Con la reglamentación del capítulo energía de la Ley Bases y una serie de medidas de liberalización económica, la presidencia de Javier Milei ha rediseñado las reglas del juego en el sector de combustibles.
La desregulación de las normas económicas impulsada por la administración nacional puso al sector de combustibles en un punto de inflexión. Mientras las compañías productoras podrían beneficiarse con la eliminación de restricciones que consideraban obsoletas, las Estaciones de Servicio buscan la manera de adaptarse rápidamente a un entorno más competitivo y menos regulado.
Los especialistas del rubro coinciden en que la capacidad de los operadores para prosperar en este nuevo escenario dependerá de su habilidad para negociar acuerdos equilibrados y encontrar formas innovadoras de competir en un mercado en constante evolución.
Estas decisiones no solo eliminaron antiguos mecanismos de control estatal, sino que también modificaron de manera drástica la relación contractual entre las compañías petroleras y las Estaciones de Servicio, generando un impacto significativo entre los empresarios.
Uno de los cambios más relevantes fue la derogación del decreto 1060/00, que durante más de dos décadas estableció límites a los contratos de abastecimiento exclusivo entre petroleras y operadores minoristas. Esta normativa imponía una duración máxima de cinco años para los acuerdos comerciales, con el objetivo de equilibrar el poder de negociación entre las partes.
Marcelo Saleme Murad, abogado asesor de empresas, explicó que esta medida representa un cambio de paradigma. “La eliminación de este decreto permite que las relaciones contractuales se rijan exclusivamente por el Código Civil, sin intromisión estatal. Esto otorga mayor libertad a las partes para negociar los términos y condiciones de los acuerdos”, afirmó. Según el letrado, esta modificación devuelve a las empresas la capacidad de ajustar sus vínculos comerciales según las necesidades del mercado.
En paralelo, la liberalización impulsada por la Ley Bases incluyó el abandono de los precios de referencia y la eliminación de la Ley de Abastecimiento, que durante años funcionó como un freno para posibles abusos en la cadena de suministro. Estas reformas fueron acompañadas por la apertura del mercado a compañías extranjeras, un movimiento que, según el abogado tributarista especializado en el sector de combustibles Tomás Balzano, generó profundas transformaciones.
“Permitir la entrada directa de jugadores internacionales, combinado con la falta de acción gubernamental en la regulación de precios, marcó un antes y un después. Esto impactó tanto en la estructura de costos como en la capacidad de negociación de las Estaciones de Servicio frente a las grandes petroleras”, aseguró Balzano a este medio.
No obstante, advirtió que “la libertad contractual, si bien es positiva en términos de flexibilidad, puede derivar en desequilibrios significativos, dejando a las estaciones más pequeñas en una posición de desventaja frente a las petroleras”.
Por su parte, operadores independientes consultados por surtidores.com.ar, explicaron que si bien estas medidas buscan fomentar un mercado más dinámico y competitivo, también han encendido alarmas entre los colegas de menor porte que deben enfrentar un escenario en el que deben competir con grandes corporaciones que cuentan con mayores recursos y poder de mercado.