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El gobernador Rogelio Frigerio anunció que, a partir de enero de 2025, el ingreso a la Administración pública será únicamente por concurso público, transparente y abierto. «No habrá más contratos basura o mal llamados contratos de obra», adelantó.
«En primer lugar, a partir del primero de enero de 2025, se terminan para siempre los contratos basura en el Estado provincial. Los mal llamados `contratos de obra¿ pasan a partir del primero de enero del próximo año a cumplir con los requisitos de la ley. Es decir, pasan a tributar a la Caja de Jubilaciones de nuestra provincia, que estamos rescatando y defendiendo entre todos; y pasan, por supuesto, también a tener los beneficios de nuestra obra social provincial», detalló.
Seguidamente, comunicó que «de la mano de esta medida histórica para Entre Ríos, anunciamos que se terminan para siempre los ingresos a la planta permanente del Estado que no pasen por un concurso público, transparente y abierto en nuestra provincia».
En ese sentido, remarcó: «Defendemos los derechos que emanan de la Constitución, uno de esos derechos habla de la estabilidad del empleo público. Estabilidad que, a nuestro parecer, está vinculada al cumplimiento de otro derecho de la Constitución: el que determina que la sola condición para poder ingresar al Estado es la idoneidad»Explicó entonces que «esa idoneidad solamente se puede cristalizar a través de un concurso público, abierto y transparente. Cuando la estabilidad del empleo público no está vinculada a esa idoneidad sino a una decisión de algún funcionario que circunstancialmente detenta el poder y quiere poner a un amigo, un pariente o un militante en el Estado, esa estabilidad pasa a ser un privilegio. Cuando la estabilidad está determinada por un concurso público, abierto y transparente, que plantea con claridad la idoneidad de esa persona, la estabilidad pasa a ser un derecho», subrayó.
Por último, Frigerio remarcó que se quiere «terminar con todos esos privilegios relacionados con el poder, y esta medida va en ese sentido», lo cual, a la vez, permitirá «recuperar la autoridad moral para ejercer el control, también en el sector privado, de que se cumplan las leyes laborales. El Estado ya no va a ser el principal empleador en negro de la provincia», concluyó.
