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Un nuevo capítulo se escribe en la resonante causa por supuestas coimas que salpica al exgobernador Sergio Urribarri y al empresario Diego Armando Cardona Herreros. El juez de Garantías, Julián Vergara, rechazó los pedidos de sobreseimiento presentados por ambos imputados, una decisión que mantiene firme la investigación que ya fue elevada a juicio el pasado 5 de junio y en la que Urribarri enfrenta una solicitud de condena de 10 años de prisión.
La resolución del magistrado fue contundente: la solicitud de apelación de la denegatoria de sobreseimiento no es procedente, ya que la ley solo habilita este recurso para los sobreseimientos «concedidos», no para los «denegados». «El Código Procesal local establece de modo enfático que la denegatoria del pedido de sobreseimiento no es apelable», subrayó Vergara, añadiendo que esta decisión «no causa un gravamen irreparable» puesto que la continuidad del imputado en la investigación forma parte de la garantía constitucional de juicio previo.
Evidencia cuestionada, recurso rechazado
Los defensores de Urribarri y Cardona Herreros también habían apelado la resolución del 5 de junio, argumentando un «gravamen irreparable» por la no anulación y exclusión de la evidencia obtenida por el Ministerio Público Fiscal (MPF). Cuestionaron la admisión de la prueba digital y/o electrónica y la incorporación de testimoniales presuntamente condicionadas. No obstante, el juez desestimó esta apelación, ratificando la validez de la evidencia ofrecida por la Fiscalía.
La única excepción en esta batería de rechazos fue un recurso de apelación interpuesto por el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, quien ejerce su propia defensa. El juez Vergara sí hizo lugar a este recurso, que ponía en tela de juicio la decisión de no admitir una serie de pruebas propuestas por Smaldone en su defensa.
La trama de las coimas: millones en dádivas y una red de beneficiarios
La causa investiga el supuesto pago de coimas por parte de Diego Armando Cardona Herreros, dueño de Relevamientos Catastrales SA, a funcionarios del gobierno de Urribarri a cambio de contratos con el Estado entrerriano.
En una audiencia celebrada en marzo de 2024, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano detallaron las millonarias sumas pagadas en dádivas, registradas bajo la enigmática sigla «PLM» en planillas, documentación y correos electrónicos.
Los «PLM» desglosados por licitación revelan un esquema de distribución de fondos:
- Licitación 1/08: Un «PLM» total de $3.062.000, con el 36,47% ($1.000.007) destinado a «SDU» (Sergio Daniel Urribarri) y un porcentaje similar para «equipo» (empresarios de Relevamientos Catastrales). Se detallan también pagos a «JGLapo» (José Gervasio Laporte) y al «Zurdo Ruso» (Luis Alfonso Erbes), además de un «PLM» fijo de $280.000 para el «jefe», presuntamente Urribarri.
- Ampliación Licitación 1/08: Un «PLM» total de $1.038.000, distribuidos en pagos mensuales.
- Contratación directa de la continuidad de la 1/08: El «PLM» ascendió a $800.000.
- Licitación 48/11: Un «PLM» total de $3.762.000, con distribuciones internas entre los integrantes de la sociedad.
- Licitación 84/13 del Ministerio de Trabajo: El «PLM» más alto, con $6.876.000 distribuidos entre Guillermo Smaldone ($1.800.000), «MU» (Mauro Urribarri) ($1.440.000), «DAC» (Diego Armando Cardona Herreros) ($1.440.000), el «Ruso» ($720.000) y el «Turco» (Carlos Haidar) ($180.000), entre otros.
- Licitación 2/15: Un «PLM» total de $1.836.000, con montos para el «Ruso», «equipo» y Miguel Ulrich, entre otros.
La fiscal Yedro enfatizó la mecánica: «Cada vez que se efectuaba el pago de la provincia por una contratación, se ponía en marcha este sistema de distribución de PLM para funcionarios y empresarios». La investigación, basada en comunicaciones internas, asientos contables y expedientes de licitaciones, reveló diversas operatorias, incluyendo cheques a empresas asociadas por «contraprestaciones ficticias», dinero en efectivo y la compra de bienes y servicios para funcionarios o sus familiares.
Un vínculo estrecho y solicitudes de pena
La investigación también reveló un «estrechísimo vínculo amistoso» entre Urribarri y Cardona Herreros, evidenciado por cientos de mensajes telefónicos. Incluso se menciona que el exgobernador utilizaba líneas a nombre de terceros para comunicarse.
Entre los detalles más llamativos, la Fiscalía expuso la compra de pasajes aéreos para la familia Urribarri y Smaldone, así como la adquisición de alfombras, una heladera y una cinta de correr entregadas en un departamento de Capital Federal, domicilio del exgobernador, y recibidas por su esposa, Ana Lía Aguilera.
El Ministerio Público Fiscal, con la firma de Patricia Yedro y Gonzalo Badano, ya adelantó las penas que solicitará en el juicio oral y público:
- Sergio Daniel Urribarri: 10 años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $540.000.
- Diego Armando Cardona Herreros: 9 años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $540.000.
- Guillermo Smaldone(ex ministro de Trabajo de ER): 5 años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua y multa de $90.000.
- Carlos Marcelo Haidar(ex director de Informática de la Provincia): 6 años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $540.000.
- Luis Alfonso Erbes(ex sub secretario de Presupuesto y Hacienda de Urribarri /Bordet): 5 años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua y multa de $360.000.
- Miguel Ángel Ulrich(ex director general de Ajustes y Liquidaciones) : 4 años y 6 meses de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $360.000.
- José Humberto Flores(ex secretario de Hacienda de la Provincia de ER): 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $90.000.
Con la firmeza de la decisión judicial de mantener a los principales imputados en la mira y la contundente evidencia presentada por la Fiscalía, se espera un juicio con grandes repercusiones en la provincia. Fuente;Entrerios ahora/Cadena Entrerriana.
