Y, mientras tanto, existe el reclamo del fondo Burford Capital (los acreedores vencedores en la causa), para garantizar el cobro de los U$S 16.000 millones estimados por Preska que Argentina debe pagarle por haber perdido el juicio. Burford reclama ante la jueza que se embarguen el 51% de las acciones de la petrolera, como garantía de cobro, mientras el país apela la decisión. Los abogados del país rechazan la iniciativa bajo el argumento que si bien la Nación es propietaria de ese paquete, corresponde a una sociedad sin relación con el manejo de la empresa. Con el escrito presentado el viernes, Biden a través del Departamento de Justicia, coincide con Argentina.
En la misma situación de YPF, bajo fuego cruzado de reclamos de embargos desde Burford ante Preska, se encuentran también activos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Banco Nación (BNA) y la Empresa de Energía Sociedad Anónima (ENARSA). El peligro de acción de Burford vía Preska sobre las acciones de YPF tienen un condimento especial de los últimos meses: la empresa tuvo una revaluación activa en su precio de mercado pasando de los 6000 millones de noviembre de 2023 (ultimo mes de gestión de Alberto Fernández) a más de 18.000 millones de dólares de la actualidad, con lo que el 51% del valor de la empresa llegaría a los 9.000 millones, cuando hace 12 meses no alcanzaba los 3.000 millones. Nada mal.
De ahí el valor de la ayuda de Biden. En general este tipo de requerimientos oficial de la administración nacional norteamericana son respetados por parte de los jueces, con lo que Preska debería postergar su decisión forma de avanzar en la medida de tomar como garantías las acciones de estas compañías, hasta que la posición de la administración Joe Biden quede expuesta. Se supone que, de alguna manera, sería favorable a la Argentina, con lo que si luego la jueza atiende el requerimiento del Departamento de Justicia, podría haber algún tipo de freno al avance de Preska sobre los activos de YPF, ENARSA, BCRA y el BNA.
Esta decisión de tomar estas acciones de las cuatro sociedades, había sido un pedido de marzo del 2024 de los abogados de Burford, ante la continuidad del juicio en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, y luego que el demandante haya tenido fallo favorable a su posición en la primera instancia. Como la causa de apeló y durará en los tribunales de los Estados Unidos más del 2025; Burford pidió el derecho de embargar activos financieros y físicos del país ubicados en los Estados Unidos, como garantía de cobro futuro y aplicando la teoría del “Alter Ego”. Esto es, la consideración que las tres sociedades forman parte del Estado Nacional y, en consecuencia, pueden ser colocadas como garantías.
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