El Ejecutivo provincial vetó parcialmente la ley de acceso a la información pública

El Poder Ejecutivo de la provincia, vetó parcialmente la ley de acceso a la información pública, sancionada recientemente por la Legislatura. Según el decreto 3.498 del 27 de noviembre último, el gobernador Rogelio Frigerio, y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, rebatieron parcialmente los artículos 14, 16 y 18 de la ley. Además, la disposición que lleva el sello de la Secretaría Legal y Técnica de la provincia, hace propuestas sobre la redacción de un nuevo texto.

Según la documentación a la que accedió ANÁLISIS, las disidencias del Ejecutivo provincial tienen que ver con lo atinente a la recurribilidad de las decisiones de las cámaras Contencioso Administrativas en sede judicial, en los casos de amparos para acceder a información pública, así como todo lo referente a la regulación específica de esos amparos.

Asimismo, el veto de modo parcial también fue para el artículo 16 de la ley sancionada por la Legislatura, dado que incurre en “reiteraciones innecesarias al referir nuevamente a lo ya previsto en el artículo 14 respecto al mecanismo para agotar la vía administrativa, así como ingresar a la regulación del amparo”.

El documento de la Secretaría Legal y Técnica también sostiene que, el artículo 18 de la ley propone la creación de un cargo de director de la Oficina de Acceso a la Información Pública y este sea concursado por personas que acrediten empleo en la administración pública, a partir de un concurso cerrado. El veto indica que tal disposición va en contra del espíritu de la Constitución que indica que cualquier ciudadano idóneo puede ocupar un cargo en el Estado, por lo cual sugiere que el concurso sea abierto.

En la parte resolutiva del veto, desde el artículo 5° en adelante, el Ejecutivo propone cómo deben ser las redacciones de los apartados cuestionados. En efecto, sugiere que el Reclamo por Incumplimiento previsto en el artículo 14 del texto legislativo “será sustitutivo de los recursos previstos en la Ley Provincial 7.060 de Procedimientos para Trámites Administrativos”. Más adelante, el veto hace apreciaciones sobre los plazos establecidos para interponer reclamos por incumplimientos, las condiciones de los postulantes para un futuro concurso de director de la Oficina de Acceso a la Información Pública y la duración del cargo.

Es preciso recordar que el Acceso a la Información Pública fue uno de los ejes de campaña y uno de los puntos propuestos por el Gobierno que conduce Rogelio Frigerio. El 11 de enero, apenas un mes después de la asunción, el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura el proyecto de ley. Ingresó a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Asuntos Constitucionales donde fue modificado. El proyecto con modificaciones recibió media sanción el 3 de junio de este año. Posteriormente ingresó al Senado donde fue sancionado tal como llegó de la Cámara baja, el 13 de noviembre.

Finalmente, las actuaciones fueron remitidas a la Secretaría Legal y Técnica el 15 de noviembre. Allí se hizo un control de legalidad. El organismo se expidió mediante el Dictamen 143/2024. “La Secretaría Legal y Técnica advirtió sobre la introducción de requisitos que no fueron previstos por este Poder Ejecutivo en el proyecto remitido al diseñar la Oficina de Acceso a la Información Pública, así como la modificación de mecanismos para efectuar reclamos por incumplimiento de las disposiciones contenidas en la norma”.

.Analisis