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Un informe reciente de la Auditoría General de la Nación (AGN) puso bajo la lupa el estado y la gestión de las Unidades Turísticas de Chapadmalal (UTCH) y Embalse (UTE). El relevamiento abarca el período de enero de 2018 a diciembre de 2022, es decir parte de los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Si bien el informe registra “avances significativos en la planificación, gestión y asignación de plazas”, el documento expone una serie de deficiencias en infraestructura, seguridad y cumplimiento de normativas. Por ejemplo, se descubrieron unidades vandalizadas, usurpadas y se detectaron sustancias peligrosas como asbesto, plomo y gases fluorocarbonados que ponen en riesgo la salud de los turistas.
De acuerdo con el trabajo, el número de turistas alojados en estas unidades experimentó un notable incremento del 83% en 2022, pasando de 48.679 beneficiarios en 2018 a 89.214 personas. Sin embargo, este crecimiento no fue uniforme en ambos complejos. Mientras que en Chapadmalal se lograron mejoras gracias a la recuperación de espacios como los Hoteles 7 y 8, que anteriormente estaban destinados al Ministerio de Seguridad, en Embalse las obras quedaron inconclusas, lo que limitó la capacidad de aumentar la oferta turística.
Las dos Unidades Turísticas dependen de la actual Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. En sus conclusiones, los auditores reconocen que tanto los gobiernos del PRO como de Unión por la Patria incumplieron con dos leyes:
-La Ley 12.665 que tiene como objetivo la protección del patrimonio histórico y artístico nacional, que fue promulgada en 1940 y establece la creación de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, organismo encargado de identificar, conservar y proteger los bienes culturales e históricos del país. Las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse son consideradas patrimonio histórico-cultural del Estado Nacional. Por ello, cualquier acción de mantenimiento, restauración o intervención en estos complejos debe estar alineada con las disposiciones de esta ley para preservar su valor histórico y arquitectónico.
-La Ley 25.997 de Turismo, promulgada en 2005, establece los principios, objetivos y lineamientos generales para la promoción y desarrollo del turismo en Argentina. Este marco legal define al turismo como una actividad estratégica para el desarrollo económico, social y cultural del país, destacando su contribución a la generación de empleo, el crecimiento de las economías regionales y la inclusión social. Tiene como uno de sus principales objetivos “promover el desarrollo sostenible del turismo en Argentina como herramienta para el progreso social, la integración regional y la preservación del medio ambiente”. La ley contempla el turismo social como un derecho que debe garantizarse a sectores vulnerables de la sociedad. En este sentido, fomenta el acceso a actividades turísticas para personas con ingresos bajos, adultos mayores, personas con discapacidad y otros colectivos que, de otro modo, no podrían participar.
Los auditores recordaron que la Ley 25.997 “es un pilar para la gestión de programas como el Plan Federal de Turismo Social, que incluye proyectos en las Unidades Turísticas Chapadmalal y Embalse. Estos complejos son emblemáticos para el turismo social en Argentina, ya que están diseñados para ofrecer experiencias turísticas de calidad a precios accesibles, priorizando el acceso de sectores postergados”.
Problemas estructurales y ambientales
El informe de la AGN detalla que en la Unidade Turística de Chapadmalal se detectaron materiales peligrosos como asbesto en cielorrasos y tanques de agua, gases fluorocarbonados en equipos de refrigeración y cañerías de plomo. Además, se identificaron pasivos ambientales relacionados con un tanque de combustible subterráneo utilizado para las calderas.
En el caso del Hotel 5 de la Unidad Turística de Embalse también se encontraron restos de asbesto, y advirtieron que las entonces autoridades nacionales no realizaron evaluaciones “para determinar si esta problemática se extendía a otros edificios del complejo” y destacaron que estas omisiones “dificultaron la implementación de medidas correctivas en el resto de las instalaciones”.
Los auditores cuestionaron que las ex autoridades “tampoco realizaron diagnósticos ambientales integrales para guiar la gestión sustentable de las unidades, a excepción de los estudios financiados mediante el Fondo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) para las obras en los hoteles 3 de Chapadmalal y 5 de Embalse”.
Deficiencias en seguridad y servicios
El informe de la AGN también destacó fallas en la seguridad de los complejos. En Chapadmalal no se contaba con un servicio de vigilancia, mientras que en Embalse, a pesar de la presencia de Gendarmería Nacional, los Hoteles 3 y 6 fueron vandalizados y el Hotel 5 estaba ocupado por intrusos.
En cuanto a los servicios médicos, se detectó que los profesionales no se limitaban a atender a los turistas, sino que también, y de manera simultánea prestaban servicio a los barrios y zonas aledañas de cada Unidad Turística.
En cuanto a higiene y seguridad, encontraron que en el sector de suministros Chapadmalal donde se almacenan los bienes de consumo y uso, las condiciones no fueron las adecuadas, ya que el techo estaba dañado, evidenciándose filtraciones de agua. Además, las formas de acopio y resguardo de elementos como colchones tampoco eran las correctas.
La documentación relacionada con mantenimiento e higiene también presentó irregularidades. En Chapadmalal no se encontraron registros de control de plagas, limpieza de tanques ni mantenimiento de ascensores entre 2018 y 2020. En Embalse, no se presentó la habilitación municipal de los hoteles ni comprobantes de limpieza o controles bromatológicos.
Sin metas claras
La Auditoría advirtió que, si bien hubo procesos de mejoras, no se cumplió con un plan de turismo social tal como lo estipula la Ley 25.997, ni registraron objetivos establecidos o un programa de gestión integral para el funcionamiento de las unidades turísticas.
La Dirección a cargo del turismo social tampoco contaba con herramientas de diagnóstico ambiental que guíen y faciliten la toma de decisiones y permitan elaborar planes integrales para una gestión sustentable. “La continuidad del programa no sólo permite ampliar las oportunidades de acceso a prácticas turísticas de calidad para los sectores más postergados de la sociedad, favoreciendo el desarrollo de las economías locales a través de la generación de empleo; sino que resulta esencial para la custodia y conservación del Estado Nacional de su patrimonio histórico y cultural en cumplimiento de la Ley 12.665″, escribieron los auditores.
Las obras de mantenimiento y puesta en valor de los hoteles fueron financiadas a través de dos programas: el Programa 18 del Plan Federal de Turismo Social, bajo la órbita del entonces Ministerio de Turismo y Deporte y el Programa 22, que contó con financiamiento internacional del Fondo de la Cuenca del Plata (FONPLATA ).
El presupuesto asignado al Programa 18 mostró un incremento significativo, pasando de $307.555.272 en 2018 a $1.426.873.047 en 2022. Sin embargo, enfatizaron los auditores que “la ejecución de estos fondos varió a lo largo del período auditado. Entre 2018 y 2020, la ejecución osciló entre el 69,54% y el 88,61%, mientras que entre 2021 y 2022 se alcanzó casi el 100%”. La baja ejecución en 2020 se atribuyó a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19.
Por su parte, el Programa 22 destinó $84.083.224 para la recuperación del Hotel 3 de Chapadmalal y $95.046.466 para el Hotel 5 de Embalse. A pesar de estas inversiones, en Embalse las obras en los Hoteles 3 y 6 avanzaron sólo un 72,52% y 32,13%, respectivamente, debido a renegociaciones de precios con las empresas contratistas.
Capacidad hotelera y personal
En Chapadmalal, las mejoras realizadas permitieron un aumento del 66,95% en la capacidad hotelera, pasando de 1.940 plazas en 2018 a 3.239 en 2022. En contraste, en Embalse la capacidad se redujo un 17,30%, de 994 plazas en 2018 a 822 en 2022, debido a un incendio en el Hotel 4 que lo dejó fuera de funcionamiento.
El crecimiento en la capacidad de alojamiento también implicó un aumento en el personal contratado, que pasó de 68 empleados en 2018 a 189 en 2022. Sin embargo, la AGN señaló la falta de designación de jefaturas en Embalse y un bajo cumplimiento de las capacitaciones obligatorias establecidos por la Ley Micaela. La Ley 27.499 fue promulgada en 2018, que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado.
Los auditores también cuestionaron el método de reservas de plazas utilizadas en la dos Unidades Turísticas ubicadas en la provincia de Buenos Aires y Córdoba. Según el informe las reservas se dividieron en dos etapas: una primera instancia para personas prioritarias, como aquellas con discapacidad, ingresos menores o iguales a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles, y veteranos de guerra; y una segunda etapa abierta al público general.
En diciembre de 2022, se implementó un nuevo sistema de reservas denominado Turismo Social Argentina, que organizó las plazas en tres categorías: Plan Particulares, Plan Eventos y Plan Instituciones. No obstante, la AGN advirtió que la Dirección Nacional de Turismo Social “no contaba con una normativa actualizada que estandarizara los procedimientos y garantizara la transparencia en la asignación de plazas”.
A lo largo de las 71 fojas la AGN mencionó en varios tramos el incumplimiento de la Ley 25.997 de Turismo que “en la actualidad enfrenta desafíos significativos”. Entre los aspectos en los que no se cumple la legislación vigente se destaca:
-Ausencia de un Plan Nacional de Turismo Social. A pesar de que la Ley 25.997 exige la existencia de un plan estratégico integral, hasta el 2022 no se había elaborado un Plan Nacional de Turismo Social que establezca objetivos claros y lineamientos para garantizar el acceso igualitario al turismo. Esto fue señalado como una grave deficiencia por la AGN. –Sustentabilidad ambiental: La ley subraya la importancia de la preservación ambiental, pero en las auditorías se encontraron problemas graves en las Unidades Turísticas, como el uso de materiales peligrosos (asbesto y plomo) y la falta de diagnósticos ambientales integrales para guiar la gestión sostenible. –Mantenimiento y conservación del patrimonio: Las Unidades Turísticas son parte del patrimonio cultural e histórico nacional, pero los informes destacan de la AGN que no se han tomado medidas adecuadas para garantizar su conservación a largo plazo. Faltan registros de tareas básicas de mantenimiento, como limpieza de tanques, control de plagas y habilitaciones municipales. –Infraestructura y accesibilidad: Aunque se han destinado fondos para la mejora de hoteles, los retrasos en las obras y las condiciones de algunos edificios limitan su uso pleno. En Embalse, los hoteles vandalizados y la ocupación irregular del Hotel 5 reflejan una gestión ineficaz en términos de infraestructura y seguridad.
Para lograr su plena implementación, los auditores precisaron que sería necesario:
-Desarrollar un Plan Nacional de Turismo Social que incluya objetivos claros, metas medibles y financiamiento sostenible.
-Abordar las deficiencias en infraestructura y seguridad en las unidades turísticas.
-Implementar diagnósticos ambientales y estrategias de preservación del patrimonio cultural.
“La ejecución efectiva de estas medidas permitiría consolidar el turismo social como un derecho accesible y sostenible para todos los sectores de la sociedad”, concluye el informe de la Auditoría General de la Nación a la que accedió este medio.
Infobae
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