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El interventor del Iosper, Mariano Gallegos, anunció que la Justicia ya tiene en su poder la documentación que expone serias irregularidades en la obra social, cumpliendo así la promesa de transparentar la gestión del organismo.
El interventor del Iosper, Mariano Gallegos, confirmó que la documentación recabada por la Comisión Fiscalizadora ya está en manos del procurador General, Jorge García, para que el Ministerio Público Fiscal determine si se cometieron delitos penales en la administración del organismo.
«Desde la intervención en diciembre, realizamos un relevamiento exhaustivo que expuso irregularidades muy graves, especialmente en el circuito de prótesis», afirmó Gallegos. El interventor detalló una «presunta connivencia entre prestadores y autoridades del Iosper» que habría beneficiado a los primeros en detrimento de la obra social. «Tal como lo prometimos, toda esta información ya está en la Justicia, que determinará los delitos y juzgará a los responsables», enfatizó.
Gallegos destacó la gravedad de los hallazgos, lo que motivó al Tribunal de Cuentas a poner en conocimiento del Ministerio Público Fiscal la documentación que podría configurar delitos contra la administración pública, «activando así el proceso penal».
El interventor también señaló que la labor inicial de la Comisión Fiscalizadora fue obstaculizada por las anteriores autoridades del Iosper, quienes se negaron a entregar información. Esta situación se revirtió con la intervención, permitiendo el acceso a la documentación y sistemas informáticos. «El trabajo técnico fue riguroso y aportó elementos objetivos ahora en manos de la Justicia», remarcó.
Finalmente, Gallegos subrayó el compromiso del gobierno provincial de transparentar el Iosper y administrar los recursos con responsabilidad. En este contexto, los hallazgos refuerzan la necesidad de la nueva Obra Social de Entre Ríos (OSER), concebida como una entidad moderna con mayor control y mejores prestaciones.
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