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La jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó esta mañana una serie de allanamientos en el marco de la investigación que lleva adelante contra el senador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay por intentar cruzar la frontera con más de 200 mil dólares. Según pudo saber Infobae, uno de los procedimientos, a cargo de Gendarmería, se lleva a cabo en el edificio Live de la ciudad de Paraná, donde la empresa Betail SA figuraba hasta mayo de este año como titular de cinco unidades. Los allanamientos también se llevan a cabo en Concordia
Los procedimientos fueron ordenados por la jueza Sandra Arroyo Salgado. Uno se realiza en el edificio Live de Paraná, donde una empresa del legislador compró dos departamentos y cocheras
A partir de junio, las expensas de los cinco inmuebles que estaban a nombre de Betail SA pasaron a figurar al de Iara Guinsel Costa, la secretaria de Kueider, con quien además tendría una relación afectiva.
Otro de los allanamientos se realiza esta mañana en la sede de la empresa Dujovne, en las calle Bavio y Pellegrini, también en Paraná. Esa firma, junto con Caballi y Szcech conforman el Grupo CDS, que desarrolló el edificio Live.
Kueider ingresó a Betail SA – que significa “ganado” en francés – en diciembre de 2019 cuando compró el 50% de la firma junto con su socio y amigo Rodolfo Daniel González, un puntero político de Concordia, empleado planta permanente de la Biblioteca del Congreso desde 2004, y cuyo traslado a su despacho pidió Kueider cuando asumió su banca en la Cámara alta en diciembre de 2019. Poco después, González le transfirió sus 50.000 acciones (el 50%) al primo de Kueider, Javier Rubel, un albañil monotributista categoría C, a quien Kueider hizo volver de España para que figurara en Betail SA, a cambio de futuros contratos en el sector público.
Según reveló Infobae, Betail SA no tuvo actividad comercial alguna desde su creación. Si bien en el objeto social cuando fue creada figura “venta de ganado bovino en pie” y “producción de semillas de cultivos agrícolas”, registra “cero ventas” y “cero costos por la compra de mercadería” en los documentos presentados ante la Inspección General de Justicia.
