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El riesgo país de Argentina continuaba en franca baja este viernes, para romper el piso de los 1.000 puntos básicos por primera vez desde el 12 de agosto de 2019, luego de las PASO presidenciales de aquel año, que consagraron como ganadora a la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, evento que produjo un histórico descalabro en las cotizaciones financieras.
A las 13:30 horas, el riesgo país de JP Morgan marcaba un descenso de 53 unidades para la Argentina, en los 984 puntos básicos, ante señales de un reacomodamiento económico y un alivio financiero que aleja presiones sobre próximos vencimientos de deuda. Al mismo tiempo, los bonos soberanos en dólares registraban una suba próxima al 1% en Wall Street, para revalidar sus precios más altos desde que salieron a cotizar en el mercado secundario el 10 de septiembre de 2020.
Por su parte, el índice accionario S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 1,6% a 1.879.000 puntos, un nuevo máximo nominal, una mejora alentada además por la suba de los ADR locales en Nueva York, que marcan cotizaciones máximas desde 2018. En Wall Street las acciones y ADR de compañías argentinas avanzan hasta 6% en dólares, encabezadas por Banco Francés (+6,3%).
Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS, destacó la “expectativa de que no habría en el futuro episodios de volatilidad cambiaria. Creemos que si bien estos pueden evitarse en el corto plazo, sigue habiendo desafíos notables en el horizonte en materia de cuentas externas. En ese sentido seguimos a la expectativa de si se oficializa o no alguna operación de REPO a través de la cual se garanticen totalmente los pagos de bonos en dólares de enero próximo, ya que, de momento, solo son trascendidos”.
“El riesgo país normal para una economía es a lo sumo 200 puntos básicos, como tiene Brasil. Hay países en la región que tienen 50 punto de riesgo país. Esperemos que se consolide esto, pero hay un largo camino por recorrer”, sintetizó Daniel Artana, economista Jefe de FIEL.
Un informe de Portfolio Personal Inversiones indicó que “una serie de factores podrían haber funcionado como catalizadores del despegue de los activos argentinos, entre ellos, destacamos los avances respecto de un REPO (esquema de préstamos respaldados en activos) con algunas instituciones financieras y el financiamiento de organismos multilaterales, lo que aseguraría los pagos de la deuda soberana del próximo año”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, declaró en una reciente entrevista con el Financial Times que el país consiguió un préstamo REPO con bancos privados para afrontar el pago de capital de deuda a bonistas en enero y que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se renegociará en 2025.
El Gobierno argentino tiene vigente con el FMI, en el marco de un acuerdo de facilidades extendidas que vencerá a fin de año, un préstamo por 44.000 millones de dólares, por lo que un nuevo acuerdo aliviaría presiones sobre las reservas netas del Banco Central que, descontados depósitos privados y préstamos como el “swap” con el Banco popular de China, aún son negativas en unos 5.000 millones de dólares.
En este sentido, la administración de Javier Milei dio claras señales en las últimas horas de que tiene garantizados los pagos previstos para el primer semestre de 2025, por unos 5.000 millones de dólares.
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, afirmó a través de su cuenta en la red social “X” que tuvo el jueves una “muy buena conversación” con Caputo y destacó el “progreso en estabilizar la economía” desde el Gobierno del libertario, sin brindar más detalles.
Además, esta semana el plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció que Argentina no cayó en la “lista gris” en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo. El organismo aprobó el Informe de Evaluación Mutua presentado por el país, lo cual fue festejado por el Gobierno de Javier Milei. La declaración habilita a inversiones de compañías extranjeras que, de integrar Argentina la “lista gris”, hubieran estado vedadas de operar por las restricciones legales de sus países de origen.
Además el Banco Mundial y el BID van a otorgar financiamiento por USD 8.800 millones. En el anuncio no se definieron plazos de los desembolsos ni los términos de los mismos, solo que parte de estos fondos (USD 2.000 millones) serían otorgados en los próximos meses del corriente año. Según expresa el comunicado, los fondos se dirigirían tanto al sector privado como al público: serán destinados a la protección social, a la educación y ayuda a los sectores más vulnerables para hacer más asequible las tarifas de transporte y electricidad.
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