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Se propone ordenar las «deudas mutuas» y «compensaciones» entre la Nación y las provincias.
El Gobierno presentó el Régimen de Reparación Federal para ordenar las «deudas mutuas» y «compensaciones» económicas entre la Nación y las provincias, con las posibles cesiones de inmuebles y terrenos como principales herramientas para llegar a entendimientos.
Las provincias y Ciudad de Buenos Aires tendrán 30 días hábiles administrativos para acogerse de manera voluntaria al Régimen de Reparación Federal que promueve el Gobierno con el fin de ordenar las deudas mutuas y «compensaciones» económicas, y 60 días hábiles
administrativos para presentar la documentación respaldatoria.
«Buscamos caminar junto con los gobernadores hacia un verdadero federalismo», expresó el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.
El funcionario expresó que «la idea es hacer un borrón y cuenta nueva en las compensaciones entre las provincias y la Nación», ya que «desde hace muchas décadas las cuentas fiscales y un
centralismo creciente han llevado a que las relaciones financieras y económicas entre la Nación y las provincias no sean simétricas».
A través de este decreto -que saldrá publicado este viernes- las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán incorporar al citado régimen las deudas que consideren necesarias, con el objetivo de unificarlas con aquellas que el Estado nacional mantiene con cada uno de los distritos, de modo de acordar compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimiento,
remisiones y toda otra operación que tenga como fin la cancelación de deudas, con créditos que tengan cada una de las jurisdicciones con el Estado nacional.
«Hay empresas del Estado nacional que están radicadas en provincias. Puede haber transferencia de empresas, de terrenos. No estamos cerrados a ninguna herramienta que puedan proponer, por su parte, las provincias», detalló.
«Invitamos a todos los gobernadores a mirar hacia el futuro y trabajar juntos, con el firme objetivo de encontrar soluciones que le den un orden a las provincias y a la Nación», ya que el objetivo «es ir hacia un verdadero federalismo, la Nación no debe ser un corset que impida el crecimiento de las provincias», aseveró el vicejefe de Gabinete del Interior.
Por último, el decreto indica que los saldos provenientes de débitos o créditos recíprocos serán cancelados en las condiciones que establezca el acuerdo celebrado entre Nación y cada uno de los distritos participantes.
Y deja como opción la posibilidad de que si el saldo de deuda resulta a favor del Estado nacional, las provincias o la Ciudad de Buenos Aires podrán cancelarlo afectando un porcentaje de los recursos que le correspondan por coparticipación.
Según Catalán, ya hubo contactos informales de Presidencia con algunos gobernadores por este tema y varios de ellos consideraron la iniciativa «como una idea creativa». Noticias Argentinas supo que Santa Fe, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires fueron algunos de los distritos que se mostraron interesados en el régimen propuesto.
En el diseño del proyecto intervino, también, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABBE), que lidera el economista Nicolás Pakgojz, el encargado de administrar los edificios, oficinas, predios y terrenos del Estado nacional, que tiene la potestad de venderlos o concesionarlos.
A partir de esas conversaciones incipientes, algunos distritos que fueron notificados extraoficialmente quedaron en analizar el tema y dar una respuesta, como Santa Fe, donde gobierna el radical Maximiliano Pullaro. Otros, como la Ciudad, de Jorge Macri (PRO), se mostraron más proclives a aceptar, aunque aún evalúan si les convendría aceptar el pago de la coparticipación con terrenos fiscales.
Ayer, un ministro del alcalde porteño aseguró que distintos funcionarios nacionales les habían planteado el tema prácticamente desde el inicio del año: “A nosotros nos vendría bien, a ellos también”, dijo horas antes de que se conociera que el Presidente avanzaría a toda velocidad con un decreto para poner en marcha el régimen.
Cada provincia tendrá 30 días hábiles para adherirse, y luego otros 30 para presentar la documentación requerida para iniciar las negociaciones, y en los distritos guardan reserva sobre la viabilidad de esos tiempos para ordenar los papeles y ponerse de acuerdo internamente sobre la conveniencia de aceptar la metodología de pagos que propone el Gobierno. Por lo pronto, los libertarios advirtieron que no están obligados, pero pidieron colaboración y “creatividad” para encontrar una solución al tema de las deudas sin dañar el déficit fiscal.
En la conferencia de prensa donde anunció la medida, ayer por la tarde, Catalán dijo que el régimen busca “facilitar el saneamiento de las cuentas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Pero, más allá del intento de contener a los gobernadores de cara a la etapa final del debate legislativo por el Presupuesto, también hubo un cálculo económico a favor del Gobierno. “Las cosas que les vamos a transferir son cosas que también nos queremos sacar de encima. Cada uno va a tener su beneficio”, deslizó un alto funcionario nacional.
En Balcarce 50, donde reina el pensamiento economicista, tradujeron la iniciativa en términos del ámbito financiero o bancario: “Es como un clearing, o un settlement”, sostuvo un asesor presidencial. La primera refiere al proceso de compensación y liquidación de operaciones, donde se asegura que las transacciones se realicen correctamente y que ambas partes cumplan con sus obligaciones. Mientas que las instituciones de clearing actúan como intermediarios, minimizando el riesgo de incumplimiento al garantizar que los pagos y activos se entreguen de manera segura y puntual entre.
“En otras palabras, les vamos a pagar con especias”, dijeron sobre la entrega como parte de pago de inmuebles, rutas, o empresas nacionales. “En lugar de que venga la plata al Tesoro, les damos directamente las propiedades o las empresas o los terrenos. Y nosotros logramos deshacernos de pasivos que generan gastos innecesarios para todos los argentinos”, agregaron.
Con esta fórmula, la Nación cree podría apuntar a dejar de emitir deuda pública, entregando activos que no le generan flujos o incluso crean gastos de mantenimiento. En el caso de la Ciudad, por ejemplo, pagarle impuestos por esos activos en buena parte inutilizados a las arcas porteñas.
Más allá del grado de adhesión que vayan a obtener de parte de los distritos, con el régimen anunciado ayer en el Gobierno proyectan una estrategia política. A partir de ahora, cada vez que los gobernadores le reclamen a la Nación por las deudas, sea de las cajas jubilatorias, de la coparticipación o en otros conceptos, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de responderles que Milei ya planteó una salida al problema. “El que no quiera adherir estará en su derecho, y se atendrá a las consecuencias”, advirtieron cerca del primer mandatario. En un primer sondeo, las voluntades en el interior eran un misterio y la mayoría se atajaba: primero quieren ver la letra chica.
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