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El cirujano entrerriano Daniel Ojeda ha sido condenado en Buenos Aires por la muerte de dos pacientes. Con 60 años, admitió su responsabilidad ante el tribunal que lo juzgó por el deceso de una paciente en una clínica ilegal que abrió en 2022 en Villa General Mitre, CABA. Ya había sido condenado por la Justicia de Entre Ríos por el homicidio de una mujer y por lesiones a otros dos, lo que resultó en su inhabilitación para ejercer la medicina. El tribunal le impuso una pena unificada de 11 años de prisión y 16 años de prohibición de ejercer.
Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°1, Fernando Ramírez, Luis Salas y Adrián Pérez Lance, consideraron a Ojeda culpable de homicidio simple y desobediencia a una orden judicial, imponiéndole una pena de 8 años. Dado que la muerte del segundo paciente ocurrió mientras Ojeda ya enfrentaba una condena de 8 años por otro homicidio en Concordia, la pena se unificó en 11 años.
El fallo se hará público el 1º de octubre, pero Ojeda ya había reconocido su culpabilidad durante el juicio, lo que llevó a la Fiscalía, representada por Horacio Azzolin y Jazmín Auat, a solicitar una condena que finalmente fue otorgada por los jueces.
Ojeda, quien ya se encontraba en el penal de Ezeiza cumpliendo una condena por homicidio imprudente y otras lesiones, continuó realizando tratamientos estéticos peligrosos en un entorno no adecuado. El 3 de junio de 2022, Débhora Campos Gonzáles falleció tras una liposucción que él le practicó, lo que desencadenó esta nueva causa judicial.
La autopsia reveló que la muerte pudo ser consecuencia de un uso inadecuado de anestésicos o por un manejo deficiente de la anestesia. Ojeda realizó la cirugía sin contar con el equipo ni el médico personal necesario, operando en un departamento no habilitado y en condiciones de higiene precarias. Se encontró instrumental quirúrgico defectuoso y, lo más grave, no se hizo presente un anestesiólogo ni se siguieron los protocolos necesarios, como la firma de formularios de consentimiento.
Además, Ojeda ignoró la prohibición de ejercer que pesaba sobre él desde enero de 2021, resultante de su condena anterior. La acusación resaltó que, a pesar de conocer los riesgos y las condiciones inadecuadas en las que operaba, continuó con los procedimientos, consciente del potencial resultado fatal.
Su caso le ha valido el apodo de “Lotocki entrerriano”, en referencia a las similitudes con los casos de Aníbal Lotocki, quien también enfrenta acusaciones por muertes durante procedimientos estéticos, publicó Elonce.
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