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Fuentes oficiales confirmaron que no implicaría la asignación de dinero extra, sino el aval para realizar contrataciones directas en lugar de procesos de licitación que conllevan procesos de compra más largos
La reconstrucción de Bahía Blanca necesita el acuerdo de los gobiernos nacional, provincial y municipal para determinar cuánta plata pone cada uno. Sin embargo, hay otra variable fundamental que no puede esperar: ¿cuánto tardará en llegar ese financiamiento? En ese camino, fuentes oficiales confirmaron que la Casa Rosada trabaja en una normativa que declare la emergencia vial para la zona azotada por la inundación.
Tal cual describieron quienes están al tanto de la iniciativa, eso no implicaría fondos extras o especiales para atender los caminos y rutas colapsados por el agua, sino más bien un cambio administrativo que faculte a la Dirección Nacional de Vialidad a realizar contrataciones directas en vez de abrir procesos licitatorios. Esto tendría el objetivo de acelerar tiempos y comprar los insumos que resultaran necesarios de una manera más rápida.
De este modo, la emergencia vial se diferenciaría de la emergencia ferroviaria, medida por la cual el Gobierno reasignó $1,3 billones para obras de infraestructura en trenes, luego del choque de formaciones de la línea San Martín en Palermo, que dejó 90 heridos en mayo del año pasado. Pese a eso, en el oficialismo aseguran que la Dirección Nacional de Vialidad posee un fondo de emergencia plausible de atender los gastos que requiera la reconstrucción de rutas nacionales, como la Ruta 3, y sus accesos.
Hasta el momento, el Gobierno confirmó el envío de $10.000 millones para atender la emergencia en Bahía Blanca. En paralelo, fuentes diplomáticas confirmaron a LA NACION que el Ejecutivo inició conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obtener fondos que destinaría a su reconstrucción.
El intendente Federico Susbielles indicó que se necesitarán $400.000 millones para reparar todos los daños registrados, como rutas destrozadas, escuelas y hospitales con riesgo de derrumbe, y el canal aliviador del Maldonado, la única obra hidráulica que sufrió el embate del agua.
A su vez, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, comandado por Axel Kicillof, anunció créditos blandos de hasta $10 millones para familias y de hasta $40 millones para empresas, planes de hasta 36 cuotas sin interés para comprar electrodomésticos a través del Banco Provincia, exención por un año del impuesto inmobiliario urbano y de la primera cuota del tributo automotor, un mes en el que su gestión se hará cargo del pago de los boletos del transporte público y subsidios para hogares de menores ingresos.
A propósito de infraestructura, Kicillof confirmó que destinará $75.000 millones para un fondo especial de reparaciones urbanas, unos $80.000 millones para la restauración del canal aliviador Maldonado, y otros $22.000 millones para reactivar el Hospital Penna, cuya sala de neonatología se inundó y debió evacuarse a los bebés que estaban allí.
En paralelo a esto, el Ejecutivo cuenta con otra vía diplomática, por fuera del BID. Se trata del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que depende del Banco Mundial. En octubre de 2023, la administración de Alberto Fernández firmó un contrato con la entidad por un préstamo de US$200 millones. Según el decreto que habilitó dicho acuerdo, los fondos tenían el objetivo de dar cobertura para “Infraestructura resiliente al clima para la mitigación y adaptación del riesgo de inundaciones en ciudades críticas, Mejora de la Capacidad Institucional y Reducción de la Vulnerabilidad, Gestión del Proyecto y Componente Contingente de Respuesta de Emergencia (CERC)”.
Según datos oficiales, el Gobierno nunca usó esos dólares disponibles y podría hacerlo en caso de que solicitara desembolsos. Sin embargo, no todo sería tan rápido y fácil como parece. Los fondos comprometidos para ese contrato contenían subproyectos ubicados en las provincias de Salta, Chaco, Formosa y Jujuy. ¿Pueden cambiarse esos subproyectos para destinar la ayuda a Bahía Blanca? Sí, pero llevaría más tiempo, dijeron especialistas.
La gestión de ese financiamiento, que tenía como objetivo desarrollar obras para mitigar posibles inundaciones, posee un detalle curioso. La impulsó en 2023 quien estaba al frente de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, actual ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires.
También existen otras vías de ayuda económica. Cada vez que alguien cargue nafta podría estar realizando una donación indirecta para la reconstrucción bahiense. Esto surge del impuesto a los combustibles, que tiene, según la ley que lo creó, una asignación específica. Esto implica que lo que recauda tiene de antemano una función prefijada. En este caso, el 4,3% de lo que se paga por este tributo es derivado al Fondo Hídrico de Infraestructura.
En enero, el fisco explicó que por el “Impuesto a los Combustibles ingresaron $262.914 millones con una variación interanual de 470%”. El 4,3% de eso serían $11.305 millones. Y en febrero, la recaudación total del tributo fue de $339.280 millones, razón por la que otros $14.589 millones deberían ser derivados al Fondo Hídrico de Infraestructura. Es decir, en los primeros dos meses del año sumó $25.894 millones.
Otro tributo que tenía asignación específica era el impuesto PAIS. El 19,5% de lo que recaudaba debía destinarse a obras de Infraestructura Económica, ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas. En diciembre pasado, mediante un decreto firmado el presidente Javier Milei, el Gobierno estableció que la Secretaría de Obras Públicas debía pagarle al Tesoro la cifra de $1 billón, como resultante de los fondos que no se utilizaron, producto de la motosierra en la obra pública.
En consecuencia, debió emitir un pagaré cuya fecha de vencimiento es el 18 de marzo. Independientemente de si Obras Públicas transfirió ese dinero al Tesoro, se trata de movimientos de plata intra Estado.
