En Corrientes incautaron soja por $400 mil millones y en Salta contrabandeaban granos

Levantaron el secreto fiscal, bancario y financiero de los acusados

Por consiguiente, el magistrado autorizó la realización de peritajes pendientes y levantó el secreto fiscal, bancario y financiero de los acusados para profundizar en la investigación.

Este caso se inició en noviembre de 2022 tras una denuncia presentada por el jefe del Escuadrón 54, quien alertó sobre presuntas actividades ilícitas relacionadas con el contrabando de granos.

En tanto, la investigación tomó forma el 9 de octubre de 2023, cuando la fiscalía formalizó cargos contra tres civiles -Cristián Tomasini, Carlos Bonduri y Emmanuel Gutiérrez- por “contrabando de mercadería en concurso real con cohecho activo”. Según las pruebas recopiladas, estos individuos coordinaban con gendarmes de los puestos de control fronterizo para facilitar el paso ilegal de camiones cargados con granos hacia Bolivia.

A medida que avanzaron las investigaciones, la fiscalía pudo establecer los vínculos entre los gendarmes imputados y Tomasini, Bonduri y Gutiérrez en la trama de pago de coimas a cambio de permitir el paso sin restricciones de vehículos cargados con productos agrícolas.

Estas operaciones se llevaban a cabo en diversos horarios y en diferentes puestos de control fronterizo como Aguaray, Arenales y Senda Hachada, señaló el ministerio Público Fiscal (MPF).

A su vez, este caso tiene como antecedente una condena emitida en septiembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta. En esa ocasión, el excomandante principal y jefe del Escuadrón 54 “Aguaray”, Marciano Alberto Páez, fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por “cohecho pasivo” y “contrabando de exportación, agravado por el número de intervinientes y su condición de miembro de una fuerza de seguridad”.

También fueron condenados el sargento Rodolfo Ayala y el alférez Diego Ernesto Radaelli, así como Alberto Martín Crossa, propietario de una finca por donde pasaban los camiones con granos con destino a Bolivia.

De igual modo, la fiscalía destacó que el modus operandi en el caso actual guarda similitudes con el caso anterior, aunque no se evidenció aún una organización formalizada.

Durante la audiencia, enfatizaron en el número de gendarmes implicados y descartaron la posibilidad de que las grandes cantidades de granos transportadas por las rutas del norte provincial tuvieran como destino final el consumo en esa región. “No hay otro destino que el contrabando a Bolivia, a cambio de lo cual, los acusados obtuvieron enormes ganancias”, subrayaron los representantes del MPF.

Por otro parte, los representantes del Poder Judicial afirmaron que los actos procesales realizados hasta el momento corroboran la teoría del caso, que se resume en que los acusados no tenían otra actividad que exigir el pago de coimas con detenciones en la ruta.

En consecuencia, formalizaron la imputación y solicitaron la prisión preventiva de los acusados, salvo en los casos de Juan Adrián Sandoval y Lucas Darío Acuña. En el caso de Melina Leiva, quien se encuentra embarazada, se contempló la medida de arresto domiciliario, mientras que para el resto se solicitó cumplimiento en una unidad carcelaria federal.

Por último, el pedido de prisión preventiva fue fundamentado en la gravedad del hecho, considerando la condición de funcionarios públicos de los imputados, el perjuicio al Estado, y los riesgos de fuga y de entorpecimiento procesal que podrían implicar.

Este caso generó gran repercusión por la presunta corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y la complejidad de los esfuerzos para combatir el contrabando en la región norteña de Argentina. La investigación continúa avanzando para esclarecer completamente las actividades ilícitas y llevar a los responsables ante la Justicia.

De igual modo, la fiscalía destacó que el modus operandi en el caso actual guarda similitudes con el caso anterior, aunque no se evidenció aún una organización formalizada.

Durante la audiencia, enfatizaron en el número de gendarmes implicados y descartaron la posibilidad de que las grandes cantidades de granos transportadas por las rutas del norte provincial tuvieran como destino final el consumo en esa región. “No hay otro destino que el contrabando a Bolivia, a cambio de lo cual, los acusados obtuvieron enormes ganancias”, subrayaron los representantes del MPF.

Por otro parte, los representantes del Poder Judicial afirmaron que los actos procesales realizados hasta el momento corroboran la teoría del caso, que se resume en que los acusados no tenían otra actividad que exigir el pago de coimas con detenciones en la ruta.

En consecuencia, formalizaron la imputación y solicitaron la prisión preventiva de los acusados, salvo en los casos de Juan Adrián Sandoval y Lucas Darío Acuña. En el caso de Melina Leiva, quien se encuentra embarazada, se contempló la medida de arresto domiciliario, mientras que para el resto se solicitó cumplimiento en una unidad carcelaria federal.

Por último, el pedido de prisión preventiva fue fundamentado en la gravedad del hecho, considerando la condición de funcionarios públicos de los imputados, el perjuicio al Estado, y los riesgos de fuga y de entorpecimiento procesal que podrían implicar.

Este caso generó gran repercusión por la presunta corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y la complejidad de los esfuerzos para combatir el contrabando en la región norteña de Argentina. La investigación continúa avanzando para esclarecer completamente las actividades ilícitas y llevar a los responsables ante la Justicia.