elaboración de las penalidades”, cuestionó.

Solíz aclaró que las normativas surgidas en el marco de la pandemia que permita atenuar la dispersión en la sociedad del COVID no persigue un objetivo recaudatorio, por el contrario, se pretende disuadir a la sociedad de presuntos incuplimientos.

Aclaró más adelante que ante el “incumplimiento de la normativa, aquella persona que tenga que pagar la multa lo puede hacer comprando material sanitario y haciendo la presentación de la factura de la compra de la misma entregándolo en algún establecimiento de salud o entregándose al municipio para que sea este quien lo distribuya en los distintos centros asistenciales con los que cuenta”, detalló.

Finalmente, la parlamentaria manifestó sentirse sorprendida por la actitud de sus pares del bloque Juntos por el Cambio “por el perjuicio que ocasionan, generando confusión en la población poniendo en peligro a la ciudadanía”, cerró.