En 2012 el entonces gobierno de Cristina Kirchner encaró una misión comercial a Angola que terminó en escándalo. Antes del viaje se la vio a la Presidenta en la cabina de una cosechadora estacionada en la puerta de la Casa Rosada, era de la empresa Grandes Máquinas (GM) que fabricaría y exportaría 18 unidades al país africano. Nunca más salió una de la empresa que terminó quebrada y con una denuncia por defraudación. Su presidente, Ricardo Javier Senor, murió hace unos días en la ciudad de Córdoba.Causa cosechadoras: declaró Schunk y apuntó contra Valiero y Urribarri | Periódico Brújula

Senor tenía 53 años y era uno de imputados en la causa junto a su padre, Ricardo Vicente Senor, Sergio Eduardo Sravaglieri y Carlos Ariel Boll, por la compañía, y cuatro exfuncionarios de Entre Ríos. Todos fueron sobreseídos en mayo pero la decisión fue apelada y se espera el fallo de Cámara. La muerte del ejecutivo no trascendió (fue un suicidio) y sólo hay algunos avisos fúnebres publicados.

Pablo Zoff, fiscal de la causa conocida como «cosechadoras truchas», explicó a LA NACION que era Senor hijo quien mantenía las reuniones y hacía las gestiones para los créditos, en tanto que su papá «parecía ser el que tenía más conocimientos técnicos». El caso se tramita con el viejo Código Procesal Penal de Entre Ríos, porque se inició en 2012; los empresarios fueron imputados por presunta defraudación a la administración pública.

También están acusados Teresita López y Leandro Rodríguez, exfuncionarios entrerrianos que habrían incurrido en defraudación a la administración pública y concusión; y los exministros Roberto Schunk y Diego Valiero por defraudación por administración fraudulenta.

En mayo el juez Carlos Ríos sobreseyó a todos los imputados; el fiscal Zoff indicó que apeló la decisión por entender que no reúne la «certidumbre exigida por la ley» porque había «medidas probatorias no producidas; el juez hace un recorte de los elementos de prueba para sostener una certeza negativa de falta de elementos» y deja afuera «otras pruebas» que permiten sustentar la probabilidad de los delitos.

Zoff explicó a este diario que, por ejemplo, faltan las certificaciones de Setiembre Cooperativa de Trabajo Limitado (Cortrasep): «La ofrecieron como aval y futura socia de GM; iba a aportar una parte importante del capital, casi la mitad. Ni siquiera se acreditó que exista».

LA HISTORIA

Hace una década los Soner llegaron de Córdoba a Concepción del Uruguay (Entre Ríos) con la promesa de convertir a la ciudad en un polo de producción de maquinaria agrícola; el Gobierno provincial -el mandatario era Sergio Uribarri– le otorgó $6 millones de créditos a tasa subsidiada entre 2009 y 2012, los canalizó el Fondo de Inversión de Entre Ríos (Finver). Cuando comenzó la causa judicial la firma adeudaba ese monto más los intereses, $778.000 a la AFIP y $250.000 de impuestos provinciales.

Con el tiempo se vio que el galpón cedido en el puerto de Concepción estaba prácticamente vacío y toda la producción fue «un prototipo y medio», graficó Zoff. El completo terminó en Angola. El abogado Guillermo Mullet es el denunciante. «Me entero del proyecto y me llama la atención; busco en la base del Banco Central y MG tenía cheques rechazados por $2,5 millones, recién le habían dado el primer tramo del crédito, pero le siguieron entregando fondos. El seguro de caución se lo da una empresa estatal, el Instituto del Seguro entrerriano y recién apareció después de la quiebra. La Provincia cobró $5 millones sin intereses y con un dólar mucho más alto que con el prestó, un daño patrimonial enorme», apuntó a LA NACION.

En sus averiguaciones detecta también que aunque los Senor se presentaban como parte de los pioneros que hicieron la primera cosechadora argentina, «no tenían nada que ver; esa familia los desmintió públicamente; sólo tenían en común el apellido». La máquina que construyeron nunca funcionó y el acuerdo de intención firmado con una empresa angoleña después de la gira comercial no se concretó.

El 31 de marzo de 2014 se formalizó la quiebra de GM con la publicación en el Boletín Oficial; en el concurso de acreedor se determinó que adeudaba unos $10 millones, el 70% al Estado entrerriano y el resto a particulares. El primer crédito que se entregó fue a BSV S.A de Bohl porque GM «no estaba constituida», señaló el Fiscal. Recién se creó diciembre de 2010.

Maag Mitos se llamó la cosechadora y un comunicado del Gobierno planteaba: «Estas máquinas con tecnología de punta son de alta calidad y confiabilidad para atender el mercado interno y externo, permitiendo la generación de nuevos puestos de trabajo, la sustitución de importaciones y la exportación de productos argentinos al exterior».

«La muerte de Senor hijo lo deja a él afuera de la causa, no al resto -señaló el fiscal Zoof-. Espero que la Cámara acepte la apelación porque hubo defraudación, intención de engañar».

Fuente: La Nación