El historial judicial de Cristina Kirchner: causas abiertas, juicios pendientes y una condena firme

Con la sentencia consolidada en el caso “Vialidad”, CFK mantiene frentes activos en expedientes por corrupción, lavado y encubrimiento, incluidos “Cuadernos” y “Hotesur–Los Sauces

Con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no abrir el recurso de Cristina Fernández de Kirchner y de dejar firme su condena en el caso conocido como “Vialidad”, llega a su fin (al menos en el ámbito nacional) uno de los expedientes donde se encontraba imputada por diferentes hechos ocurridos durante el desarrollo de su presidencia y la de Néstor Kirchner, entre los años 2003 y 2015. Aún permanecen abiertos, y en distintas etapas del proceso, otros expedientes de alto voltaje que prometen seguir sacudiendo la arena política, tales como el denominado “Pacto con Irán”, que denunció el fallecido fiscal Alberto Nisman, o la megacausa de los “Cuadernos”, donde la exmandataria está acusada de liderar una asociación ilícita dedicada a recaudar coimas.

CFK fue condenada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal Nº 2 porteño a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, en el marco de la causa “Vialidad”, que investigó el direccionamiento de contratos de obra pública en favor del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. Allí fue absuelta por asociación ilícita. Ese fallo quedó confirmado en noviembre de 2024 por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, que también ratificó las penas para Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López (6 años), el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti (6 años), y cinco exfuncionarios del área de Vialidad provincial. Por otro lado, resultaron absueltos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, los exfuncionarios Abel Fatala y Carlos Kirchner –primo del expresidente Néstor Kirchner–, y Héctor Garro. La Corte Suprema, vértice de la pirámide judicial, con la resolución firmada por sus tres ministros dio por concluido el expediente.

Aún así, en relación a esas actuaciones avanza en el fuero civil y comercial federal una demanda por daños y perjuicios contra la CFK, Báez, López, Periotti y otros exfuncionarios por un monto estimado en 22.300 millones de pesos, impulsada en 2018 por el entonces director de Vialidad Nacional Javier Iguacel. El planteo busca resarcir al Estado por las obras adjudicadas a la firma Austral Construcciones en la provincia de Santa Cruz. Luego de varios conflictos de competencia, la causa quedó radicada en el Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 2, a cargo de Marcelo Bruno Dos Santos, quien en mayo de este año rechazó por segunda vez un pedido de la defensa de la actual presidente del Partido Justicialista para declarar la caducidad de instancia y cerrar las actuaciones.

A su vez, otro proceso que se encuentra activo y con diligencias en curso es el de «Hotesur-Los Sauces”, donde se analiza si hubo lavado de dinero y asociación ilícita a través de las sociedades homónimas de la familia Kirchner, mediante contratos de alquiler de inmuebles y hoteles a empresarios contratistas del Estado. La hipótesis de la fiscalía es que los pagos fueron una contraprestación por obras públicas licitadas durante los gobiernos kirchneristas. Entre los acusados figuran la expresidenta, su hijo y diputado nacional Máximo Kirchner, y los empresarios Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre una treintena de personas. El caso fue enviado a juicio oral, pero en noviembre de 2021, el Tribunal Oral Federal Nº 5 sobreseyó por mayoría a todos los imputados. En septiembre de 2024, la Sala I de Casación revocó ese fallo y ordenó avanzar con el debate, salvo en el caso de Florencia Kirchner, hija de la exmandataria, cuyo sobreseimiento quedó firme. En diciembre pasado, la Corte Suprema ratificó que el juicio debe realizarse. Así, en abril de este año, el presidente del TOF 5, José Michilini, reactivó medidas de prueba, incluyendo un peritaje contable sobre toda la documentación acumulada.

En la causa “Memorándum con Irán”, Fernández de Kirchner está acusada de encubrimiento por haber impulsado un acuerdo secreto de cooperación con ese país, que según la denuncia del fiscal Alberto Nisman, habría buscado proteger a los imputados del atentado a la AMIA. En 2021, el Tribunal Oral Federal Nº 8 dictó el sobreseimiento de los imputados por inexistencia de delito, pero en 2023 la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que se haga el juicio público. En diciembre de 2024, la Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios de las defensas y dejó habilitado, así, la sustanciación de un debate oral que todavía no tiene fecha.

Además de la condenada CFK, están señalados Eduardo Zuain, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis D´Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil y Ramón Bogado. El ex canciller Héctor Timerman falleció en el curso del proceso.

Antes de su muerte, el fiscal federal Alberto Nisman impulsó una denuncia contra Fernández de

Pero las actuaciones de mayor volumen son las que mediáticamente se conocen como los “Cuadernos de las coimas”, que surgieron a partir de las anotaciones de Oscar Centeno -exchofer del exfuncionario Roberto Baratta-, quien documentó durante años supuestos traslados de dinero en efectivo vinculados a pagos ilegales de empresarios a exfuncionarios del kirchnerismo. En este expediente, CFK fue procesada como jefa de una asociación ilícita presuntamente dedicada a recaudar fondos de contratistas del Estado, junto a numerosos funcionarios y hombres de negocios. La investigación fue instruida por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, quienes acumularon un conjunto de causas, algunas preexistentes y otras labradas a partir de las confesiones de imputados colaboradores. En su resolución de elevación a juicio, Bonadio sostuvo: “Estamos frente a una asociación ilícita que fue comandada por Néstor Kirchner y Cristina Elisabet Kirchner”, y descartó que se tratara de una persecución judicial. Citó incluso un pasaje de las anotaciones de Centeno, fechada el 7 de septiembre de 2015: “La verdad que cada vez que veo toda esta corrupción me duele el alma por la manera que roban sin escrúpulos y sin medir consecuencias”.

Solo en el tramo principal del expediente (causa 9608/2018), hay 45 personas acusadas por delitos como asociación ilícita, cohecho pasivo, cohecho activo, admisión de dádivas y encubrimiento. Entre los principales imputados figuran Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, el financista Ernesto Clarens, y empresarios como Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner, Enrique Pescarmona y Néstor Otero, entre otros.

El Tribunal Oral Federal Nº 7, integrado por Enrique Mendez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, determinó que el juicio oral comenzará el próximo 6 de noviembre con modalidad virtual. Habrá más de 600 testigos, entre ellos funcionarios, empresarios, peritos y testigos de distintos procedimientos llevados a cabo durante la instrucción.

Otro trámite que figura en el historial judicial de Cristina Kirchner está ligado a la pesquisa que adquirió relevancia como “Dólar Futuro”, donde la Corte Suprema desestimó en diciembre de 2024 un planteo de la fiscalía y dejó firme su sobreseimiento, junto al del actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el de otros exfuncionarios. En rigor, el caso había comenzado por una denuncia de Federico Pinedo (PRO), Mario Negri (UCR) y otros diputados, por supuestas irregularidades en la venta de contratos a futuro de divisas realizadas por el Banco Central entre agosto y noviembre de 2015. Según los denunciantes, el BCRA había vendido contratos a $10,60 y $10,80 mientras que el dólar paralelo rondaba los $16, lo que habría generado un perjuicio patrimonial al Estado. No obstante, un peritaje oficial concluyó que no hubo daño económico, y la Sala I de la Cámara Federal de Casación sobreseyó a todos los acusados. Tras el rechazo del recurso extraordinario y de la queja fiscal, la Corte clausuró el caso invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.

Por último, permanece en la etapa de investigación un tramo conexo a la causa de la “Ruta del Dinero K”, iniciada en abril de 2013 y cuya mayor parte ya fue sometida a juicio oral. En ese proceso, Lázaro Báez fue condenado junto a otros 17 acusados -incluidos sus hijos- por haber ejecutado maniobras de lavado de dinero que superaron los 55 millones de dólares. El TOF 4 porteño consideró que los fondos provenían de actividades ilícitas, entre ellas la facturación apócrifa y, según uno de los votos, de contratos de obra pública. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas aunque redujo algunas de las penas impuestas.

El expediente anexo tramita en el Juzgado Federal Nº 7 a cargo de Sebastián Casanello, y fue impulsado originalmente por el fiscal Guillermo Marijuan, quien en 2023 pidió el sobreseimiento de la expresidenta al considerar que, tras una década de medidas de prueba, no se había acreditado una vinculación directa con las maniobras investigadas. Sin embargo, la ONG Bases Republicanas se presentó como querellante, argumentando que Báez habría actuado como testaferro de Néstor y Cristina Kirchner. Aunque Casanello rechazó su incorporación, la Cámara Federal y la de Casación aceptaron su intervención y ordenaron revocar el sobreseimiento.

Apelación mediante, en mayo pasado la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible un planteo de la defensa de CFK, consolidando así la continuidad del proceso penal, que actualmente cuenta con dos medidas de prueba en curso.

En base a las causas que se encuentran a las puertas de un debate oral, Cristina Fernández de Kirchner enfrenta una serie de cargos con distintas escalas penales. En el expediente “Hotesur–Los Sauces”, por caso, donde está requerida a juicio por lavado de activos agravado en concurso ideal con admisión de dádivas y asociación ilícita en calidad de coautora, el monto de pena aplicable va de 4 a 16 años de prisión, tomando como base la pena del delito más gravemente reprimido -el lavado agravado- con posibilidad de elevar el máximo en un tercio.

En el expediente que analiza el “Memorándum de entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán”, se le imputa a la expresidenta el delito de encubrimiento agravado, cuya pena oscila entre 1 y 6 años de cárcel.

Por último, en la megacausa de los “Cuadernos”, donde está acusada de liderar una asociación ilícita en concurso real con veintidós hechos de “cohecho pasivo”, el marco legal habilita una eventual acumulación de penas que podría proyectarse entre 6 y 16 años de prisión.

Estas cifras, cabe aclarar, constituyen proyecciones basadas estrictamente en la legislación penal vigente, y estarán sujetas al resultado de los juicios orales y a la valoración de las pruebas que elaboren los jueces intervinientes en cada caso.