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Corrientes se convirtió en la primera provincia en adoptar la llamada “Ley Lucio”, destinada a la prevención y tratamiento de la violencia contra niños, niñas y adolescentes.
El acto fue realizado en el Auditorio Julián Zini, contó con la presencia del gobernador Gustavo Valdés, la senadora nacional Gabriela Valenzuela y la directora de Red por la Infancia, Paula Wachter. También, convocó a más de 400 personas y despertó la atención sobre la situación de la violencia infantil en la región.
Además de anunciar la implementación de la ley, el gobierno firmó un acuerdo para adherir a la iniciativa INSPIRE de Naciones Unidas, que busca dar un marco integral a la prevención de violencias infantiles. Este compromiso incluye la obligación de desarrollar un plan provincial de prevención y asistencia, aspecto que fue señalado como necesario, pero insuficiente por sí solo para cambiar la realidad de muchos niños.
INSPIRE, lanzada en 2016, ofrece un marco con siete estrategias para guiar a los países y provincias en la elaboración de políticas concretas, aunque en muchos lugares la efectividad de estos marcos aún está en discusión.
La senadora Valenzuela destacó el esfuerzo legislativo que implica este compromiso, afirmando que “es fundamental trabajar en ese sentido”. Sin embargo, para algunos actores sociales, la implementación de la ley enfrenta desafíos concretos, como la escasez de recursos destinados a programas específicos y el control efectivo de su cumplimiento.
El gobernador Valdés, por su parte, reconoció la gravedad del problema, comentando que «la problemática es muchísimo más seria de lo que creemos». También subrayó la importancia de la educación en la detección de la violencia, pero evitó referirse en detalle a la necesidad de aumentar los recursos en este sector o a la eficacia de las políticas vigentes para proteger a las infancias en contextos vulnerables.
Paula Wachter de Red por la Infancia señaló que el convenio firmado “es un paso en la dirección correcta para construir sociedades justas, pacíficas e inclusivas”. Sin embargo, también insistió en que abordar el problema requiere más que una normativa o un acuerdo; se necesita un cambio cultural y estructural en las políticas públicas para que estas intenciones se traduzcan en protección real y efectiva.
La firma del convenio involucró a diversas autoridades provinciales, como la ministra de Educación, Práxedes López, y el ministro de Justicia, Juan José López Desimoni, además de representantes de la Fundación Red por la Infancia, publicó radio Sudamericana.
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