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ATE Entre Ríos expresó su rechazo a la medida resuelta por el Consejo General de Educación para que cada trabajador del sistema educativo de la provincia, mediante declaración jurada, informe su prestación o no de servicios en la escuela donde se desempeña. Se trata de un formulario digital que se carga en el Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE).
Este viernes se presentó formalmente el recurso de revocatoria contra la Resolución CGE 2771/24 que contempla la implementación de una “propuesta de relevamiento de la prestación de servicios docente y no docente”. Esto aplica para quienes se desempeñen en instituciones de gestión públicas como privadas. Ante esta decisión política del Gobierno de Frigerio, el Secretario General de ATE en la provincia, Oscar Muntes, alertó: “Es claro que no corresponde a las y los trabajadores realizar ningún control y mucho menos cargarse a sí mismos la medida con el ítem `no presté servicios´, lo cual es de una gravedad inusitada”.
Para el sindicato resulta preocupante que, a partir de un formulario con carácter de declaración jurada, se pretenda activar un dispositivo de control, donde cada trabajador, docente y auxiliar de educación deba declarar si está adherido o no a una medida de acción gremial (como puede ser un paro) simplificando la carga de los mismos y exigiendo a cada trabajador se cargue a sí mismo.
La Resolución 2771 resulta una herramienta persecutoria y de disciplinamiento social de parte del gobierno que atenta contra el derecho a huelga que tiene todo trabajador, según establece la Constitución Nacional.
Esta iniciativa, expresa un modelo de Gobierno autoritario que se rige por decretos y resoluciones unilaterales y no habilita la participación legitima de los trabajadores, a través de la representación sindical, en la construcción de acuerdos necesarios para la armonía social, como es el caso de las paritarias que no se están implementando en la provincia.
